Consejeros serán investigados por Ética.
El inicio de una investigación contra tres miembros del Consejo Regional del Cusco, a saber, Italo Tarco, Anabel Rozas y Luzmarina Casafranca, ha generado un gran polémica en la política de la región. Estas pesquisas se centran en presuntas irregularidades y posibles delitos cometidos por estos representantes públicos, poniéndolos bajo la lupa por la presunta inconducta de las autoridades electas. Uno de los aspectos que ha llamado la atención es la inclusión del presidente del Consejo Regional del Cusco, Italo Tarco, en esta investigación por parte de la Comisión de Ética. La razón detrás de esto es la contratación realizada por sus dos hermanas en municipios provinciales de la región, por sus servicios como periodistas.
“Todos tenemos derecho al trabajo para la subsistencia familiar. En ese sentido como autoridades estamos a disposición de cualquier comisión que pueda investigarnos. (…) Mis dos hermanas son periodistas, a la labor que se dedican ellas no este año o el año pasado, toda su vida se han dedicado a esta labor. No les puedo pedir que se desvinculen de esa labor”, dijo el presidente del Consejo Regional del Cusco.
Tarco Góngora ha argumentado que no puede privar a sus familiares del derecho al trabajo, sin embargo que familiares de autoridades contraten con entidades públicas vulnera la Ley de Contrataciones del Estado, que prohíbe a los autoridades públicos contratar o inducir la contratación de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, entre otros vínculos. Esta restricción se aplica incluso a contratos de locación de servicios y consultorías. Un caso similar involucra a la consejera de Acomayo, Anabel Rozas, cuya cuñada Yohana Mellado fue contratada en varias oportunidades por la municipalidad de Ocoruro por una suma significativa para realizar diversas tareas. La autoridad ha alegado que no puede controlar la vida laboral de su cuñada, pero algunos de sus compañeros, como el consejero Miguel Olivera, han argumentado que ello no justifica el incumplimiento de las prohibiciones legales en relación con los familiares de los funcionarios públicos. La investigación se centrará en determinar si las contrataciones de los familiares de Tarco y Rozas violaron o no las regulaciones establecidas por la Ley de Contrataciones del Estado y si esto afecta la ética y legalidad en el ejercicio de sus funciones como representantes regionales. Por otro lado, la consejera de Quispicanchi, Luzmarina Casafranca, enfrenta acusaciones de peculado de uso debido al supuesto uso de una camioneta institucional por parte de su hijo para trasladarse a Quillabamba. El argumento señala que el hijo de la consejera ocupó un espacio que pertenecía a un relacionista público del Consejo Regional. Si se confirma este uso indebido, podría considerarse como peculado de uso, un delito que implica la utilización inapropiada de bienes públicos. En los próximos días, la Comisión de Ética del Consejo Regional llevará a cabo la investigación correspondiente, en la que se analizarán en detalle los hechos y las posibles responsabilidades de los consejeros involucrados. La comisión tendría un plazo de 30 días para completar esta investigación y determinar las consecuencias legales y éticas que puedan surgir de estas alegaciones. Esta situación subraya la importancia de la transparencia, la ética y el cumplimiento de la ley por parte de las autoridades públicas, ya que su conducta puede tener un impacto significativo en la confianza de la ciudadanía en el sistema político y en la gestión de los recursos públicos. La investigación arrojará luz sobre la situación y permitirá tomar decisiones informadas sobre posibles medidas disciplinarias o legales. Así como se presenta como una prueba de fuego para determinar si en el consejo prima las gollerias y las camaraderías o se hace respetar la ley.
