La intervención policial ocurrida la noche del 8 de abril en el distrito de San Jerónimo no solo evidenció un presunto uso indebido de bienes del Estado, sino que ha sumado nuevos elementos que complican la situación del alcalde Máximo Rimachi Morales. A los indicios iniciales —consumo de alcohol dentro de un vehículo municipal— se añade ahora el resultado positivo del dosaje etílico practicado horas después de los hechos.
Todo comenzó tras la alerta de vecinos en inmediaciones del mercado de productores de Vinocanchón, donde una camioneta con lunas polarizadas generó sospechas. En su interior, varias personas consumían bebidas alcohólicas. La unidad, lejos de ser particular, correspondía a un vehículo oficial asignado al despacho de alcaldía.
Cuando la Policía intervino la camioneta Toyota Hilux de placa EAI- 463, el vehículo se encontraba en movimiento y, según el parte policial, habría intentado retirarse, desobedeciendo las indicaciones de los agentes. La intervención se realizó de manera directa para evitar una posible fuga, encontrándose en su interior latas y una botella de cerveza.
Entre los ocupantes se encontraba el propio alcalde, acompañado por cuatro trabajadores de la municipalidad. Al descender, al menos tres de ellos presentaban aliento alcohólico, lo que reforzó la presunción de consumo dentro de la unidad estatal en un contexto ajeno a funciones oficiales.
Sin embargo, uno de los elementos más relevantes del caso es el resultado del dosaje etílico. De acuerdo con los informes, el examen practicado arrojó un resultado positivo, con un nivel de 1.28 gramos de alcohol por litro. Este dato no solo confirma la presencia de alcohol en el organismo del alcalde, sino que introduce una variable clave en el análisis del caso.
El dosaje no se realizó de inmediato, sino varias horas después de la intervención policial. Este detalle resulta significativo, ya que, desde el punto de vista técnico, el paso del tiempo permite que el organismo metabolice el alcohol, reduciendo progresivamente su concentración en sangre. En otras palabras, el nivel detectado podría ser menor al que existía al momento de la intervención.
Pese a ello, el resultado positivo, sumado a los indicios encontrados en el vehículo y al contexto en el que se produjo la intervención, configura un cuadro que va más allá de una falta administrativa. El caso ha sido tipificado como presunto delito de peculado de uso, al tratarse del empleo de un bien del Estado para fines personales.
Durante las diligencias, los cinco intervenidos fueron trasladados a la comisaría de San Jerónimo. Según el acta, incluso se registraron resistencias durante el procedimiento, incluyendo la negativa a firmar documentos, lo que no impidió la formalización de las actuaciones policiales ni la continuidad de la investigación.
El episodio ha generado un fuerte impacto en la opinión pública local. Más allá de la responsabilidad penal que deberá determinarse, el caso expone una preocupante fragilidad en el control del uso de recursos públicos. La imagen de una autoridad intervenida en un vehículo oficial, con resultado positivo en dosaje etílico y en circunstancias cuestionables, instala una interrogante de fondo: si quienes administran el Estado respetan realmente los límites entre lo público y lo personal.