Protocolos débiles y una grieta que se abre en la confianza internacional sobre la seguridad del acceso a Machu Picchu .
El choque de trenes en la ruta Ollantaytambo–Machu Picchu no solo dejó una víctima mortal y decenas de heridos; también expuso, una vez más, la fragilidad económica y reputacional del principal destino turístico del país. Aunque desde la Cámara de Comercio de Cusco se insiste en que no habrá un impacto económico inmediato, el accidente golpea donde más duele: la confianza. Y en turismo, la confianza es dinero.
Las cifras frías dicen que, entre el 29 y 31 de diciembre, la economía cusqueña podría mover alrededor de 25 millones de soles adicionales, sobre una base mensual de entre 70 y 80 millones en temporada baja. Pero esas proyecciones no consideran el efecto silencioso de la mala publicidad internacional. Las imágenes de turistas heridos, varados y desinformados recorrieron el mundo en cuestión de minutos, erosionando el prestigio de Machu Picchu como destino seguro y bien gestionado.
Cerca de 500 turistas quedaron atrapados durante horas en Machu Picchu Pueblo, algunos hasta la madrugada, sin respuestas claras ni protocolos visibles. Ese tiempo perdido no aparece en los balances contables, pero sí en las redes sociales, en los reclamos formales y en la memoria de quienes pagaron pasajes de hasta 60 dólares por el tren y 165 soles por el ingreso al santuario. Para muchos, el costo del viaje terminó siendo mayor que el valor de la experiencia.
El problema no fue solo el choque, sino la reacción. La gestión de la emergencia volvió a mostrar descoordinación entre empresas ferroviarias, operadores turísticos y entidades del Estado. La reprogramación de viajes fue lenta, la información confusa y la atención desigual. En lugar de un sistema aceitado, Cusco exhibió un modelo improvisado que depende más de la buena voluntad que de protocolos claros.
El Ministerio de Cultura, responsable de la administración del ingreso a Machu Picchu, quedó nuevamente en el centro de las críticas. Si bien se permitió la reprogramación de visitas, la devolución de entradas sigue siendo un trámite largo y burocrático, que desalienta a los turistas y traslada el costo del caos al usuario. En fechas críticas, cuando la respuesta debería ser ágil, el Estado vuelve a moverse a ritmo de expediente.
Desde el sector empresarial se reconoce que diciembre no es el pico máximo de turismo extranjero, especialmente de Europa y Estados Unidos. Pero minimizar el impacto por tratarse de “temporada baja” es una lectura peligrosa. Cada incidente suma, cada error cuenta, y cada mala experiencia resta competitividad frente a otros destinos de la región que sí han entendido que el turismo moderno exige eficiencia y seguridad.
El accidente también reavivó un debate incómodo: ¿quién debe gestionar Machu Picchu? La propuesta de crear una Autoridad Autónoma Nacional para el santuario no es un capricho empresarial, sino una reacción a años de desorden, superposición de competencias y decisiones tardías. Machu Picchu no puede seguir siendo rehén de disputas políticas ni de estructuras que no responden a la magnitud de su importancia económica y simbólica.
Al final, el verdadero impacto económico del choque de trenes no se medirá solo en soles, sino en credibilidad. Cusco puede seguir facturando hoy, pero si no corrige sus fallas estructurales, mañana pagará la cuenta en cancelaciones, advertencias internacionales y pérdida de prestigio. En turismo, como en los trenes, un solo error puede descarrilar todo el sistema.