Para muchos y de forma muy común la idea generalizada de que el liberalismo sólo defiende la mera desregulación del mercado y carece de sensibilidad social es una mentira encumbrada. Lo que no saben que el corpus ideológico del liberalismo, se sostiene y aferra sus raíces en la filosofía de Locke, termina siendo más complejo. El Estado se concibe como garante de los derechos naturales innatos al hombre: vida, libertad y propiedad privada que, para el liberalismo clásico, es un derecho limitado. El ciudadano cede parte de su libertad a cambio de la protección estatal plasmada en el consenso social recogido en las leyes.
En palabras de Beveridge: “El objetivo del Gobierno, en la paz y en la guerra, no es la gloria de los gobernantes o de las razas, sino la felicidad del hombre común”. En este contexto de pandemia hay dos cosas importantes a no perder de vista, una es la concepción del trabajo y de las relaciones sociales y la salud democrática.
Sobre el primer concepto bien vale la pena recordar los informes de William Beveridge, economista liberal formado en el Balliol College de Oxford y director de la London School of Economics (1919-1937), que en 1908 había llegado al Ministerio de Economía de la mano de Churchill con la misión de controlar el desempleo. Beveridge se convirtió en una respetada autoridad gracias a sus soluciones innovadoras -seguros de desempleo y compensaciones a los parados- plasmadas en un servicio de empleo que. Dichos informes eran dos estudios: Informe sobre la Seguridad Social y servicios afines (1942) y Pleno Empleo para todos en una Sociedad Libre (1944). El primero realiza una revisión crítica de la Seguridad Social y aporta una serie de recomendaciones para su mejora, incidiendo en los déficits de funcionamiento de los servicios médicos y en la incapacidad para solventar la exclusión social de parte de la clase trabajadora. Beveridge, y esta es su aportación más interesante, defiende que el objetivo principal de la Seguridad Social debe ser erradicar la pobreza y garantizar a todos una vida digna. Para conseguirlo, propone cuatro ideas básicas: la Seguridad Social debe sustentarse en un modelo contributivo ya que no es un sistema de beneficencia, sino el resultado de la cooperación entre el Estado y los individuos; el Estado del bienestar debe ser capaz de eliminar los cinco grandes males: miseria, necesidad, ignorancia, desempleo y enfermedad; el Estado no debe debilitar la iniciativa ni la responsabilidad individual y las reformas han de ser amplias y profundas.
En el segundo informe, Beveridge diseña un modelo social completo con un enfoque global y universal, inclusivo de todas las capas sociales sin excepción ni diferenciación alguna. La dignidad inherente al ser humano exige que la sociedad, sin convertir al ciudadano en un parásito, le proteja de la cuna a la tumba. No por caridad, sino porque la riqueza nacional debe permitir que todo ciudadano -que por el hecho de serlo es también contribuyente- tenga garantizado un nivel de vida, cuando menos digno, y que la igualdad de oportunidades y la meritocracia sean una realidad y no una quimera. El rol del gobierno y del estado debe ir por ese lado. Lástima que nuestras instituciones estén también socialmente enfermas.
La segunda idea, que equivale a la salud democrática, que de una forma u otra representa pasar de la salud individual a la colectiva, nos dice que los problemas son algo parecidos: el estado general del enfermo presenta matices originales que determinan su capacidad social de resistencia. ¿Podrá resistir todavía nuestra sociedad peruana o sucederá que, cuando hayamos superado la pandemia, ya estaremos colectivamente muertos? ¿Serán nuestras instituciones lo suficientemente capaces de cuidar por nuestra salud democrática, el parlamento podrá responder a la altura? ¿Será un poder mascota? ¿El resto de la sociedad como responderá?
Para el Catedrático de Derecho Constitucional Antonio Porras Nadales, la fortaleza y unidad de un país se mide normalmente en clave puramente económica: si para cuando venzamos la pandemia resulta que nuestro tejido empresarial se ha extinguido, entonces es que ya estaremos muertos. Ponderar adecuadamente entre distintos valores, en estos momentos difíciles, se supone que es una tarea propia de buenos gobernantes; algo de lo que seguramente carecemos.
Se ha dicho que, si prescindimos del estado de emergencia, de las limitaciones a la libertad individual, como única forma de afrontar esta crisis sanitaria, entonces no tendremos instrumentos adecuados para enfrentarnos a la crisis: no es cierto. Hoy es el momento de reforzar la autonomía de las regiones que se han convertido en meras mesas de parte de un poder centralizado, de dotarles de autonomía y de que sus actuaciones pasen por un matiz de control judicial de sus actuaciones para evitar la corrupción que es otro asunto que nos asola. El cuanto al control judicial, es algo que seguramente debe molestar mucho a quienes no tiene vocación democrática pero no a un Estado de derecho. Antes al contrario, decisiones controladas judicialmente tienen siempre un mayor grado de garantías. Nadie debería dudar que nuestras autoridades regionales estén suficientemente preparadas para enfrentarse a la pandemia. Y también para determinar en qué grado y en qué sectores hay a mantener vivo el tejido empresarial para que no se extinga del todo. De no ser así que se pongan a trabajar en ello.
Pero también hay otro tipo de salud que a veces se nos olvida: la salud democrática. Porque éste es un sector donde no se ha tenido en cuenta la opinión de los “expertos”, es decir, de los constitucionalistas. Y es que cualquier estado excepcional supone una prueba de sufrimiento para los derechos y libertades públicas, que constituyen nuestro bien colectivo más valioso. Por eso, la opinión general que cabe deducir del pensamiento constitucionalista es que los estados excepcionales deben durar en todo caso lo mínimo posible.
En plena vorágine de la pandemia, resulta que la restricción de libertades no está afectando sólo a la movilidad, sino igualmente a otros ámbitos como las libertades de opinión y de expresión, o al ambiente general en el que se desenvuelve nuestra vida colectiva. Y, al mismo tiempo, la coyuntura está permitiendo al Gobierno desbordar las previsiones de actuación sanitaria para introducir, en el río revuelto, determinadas medidas que van mucho más allá de lo que sería una gestión transitoria de la crisis.
Cuando desde el constitucionalismo se afirma que los estados excepcionales deben durar siempre lo mínimo posible, no se está jugando con frivolidades o bagatelas, sino con ciertos bienes o valores que constituyen la misma esencia de nuestra salud colectiva: es decir, esos valores democráticos que, por mucho que sea al desastre, debemos conservar a toda costa.
Por eso, en estos momentos difíciles, sólo cabe intentar una estrategia de gestión de la crisis para luchar contra la pandemia sin que al mismo tiempo se nos muera el enfermo, ni se nos muera la economía, ni se nos muera nuestra propia democracia.
Pandemia, Estado de Bienestar y salud Democrática.
