Dirigente comunero afirma que permanecerán en zona protegida pese a restricciones de la ANA.
El conflicto por la ocupación de terrenos dentro del Santuario Histórico de Machupicchu ha dejado de ser un tema administrativo para convertirse en un abierto desafío a la autoridad. La empresa comunera San Antonio de Torontoy ha decidido desconocer las observaciones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y anunciar, sin rodeos, que no abandonará el área en disputa.
El mensaje fue directo. “Nosotros vamos a quedarnos en esos terrenos porque es nuestro derecho permanecer ahí”, declaró el dirigente Daniel Quispe Baca. La frase no solo fija una postura, sino que marca un precedente peligroso: la decisión de permanecer en un espacio protegido por encima de lo que determinen las autoridades competentes.
El argumento de la empresa se sostiene en supuestos derechos adquiridos. Sin embargo, la ANA ya ha sido clara al señalar que el uso autorizado era limitado y no permitía ocupaciones permanentes ni actividades que excedan el estacionamiento de unidades. Aun así, la empresa insiste en mantenerse en la zona.
Lejos de un debate técnico, el discurso del dirigente ha girado hacia una justificación territorial. “Somos una empresa comunera. Tenemos derechos y estamos en nuestro propio distrito”, afirmó. Pero este planteamiento omite un punto clave: Machu Picchu no es un espacio cualquiera, es un santuario protegido donde las reglas no son opcionales.
En medio de este escenario, la solicitud de una prórroga de 120 días aparece como una maniobra para ganar tiempo. La empresa asegura que espera una resolución definitiva, aunque sus propias declaraciones dejan claro que no está dispuesta a retirarse fácilmente, incluso si el fallo le resulta adverso.
“Tenemos un amparo, tenemos documentos”, insiste Quispe. No obstante, varias de estas actuaciones ya han sido observadas por la autoridad, lo que debilita la defensa legal que ahora se intenta sostener ante la opinión pública.
El dirigente también ha optado por una línea de presión: “Si nos quieren sacar a nosotros, entonces deberían sacar a todos”. Con ello, intenta trasladar la discusión hacia una supuesta falta de control generalizado, evitando asumir responsabilidad directa sobre la ocupación cuestionada.
A esto se suma la advertencia frente a una eventual revocatoria de licencia municipal. “Nosotros vamos a responder con nuestros documentos y nuestros derechos como comunidad”, señaló, dejando claro que el conflicto podría escalar a instancias legales más complejas.
Lo que queda en evidencia es una situación alarmante: en uno de los patrimonios más importantes del país, una empresa no solo cuestiona las decisiones del Estado, sino que anuncia que no las acatará. Si no hay una respuesta firme, el mensaje es claro y preocupante: en Machu Picchu, las normas pueden ser desafiadas sin consecuencias inmediatas.