Municipalidad de Urubamba al fin reconoce errores en la adjudicación del transporte a la Maravilla. El silencio de SERNANP es inquietante.
La Municipalidad Provincial de Urubamba decidió anular el contrato N.° 001-2025-GM-MPU/C, mediante el cual otorgó la concesión temporal de la ruta Hiram Bingham a la empresa San Antonio de Torontoy. Sin embargo, lejos de ser un acto ejemplar de transparencia, la nulidad termina siendo el reconocimiento oficial de una cadena de errores gestados dentro de la propia gestión municipal. La resolución admite que el contrato se sustentó en información inexacta presentada por el contratista, información decisiva para obtener la buena pro, dejando en el aire una pregunta inevitable: ¿quién evaluó y validó esa documentación antes de firmar?
Según la Gerencia Municipal, el contratista no contaba con la disponibilidad jurídica ni material de los vehículos ofrecidos como equipamiento estratégico, requisito esencial del proceso. No se trataba de un detalle administrativo, sino del eje central de la adjudicación. Aun así, la municipalidad avanzó, firmó el contrato y permitió la puesta en marcha de la concesión, como si la verificación real pudiera hacerse después.
La resolución intenta blindarse con informes técnicos, opiniones legales y extensos considerandos sobre el debido procedimiento administrativo. Pero toda esa arquitectura jurídica no logra ocultar lo evidente: los filtros de evaluación fallaron estrepitosamente. La municipalidad fue juez y parte: elaboró las bases, evaluó la oferta, adjudicó el contrato y recién meses después “descubrió” que la información no era veraz.
Más grave aún, el propio documento confirma que la información inexacta fue determinante para la evaluación técnica y la adjudicación. El proceso nació viciado, se sostuvo sin control y se anuló tardíamente. Mientras tanto, el servicio público quedó relegado, expuesto a improvisaciones que hoy nadie asume políticamente.
Como cierre previsible, la municipalidad ordena el inicio del deslinde de responsabilidades administrativas, civiles y/o penales. Una fórmula recurrente en la gestión pública que, en la práctica, suele diluirse con el tiempo sin sanciones claras ni responsables identificados. El problema no es solo quién mintió, sino quién permitió que esa mentira superara todos los controles internos.
En lugar de una gestión preventiva y rigurosa, Urubamba vuelve a exhibir un patrón conocido: concesionar primero y corregir después. La nulidad no devuelve el tiempo perdido, no garantiza la continuidad eficiente del servicio ni repara la desconfianza ciudadana frente a una administración más eficaz redactando resoluciones que fiscalizando procesos.
Pero el caso no se agota en la municipalidad. Mientras se acumulaban cartas notariales, solicitudes de nulidad y expedientes ingresados por mesa de partes, el SERNANP ha mantenido un silencio que hoy resulta difícil de justificar. Esa falta de respuesta se ha convertido en uno de los puntos más inquietantes del caso de las autorizaciones excepcionales de ingreso de buses al Santuario Histórico de Machupicchu.
La controversia se origina en el Oficio N.° 225-2025-SERNANP/ SHMPI, que autorizó el ingreso de 18 unidades al Santuario. Documentos presentados por Sumaq Tika S.A. y Qori Rumis S.A. evidencian que vehículos de su propiedad fueron incluidos sin contratos de cesión, alquiler ni autorización alguna, revelando que se habría evaluado información presuntamente inexacta sin el debido contraste.
Especialistas en derecho administrativo coinciden en que, frente a denuncias documentadas, el SERNANP tiene la obligación de actuar de oficio. Hoy, más que las denuncias mismas, lo que inquieta a la región de Cusco, es el silencio institucional. Machupicchu, patrimonio de la humanidad, vuelve a quedar expuesto no solo a decisiones cuestionables, sino a la ausencia de respuestas de la autoridad llamada a protegerlo.