CANDIDATOS CON VÍNCULOS A LA MINERÍA INFORMAL EN LAS ELECCIONES

En información preliminar, a nivel nacional hay 20 candidatos a nivel nacional con vínculos a la minería informal. En la región Cusco se identificó a dos aspirantes.

Este primer mes del 2026 inicia la carrera electoral de los diversos can­didatos que buscan integrar la Cáma­ra de Senadores y Diputados, cuyos comicios se desarrollarán el próximo 12 de abril. Al culmen de diciembre, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que, solo 1590 hojas de vida fueron registradas completa­mente por 24 organizaciones políti­cas en la plataforma. La cifra repre­sentaba menos del 16 % de las más de 10 mil hojas de vida que deben completar.

IMPORTANCIA. La Declara­ción Jurada de Hoja de Vida, es un documento obligatorio que todo pos­tulante debe presentar ante el JNE al postular a un cargo de elección po­pular. Esta declaración contiene datos personales y de formación académica, experiencia laboral y antecedentes de servicio público. Además de bienes, rentas y sentencias judiciales (de ser el caso), así como información sobre afiliación política, a fin de garantizar transparencia en este proceso y per­mitir a los electores conocer a los can­didatos y tomar un voto informado.

MINEROS INFORMALES. Durante muchos periodos electora­les las declaraciones de hoja de vida han permitido develar aspectos que aspirantes buscan no hacer público, debido a que de consignar informa­ción falsa puede tener consecuencias legales. Al revisar las listas oficiales de candidatos a la Cámara de Sena­dores y a la Cámara de Diputados en la plataforma del JNE, se pudo advertir que, a nivel nacional hay va­rios aspirantes al próximo Congreso bicameral con vínculos con la minería informal. Unos tienen inscripciones vigentes o suspendidas en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), y otros asesoraban a gre­mios mineros o tienen antecedentes políticos asociados a este sector.

En Cusco aparece Wasington Loaiza Cuba, candidato al Senado por el Partido del Buen Gobierno, que registra cuatro inscripciones sus­pendidas en Reinfo en el distrito de Colquemarca, Chumbivilcas. Tam­bién figura Joseph Aguirre Saavedra, candidato a diputado por Fuerza Popular. Cabe mencionar que, Agui­rre Saavedra cuenta con Reinfo vi­gente en el distrito de Ccapacmarca, Chumbivilcas. El nombre de ese de­recho minero es Tomás BB 15.

Chumbivilcas, junto a Quispi­canchi, Paucartambo y Espinar, son provincias donde la minería informal aumentó con fuerza en los últimos años y su vínculo con la política para diversos fines es uno de los beneficios que buscan consolidar. Los mineros chumbivilcanos tienen como diri­gente al militante de Somos Perú y exalcalde de Colquemarca, Henry Romero Palma.

REGIONES VECINAS. En otras regiones sucede casi lo mis­mo. En Apurímac, Noel Vásquez, de Somos Perú, y Manuel Ramírez, de Perú Primero, aspiran a una curul como diputados y figuran inscritos en el registro minero. En estas región se agudizaron problemas por tierras entre mineros informales y empresas formales.

En Puno, John López, también de Perú Libre, figura inscrito en el Rein­fo, mientras que Javier Bernal Salas, candidato al Senado por Renovación Popular, es dirigente de la Confemin, impulsó la ampliación del Reinfo y es investigado por presunto lavado de activos vinculados a minería ilegal. Y en Madre de Dios figura Amado Romero, candidato al Senado por Podemos Perú, quien fue suspendido como congresista en 2011 por cobrar regalías a mineros.

VICEPRESIDENCIA. Asi­mismo, Raúl Noblecilla, candidato al Senado y a la segunda vicepresidencia por Podemos Perú, es asesor legal de la Asociación de Mineros Ancestrales adscrita a la Confemin y abogado de Víctor Sánchez Iparraguirre, líder de un clan familiar en Pataz vinculado a la minería informal.

Es muy probable también que en las elecciones de 2026 se infiltre la minería informal en listas de izquier­da, centro y derecha. Según un repor­te del Instituto de Criminología, las economías ilegales en el Perú —en­tre ellas, la minería ilegal— mueven 7,5 mil millones de dólares anuales, y con parte de esos recursos podrían financiar más de 2 300 campañas pre­sidenciales.