Colegios, donaciones, denuncias y sentencias ponen bajo la lupa a candidatos a días de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
A pocos días de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la campaña en Cusco acelera el paso y con ella también la exposición pública de quienes buscan convertirse en autoridades. Pero entre regalos, visitas, fotografías y actividades en espacios públicos aparecen situaciones que ahora deberán ser explicadas ante los organismos electorales. La pregunta ya no es solo quién tiene más propuestas, sino hasta dónde están dispuestos a llegar algunos candidatos para ganar votos y si, en ese camino, se están cruzando las fronteras que marca la normativa electoral.
¿PROSELITISMO? Uno de los casos bajo la lupa involucra a Vladimir Aranya, candidato a la alcaldía de San Sebastián por Venceremos. Imágenes difundidas en los canales de su campaña lo muestran dentro de la institución educativa Virgen de Fátima, durante una actividad por el Día del Estudiante, acompañado de escolares. Aranya sostiene que acudió en calidad de padre de familia y que se trató de una actividad de carácter caritativo; sin embargo, el hecho de que las imágenes hayan sido compartidas posteriormente en espacios vinculados a su campaña ha generado cuestionamientos y podría ser materia de evaluación por parte del Jurado Electoral Especial.
El episodio adquiere mayor relevancia porque llega después de otro caso reportado en la institución educativa N.° 50815 Bartolomé de Angostura, en Saylla, donde también fue registrada la presencia de Marco Béjar, candidato de la misma organización política. La UGEL Cusco anunció entonces una investigación y advirtió sobre las restricciones para el ingreso de candidatos a instituciones educativas durante la campaña.
El JEE Cusco ya cuenta con mecanismos de consulta pública de sus expedientes y resoluciones, mientras corresponde al órgano electoral determinar si los hechos configuran o no una infracción.
Y no es el único caso. En San Sebastián también existe un registro audiovisual que vincularía a un candidato de Alianza para el Progreso con una presunta actividad proselitista dentro de una institución educativa, donde aparece un banner con el nombre de Héctor Ramos. La existencia de estos episodios vuelve a colocar sobre la mesa la discusión sobre la neutralidad de los colegios durante una campaña electoral: los candidatos pueden buscar votos, pero las instituciones educativas no deberían convertirse en escenarios de promoción política si la normativa lo prohíbe.
PROCEDIMIENTO. La lupa del JEE también alcanza las hojas de vida. El expediente N.° 2026043815, según la documentación incorporada a esta investigación, dispone el inicio de un procedimiento sancionador relacionado con la declaración presentada por Gabriela Paliza, candidata de Ahora Nación a la provincia del Cusco. El caso plantea una pregunta incómoda para los electores: ¿qué tan rigurosa es la información que presentan quienes pretenden administrar recursos públicos y asumir cargos de representación? El JNE ya ha establecido en otros casos de 2026 sanciones por información declarada incorrectamente en hojas de vida, incluso con multas y remisión de actuados al Ministerio Público.
ANTECEDENTES. En Maras, el pasado judicial de algunos postulantes también forma parte de esta contienda. Francisco Epifanio Paucar Mejía, candidato del PRIN, registra antecedentes judiciales por delitos contra el patrimonio. Una resolución judicial de 2026 citada en documentación pública refiere una sentencia de 2006 por hurto agravado y el pago de S/900 por reparación civil; además, otro expediente registra un proceso por tentativa de hurto agravado. El propio candidato cuestiona esa interpretación de los hechos y sostiene que es víctima de una persecución política.
La historia no termina allí. Otro candidato a la alcaldía de Maras, Edison Saavedra Argandoña, de Ahora Nación, registra —según la información revisada para este informe— tres sentencias de naturaleza no penal relacionadas con obligaciones alimentarias. Estos antecedentes, por sí mismos, no determinan la validez de una candidatura, pero sí forman parte de la información que los ciudadanos tienen derecho a conocer antes de acudir a las urnas y evaluar a quienes pretenden ocupar cargos públicos.
Así, entre presuntas actividades proselitistas en colegios, investigaciones electorales, cuestionamientos sobre hojas de vida y antecedentes judiciales, la campaña cusqueña vuelve a poner a prueba los límites entre lo permitido, lo cuestionable y aquello que corresponde sancionar. El JEE tiene la responsabilidad de investigar y resolver conforme a la normativa, pero el electorado tiene otra tarea: mirar más allá de las fotografías, los regalos y los discursos de campaña. En estas elecciones, las respuestas de los candidatos también están en sus documentos, sus antecedentes y en la forma en que enfrentan los cuestionamientos.
Porque al final, “todo se vale para llegar al poder” puede ser una frase de campaña, una justificación o simplemente una advertencia. Lo que no debería estar en discusión es que las reglas electorales existen y deben aplicarse por igual. A una semana de las urnas, Cusco no solo elegirá autoridades: también tendrá que decidir qué información considera relevante antes de entregarles el poder.