Atender, la crisis de la pandemia implica para el gobierno grandes retos, uno de ellos es comprar y suministrar insumos para la salud adecuadamente, luego se atenderá la economía y otros sectores, ayer leía un artículo de Patrick Emmanuel Pérez Deza, joven y acucioso abogado cusqueño, creo que bien merece compartir sus reflexiones sobre como contrata o como compra nuestro Estado y cuan eficientes son hoy las prácticas de gestión pública para atender la urgencia de la crisis. “Tenemos un sistema de contratación rígido, inclusive para casos de emergencia, sistema que ni siquiera tiene previstos casos de esta naturaleza (pandemia), para inaplicar el marco legal dadas las circunstancias, por ejemplo, mientras otros países tratan de comprar respiradores, mascarillas y test de diagnóstico fuera del marco de la ley, de manera directa y hasta por imposición, acá estamos preocupados por las formas y los procedimientos, así las cosas, imaginen cómo se adquirirá la vacuna, a lo mejor cuando en el mundo todo se haya terminado. El sistema se limita a la aplicación del Principio de Legalidad (Teoría de la Administración Pública de Weber) y deja de lado la discrecionalidad derivada de la gestión pública moderna, como tal, limita a todos los servidores, porque no está enfocada en crear valor público y resolver problemas concretos, sino, en cumplir la ley, sirva o no, claro, la experiencia también dicta que nuestros funcionarios no suelen proceder de buena fe; en ese sentido -seguramente- a partir de las cuantiosas observaciones del sistema de control, que no suponen actos de control en sí mismos, muchos harán buenos procedimientos o cuidarán su responsabilidad, pero no cumplirán las metas, plazos y tiempos para salvar vidas o atender personas necesitadas. Tenemos, asimismo, un sistema de control, poco o nada concurrente y propositivo, con observadores durante un procedimiento de compra y participación limitada con intención de alerta y mínima propuesta de solución o acompañamiento, sí, dotado hoy de más recursos y personal para el control posterior, para cazar servidores bajo el Principio de Legalidad, no para crear o coadyuvar en la creación de valor público” (…SIC.) tomado de la publicación de Patrick Emmanuel Pérez Deza. No es culpa del gobierno, pero sí que es cierto que ahora es una de sus responsabilidades; la crisis de la pandemia ha desnudado, muchísimas debilidades y nos ha pillado con los pantalones abajo, esto ha sucedido en casi to el mundo y en casi todos los sistemas políticos, ha desnudado también la debilidad de muchas instituciones y sistemas administrativos, y dejado de lado discusiones “culturales” o “políticamente correctas” que se hicieron patentes , mas como moda o sueños húmedos de poder en el debate. Un virus ha reordenado casi todo y desordenado también casi todo lo demás. Afrontar esta situación, cuestiona el corazón mismo de los sistemas de la administración pública y actualiza el concepto del VALOR PÚBLICO en la gobernanza. El concepto de valor público se encuentra referido al valor creado por el Estado a través de la calidad de los servicios que presta a la ciudadanía, las regulaciones que gestiona para el bienestar de toda la sociedad y el ejercicio de creación de políticas públicas que buscan satisfacer necesidades propias de la población. Ahora en primer lugar referido a brindar salud pública, orden social y sustentación económica a su población. El Estado debe buscar la entera satisfacción de sus ciudadanos, siempre a través de políticas de buen gobierno como la trasparencia, los ejercicios de rendición de cuentas y un oportuno y eficiente servicio al ciudadano. Medicamentos atención en los hospitales, vacunas, tratamientos ante el virus etc. De esta forma, una eficiente gestión pública debe estar coordinada y alineada para cumplir grandes objetivos de Estado, por lo cual es vital para las entidades conocer a sus públicos objetivo, tenerlos categorizados e identificados de manera oportuna. Deberá existir por tanto una interacción con los grupos de interés y la academia, esto es muy importante, ya que es a través de su participación que se dan a conocer los intereses, preferencias y necesidades reales de la población objetivo en la cual está enfocada la política pública. Uno de los enfoques para la formulación y ejecución de políticas públicas se basa en decisiones colectivas que parten de la elección racional, en la cual, las partes involucradas – tanto gerentes públicos como ejecutores de política, usuarios, ciudadanos y sociedad civil en general- buscan la maximización de sus beneficios. En este sentido, uno de los aspectos que deben tener en cuenta los formuladores y decisores de políticas públicas son los incentivos como marco institucional para la decisión y la acción. Es este marco institucional, el que implica la maximización de beneficios en la medida que los individuos toman un curso de acción según sus preferencias y creencias sobre el entorno, con el fin de obtener el mayor beneficio: Requerimos un comportamiento racional del Estado y los ciudadanos. El Estado se encuentra inmerso en todos los aspectos de calidad de vida de los ciudadanos, como la salud, la educación, la cultura, el trabajo, el medio ambiente. Es por esto ideal que el buen gobierno y las políticas de transparencia sean el camino hacia la generación de valor público. Hoy más que nunca, en medio de una pandemia y la crisis que se ha generado, en primer término, en lo referente a la salud y a la economía, siendo la gran tarea la reconstrucción de nuestros sistemas productivos. Las actividades directivas y administrativas del gobierno viven un tiempo de inseguridades conceptuales y técnicas. Después de lo sucedido, no tiramos por la borda todo lo sabido y practicado en las últimas décadas, pero debe movernos una actitud indagadora en busca de enfoques e instrumentos de gobierno y gestión que nos ayuden a anticipar o a encarar con mayor eficacia los problemas públicos que han alcanzado mayor complejidad, escala y capacidad de daño. Es un tiempo que exige rigor y honestidad intelectual, además de creatividad, en lugar de repetir rutinariamente conceptos y tecnologías de gobierno y administrativas, como si no hubiera pasado nada, ni hubiera ocurrido un agudo desequilibrio en las relaciones entre el Estado y los mercados y el proceso de solución de problemas públicos no hubiera sido sacudido. La situación teórica y práctica del gobierno y la administración pública es problemática en este momento, porque los conceptos que se siguen empleando y las tecnologías administrativas que aún se aplican se elaboraron hace más de 30 años atrás para responder y superar la crisis del Estado social. Es, por ende, obligatorio revisar la consistencia de las ideas, los modelos y las tecnologías producidas a lo largo de las décadas de 1980 y 1990 para superar la crisis del Estado social y desde los cuales seguimos pensando la crisis del Estado neoliberal, a fin de saber si tienen la capacidad de entender y administrar la crisis de salud, social económica y financiera y su impacto recesivo y, sobre todo, para averiguar si son útiles para dar dirección a las situaciones previsibles de la sociedad del presente siglo, compleja, global, en transformación profunda de la vida colectiva. En un contexto de una crisis como la que nos toca vivir, y con la necesidad de procesos de mayor democratización y creciente exigencias de la ciudadanía, El gobierno y sus instituciones e instancias incluso en los ámbitos municipales requieren la capacidad de innovar para adaptarse exitosamente a estas transformaciones. La innovación en la gestión pública dirime cambios en servicios, estructura, relaciones e instituciones. La innovación “per se” debe ser entendida como un proceso que se concreta por las dinámicas de interacción, como formas de vínculo y construcción social de relaciones sociales. El nuevo congreso debe legislar en ese sentido, en coordinación con el ejecutivo, el ejecutivo debe implementar mecanismos eficientes y trasparentes, y los municipios son los más llamados a liderar estos procesos.
