Los expedientes involucran a menores y permanecen bajo investigación. Educación confirma que algunos hechos se remontan a años anteriores y anuncia revisión de las demoras.
Tres casos de presunta agresión sexual contra escolares se encuentran bajo investigación en instituciones educativas de Cusco, confirmó el gerente regional de Educación, Heraclio Valencia. La revelación pone nuevamente bajo la lupa los mecanismos de prevención, vigilancia y respuesta del sector Educación frente a hechos que comprometen la integridad de menores. Y deja una pregunta incómoda: si existen protocolos para actuar de inmediato, ¿por qué algunos expedientes llevan uno o hasta dos años sin cerrarse?
Uno de los casos corresponde a la Gran Unidad Escolar Inca Garcilaso de la Vega, donde se investiga un presunto hecho de violencia sexual ocurrido en 2024. El director de la UGEL Cusco, Fredy Quiñonez, confirmó que cuatro trabajadores de la institución están comprendidos en la investigación administrativa. “Son cuatro personas que están investigadas”, señaló, mientras explicó que se busca establecer posibles responsabilidades, entre ellas si hubo ausencia o falta de vigilancia de personal cuando se habrían producido los hechos.
El segundo caso que ha trascendido corresponde al colegio San Francisco de Asís, por una denuncia de presunta agresión sexual contra un menor. Valencia confirmó que su despacho tiene conocimiento de esta y otras incidencias, pero evitó proporcionar detalles para proteger al estudiante y a su familia. “Se trata de menores y hay que proteger la integridad del menor. No se puede exponer ni la institución educativa ni tampoco más aún al menor”, sostuvo. La información sobre la fecha, circunstancias y responsables permanece bajo investigación.
Pero hay un tercer expediente que también figura entre los tres casos de presunta agresión sexual reconocidos por la Gerencia Regional de Educación. Valencia evitó identificar la institución involucrada y precisó que estos procesos se manejan con reserva. “En el Cusco tenemos el registro de tres casos que se están llevando propiamente en el orden interno”, afirmó. Algunos de estos hechos, según indicó, corresponden a 2023 y 2024, lo que abre una nueva interrogante sobre la duración de las investigaciones administrativas.
Porque mientras las autoridades hablan de protocolos y procedimientos, el tiempo transcurre. Valencia señaló que, en principio, un caso debería resolverse en aproximadamente un año, salvo situaciones como apelaciones. Ante la consulta por el expediente que llevaría cerca de dos años, anunció que pedirá explicaciones a la UGEL Cusco: “Inmediatamente hemos pedido el informe… voy a contrastar la información”.
La UGEL sostiene que no puede emitir un informe final mientras no cuente con todas las pruebas necesarias. Quiñonez explicó que se ha solicitado información a otras instituciones y que también se investiga si existieron responsabilidades dentro del plantel. “No podemos emitir un informe final mientras no se tengan las pruebas necesarias”, manifestó. Sin embargo, el problema de fondo permanece: una investigación prolongada también significa que durante meses no existe una conclusión administrativa sobre eventuales responsabilidades.
Valencia recordó que cuando un hecho ocurre dentro de un colegio, el director debe activar inmediatamente los protocolos, registrar el incidente y comunicarlo a las instancias correspondientes. El caso puede llegar a la UGEL, Fiscalía, Policía y otras instituciones, según corresponda. Además, debe registrarse en el SISEVE. “No solamente es registrar el hecho, tiene que llegar hasta su cierre”, enfatizó. La frase resulta especialmente relevante frente a expedientes que continúan abiertos.
A estos casos se suma el episodio ocurrido en el colegio Ciencias, donde un estudiante fue agredido por otros escolares. Quiñonez rechazó que hechos de esta naturaleza sean minimizados como una travesura o una “palomillada”. “No podemos minimizar este tipo de situaciones”, afirmó. La UGEL dispuso intervención psicológica para el estudiante afectado y los escolares involucrados, mientras la denuncia presentada por la madre de familia continúa su trámite ante la Fiscalía.
Tres investigaciones por presunta agresión sexual, un caso que involucra a cuatro trabajadores y otros episodios de violencia escolar. Las autoridades educativas aseguran que existen protocolos, registros y procedimientos. Ahora corresponde saber si esos mecanismos están funcionando con la misma rapidez con la que son anunciados. Porque proteger la identidad de los menores es una obligación, pero determinar responsabilidades y cerrar investigaciones también debería serlo.