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martes, diciembre 1, 2020
Inicio Columnas Aarón Medina EL QUO VADISDE LA DESCENTRALIZACIÓN

EL QUO VADISDE LA DESCENTRALIZACIÓN

De los miedos más universales que tenemos como humanidad, la muerte es el más importante de todos. Es tan grande que su concepto ha dejado de ser solamente biológico para convertirse en social, económico y político. El miedo a la muerte ha sobrepasado la comprensión individual del término y se ha vuelto difuso, la sociedad teme a la muerte, el Estado también se asusta. Los gobiernos en todo el mundo no solo protegen sus territorios de muertes masivas por contagio de la COVID-19, sino también protegen a sus empresas, a sus instituciones y a ellos mismos de ser llevados por esta pandemia. En definitiva es el miedo lo que nos llevó al confinamiento, a la paralización productiva, y, lamentablemente, al fracaso (léase muerte) de algunas instituciones. Esta es una crisis de la muerte; ergo, del miedo.

La pandemia también nos impulso a cuidados extremos, incluso de carácter discriminatorio cuando se trata de salvar vidas. Nos hemos visto obligado a clasificar a las personas entre vulnerables y no vulnerables, de tal forma que los no vulnerables puedan coadyuvar en la estrategia de contención y normalización de las actividades. Pero como la pandemia no solo es de personas, la dicotomía de vulnerables y no vulnerables lo es también para las empresas y las instituciones que, debido a su actividad o función y sin importar su naturaleza pública o privada algunas son más vulnerables que otras frente a la crisis. Es el caso de los gobiernos regionales y, en general, de la descentralización; que, viviendo ya enferma desde su concepción, algunos consideran que su muerte se aproxima.

Si para el ser humano el padecimiento de la diabetes, por ejemplo, es una condición de vulnerabilidad frente a la COVID-19, para el caso de la descentralización el ADN político de los peruanos que tiene instaurado una programación organizacional caudillista, es la complicación natural que padece desde siempre y que se agudiza en este proceso de crisis. Nosotros, los peruanos, comprendemos y aceptamos como hecho natural que el poder repose en un apellido: Pachacutec, Pizarro, San Martín, Velasco, Fujimori, García y, finalmente, Vizcarra. Existe una necesidad de personificar al Estado.

Ésta predisposición genética de centralizar el poder en alguien sumado a la incapacidad de quienes cuestionaban al centralismo en construir un proyecto político y constitucional lo suficientemente grande como para discutir el limeñismo e implementar un verdadero proceso de descentralización, ha hecho que nuestra descentralización, como proceso histórico, padezca siempre de una enfermedad congénita, una incapacidad natural.
El indigenismo tuvo el mérito de establecer un proyecto político de reivindicación que entendía la importancia del problema del indio, de la tierra y el abuso del gamonalismo; pero no la propuesta política-constitucional capaz de establecer una nueva estructura. Frente a ello el centralismo si pudo construir un proyecto sólido en lo administrativo, pero ante todo en político y económico. Lograron hacer que el Perú fuera Lima; algo que “el inkario sin inka” de Valcárcel no consiguió.

Al mal congénito de nuestra descentralización se deben añadir la carencia de una tecnocracia regional capaz para de encaminar el proceso de modificar el diseño del Estado; y la corrupción. El centralismo, quien conduce el proceso descentralista, transfirió el mal manejo de la cosa pública; el patrimonialismo llegó a los gobiernos regionales junto a las grandes partidas presupuestales e impidió cumplir los objetivos del proceso. Las elites políticas regionales sin nada de experiencia en la administración pública debido a su rol periférico en el proceso histórico del Estado, precarizaron el proceso llevando a los gobiernos regionales a institucionalizar la corrupción como regla y motor de sus ciclos políticos. La deslegitimización del proceso se hizo evidente.

La judicialización del proceso por culpa de la corrupción hizo que la regionalización se conceptualice en la población como un proceso acabado, para desgracia del proceso renació un añejo sentimiento de desprecio hacia las elites regionales similar al desprecio popular sobre el gamonalismo. Luego se destapó el caso Lava-jato y, prácticamente, la crisis política del Estado se constata en una parálisis del proceso de descentralización. Se fracasó por incapacidad intelectual, política y moral.

Ante el miedo a la muerte las personas esperan una protección sobredimensionada, esperan que el Estado utilice al máximo sus recursos y consiga ganar la batalla por la vida y contra el miedo. En ese panorama se fortalece la figura presidencial y ejecutiva, aflora el gen pro-caudillista y, entonces, el centro de la dinámica política y el escrutinio público se vuelca sobre el centralismo. Los peruanos esperan mucho más del limeñismo que de sus instituciones descentralizadas ha pesar de los casi 20 años del proceso de descentralización.

El quo vadis de la descentralización deberá partir del sinceramiento del fracaso del proceso de la descentralización, de su larga agonía y, también, de su agotamiento y muerte como proyecto político. Esto hará entender la descentralización en el Perú como una victima más de la crisis ocasionada por la pandemia de la COVID-19, por su condición de institución vulnerable.

Una nueva descentralización deberá partir con la construcción de un proyecto político y constitucional que escriba una nueva etapa, no solo de la República, sino de la historia del país, donde el proceso descentralizador, que deberá ser desde las regiones, entienda la importancia de construir Estado y Nación mediante el fortalecimiento político regional.

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