19.1 C
Cusco
viernes, febrero 23, 2024
Inicio Actualidad CONSEJEROS REGIONALES AL BANQUILLO

CONSEJEROS REGIONALES AL BANQUILLO

Consejeros serán investigados por Ética.

El inicio de una investigación contra tres miembros del Consejo Regional del Cusco, a saber, Italo Tarco, Ana­bel Rozas y Luzmarina Casafranca, ha generado un gran polémica en la política de la región. Estas pesquisas se centran en presuntas irregularida­des y posibles delitos cometidos por estos representantes públicos, po­niéndolos bajo la lupa por la presunta inconducta de las autoridades electas. Uno de los aspectos que ha llamado la atención es la inclusión del presidente del Consejo Regional del Cusco, Italo Tarco, en esta investigación por par­te de la Comisión de Ética. La razón detrás de esto es la contratación reali­zada por sus dos hermanas en munici­pios provinciales de la región, por sus servicios como periodistas.

“Todos tenemos derecho al trabajo para la subsistencia familiar. En ese sentido como autoridades estamos a disposición de cualquier comisión que pueda investigarnos. (…) Mis dos her­manas son periodistas, a la labor que se dedican ellas no este año o el año pasado, toda su vida se han dedicado a esta labor. No les puedo pedir que se desvinculen de esa labor”, dijo el presidente del Consejo Regional del Cusco.

Tarco Góngora ha argumentado que no puede privar a sus familiares del derecho al trabajo, sin embargo que familiares de autoridades contraten con entidades públicas vulnera la Ley de Contrataciones del Estado, que prohíbe a los autoridades públicos contratar o inducir la contratación de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afini­dad, entre otros vínculos. Esta restric­ción se aplica incluso a contratos de locación de servicios y consultorías. Un caso similar involucra a la conse­jera de Acomayo, Anabel Rozas, cuya cuñada Yohana Mellado fue contrata­da en varias oportunidades por la mu­nicipalidad de Ocoruro por una suma significativa para realizar diversas ta­reas. La autoridad ha alegado que no puede controlar la vida laboral de su cuñada, pero algunos de sus compañe­ros, como el consejero Miguel Olivera, han argumentado que ello no justifica el incumplimiento de las prohibicio­nes legales en relación con los fami­liares de los funcionarios públicos. La investigación se centrará en de­terminar si las contrataciones de los familiares de Tarco y Rozas viola­ron o no las regulaciones estableci­das por la Ley de Contrataciones del Estado y si esto afecta la ética y le­galidad en el ejercicio de sus funcio­nes como representantes regionales. Por otro lado, la consejera de Quis­picanchi, Luzmarina Casafranca, enfrenta acusaciones de peculado de uso debido al supuesto uso de una camioneta institucional por parte de su hijo para trasladarse a Quilla­bamba. El argumento señala que el hijo de la consejera ocupó un espa­cio que pertenecía a un relacionis­ta público del Consejo Regional. Si se confirma este uso indebido, po­dría considerarse como peculado de uso, un delito que implica la utiliza­ción inapropiada de bienes públicos. En los próximos días, la Comisión de Ética del Consejo Regional lle­vará a cabo la investigación corres­pondiente, en la que se analizarán en detalle los hechos y las posibles responsabilidades de los consejeros involucrados. La comisión tendría un plazo de 30 días para completar esta investigación y determinar las consecuencias legales y éticas que puedan surgir de estas alegaciones. Esta situación subraya la importancia de la transparencia, la ética y el cum­plimiento de la ley por parte de las au­toridades públicas, ya que su conducta puede tener un impacto significativo en la confianza de la ciudadanía en el sistema político y en la gestión de los recursos públicos. La investigación arrojará luz sobre la situación y per­mitirá tomar decisiones informadas sobre posibles medidas disciplinarias o legales. Así como se presenta como una prueba de fuego para determinar si en el consejo prima las gollerias y las camaraderías o se hace respetar la ley.

Más Popular