No se habría cumplido con el costo del kit y tampoco veedores
De acuerdo a la Contraloría General de la República, la Municipalidad Distrital de San Sebastián no habría cumplido con las normas establecidas para la entrega de las canastas básicas a los hogares vulnerables en el marco de la emergencia sanitaria nacional por el COVID – 19. Refiere por ejemplo que no se ha incumplido con el valor establecido de los kits y además no hubo transparencia en su distribución.
La Contraloría General de la República a través del Oficio N° 000498 – 2020-CG/GRCU el pasado 27 de abril remitió las observaciones al alcalde del distrito de San Sebastián, Mario Loayza a fin de que informe sobre las acciones adoptadas al respecto.
Según el Informe de Control N° 2841-2020-CG/GRCU-SCC, el costo de la canasta es inferior a los recomendado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el mismo que afectaría el objeto del Decreto de Urgencia N° 33-2020 al no minimizar adecuadamente el impacto económico de los hogares vulnerables del distrito de San Sebastián.
En este punto señala que la Municipalidad Distrital de San Sebastián recibió S/ 200 mil e incremento S/ 50 mil su fuente de Recursos Directamente Recaudados (RDR). Con este presupuesto la gestión de Mario Loayza adquirió 4, 013 kits de alimentos o canastas básicas con el costo unitario de S/ 49,84 cuando el valor referencial en el marco del D.U. N° 033 -2020 establece que debía de estar alrededor de S/ 80 soles hasta un máximo de S/ 100 soles, por lo que señala que el valor de la canasta adquirida y distribuida por la entidad no se encuentra dentro del rango recomendado por la PCM. Señala que esta situación afectaría el objeto del decreto de urgencia al no minimizar adecuadamente el impacto económico de los hogares vulnerables del distrito.
SIN CONTROL.
Otra observación que hace la Contraloría General de la República es en relación a la falta de participación del veedor, presencia parcial del dirigente vecinal y otros.
El ente control menciona que durante la labor que desarrolló en la zona de Wimpillay, se constató que la distribución de las canastas lo realizaba el representante de la entidad -gerente de proyectos-, asistido por los trabajadores de la entidad, contando con la presencia de las APVs de la zona, sin embargo se advirtió que el veedor (regidor designado) no se hizo presente en dicho punto de distribución. Señala que el control en este lugar considerado como zona 07 estuvo a cargo del regidor Alberto Zapana Zapana según un acuerdo municipal del 30 de marzo del 2020.
De la misma manera se observó que el representante de la APV se retiró del mencionado punto de distribución a media mañana cuando no se había concluido con las entregas del dia, a pesar que claramente la guía de orientación para la gestión de distribución de las canastas básicas señala que esta labor debe estar mínimamente integrado por un representante de la municipalidad, un veedor y un representante vecinal. En este caso solo estuvo la municipalidad.
La Contraloría General de la República también observó que la gestión del burgomaestre Mario Loayza omitió el registro de información de beneficiario en la “Plataforma para la Transparencia de la Gestión Pública en la Emergencia Sanitaria COVID -19”. Señala que en esta plataforma los gobiernos locales deben registrar la ejecución de la actividad de sus titulares. Refiere por ejemplo que al 23 de abril del presente año apenas ha registrado las órdenes de compra y tampoco ha cumplido con el registro de beneficiarios de las canastas en la plataforma señalada.
