Abogado Raúl Campana asegura que puede lograr la libertad de los sentenciados.
El pasado 31 de julio, la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cusco, confirmó la sentencia dictada en primera instancia contra los cuatro jóvenes del distrito de Pisac – Calca, quienes el año pasado fueron detenidos durante las protestas sociales contra el Gobierno y el Congreso.
Durante la lectura a sentencia a la apelación que hizo la defensa de los denunciados, se ratificó para Richar Camala y Redy Huaman la pena efectiva de seis años de cárcel, mientras que para Ferdinan Huacanqui siete años y finalmente para Joel Hivallanca la pena de seis años y seis meses. Todos ellos fueron hallados culpables por el delito de disturbios contra la tranquilidad pública en agravio de varios actores civiles y el Estado. Además del delito de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos.
HECHOS. Como se recuerda, el 31 de enero del 2023 los cuatro jóvenes procedentes de la comunidad de Cuyo Grande del distrito de Pisac de la provincia de Calca, participaron de las protestas en la Ciudad Imperial, fueron grabados atacando un bus urbano y apedreándolo con pasajeros dentro. Durante el proceso se acogieron a la terminación anticipada; es decir aceptaron los delitos imputados.
CUESTIONAMIENTOS. Tras la ratificación de la sentencia emitida por el Poder Judicial, hay surgido varios cuestionamientos, por ejemplo se criticó que no se haya tomado en cuenta el grado de instrucción de los procesados; Richard Camala tercer año de educación primaria, contra Ferdinan Huaccanqui con cuarto año de secundaria, Redy Huamán cuenta con primer año de educación primaria, y Joel David Hivallanca quinto año de secundaria.
El abogado Marcelino Quispe, señaló que sus patrocinados fueron mal asesorados por sus abogados, sin conocer las consecuencias reales de someterse a una terminación anticipada y tampoco los magistrados de la Primera Sala de Apelaciones advirtió estos hechos.
“Los señores campesinos han sido asesorados por abogados que estaban en complicidad con el Poder Judicial y el Ministerio Público, y han procurado por cualquier medio de que ellos reconozcan su responsabilidad bajo la conclusión anticipada (…) son tres abogados, no tengo las identidades pero la parte civil agraviada tiene que interponer una queja ante el Colegio de Abogados de Cusco para que jamás ningun otro abogado actue de esta manera” señaló Marcelino Quispe.
De acuerdo a información a la que accedió este medio de comunicación se conoció que los abogados que habrían pedido acogerse a la terminación anticipada a los cuatro manifestantes son; Jesús Acuña, Luz Contreras e Israel Quispe.
Además el abogado indicó que interpondrán un recurso de casación ante la Corte Suprema para buscar la libertad de los cuatro comuneros, para este propósito se tiene diez dias como plazo.
LOS ABANDONARON. Cabe mencionar que, tras ver frustrada esa posibilidad, los familiares de los manifestantes advirtieron que fueron abandonados por los dirigentes y hasta algunas autoridades que en su momento anunciaron apoyarlos.
La madre de Joel Hivallanca, Isabel Huamán responsabilizó a los dirigentes de haberlos traido, y dejarlos a su suerte. Además acusaron a la congresiste Ruth Luque de no cumplir con ayuda.
“Cuantas veces los buscamos (a los dirigentes) pero no los encontramos, nos citan para hablar pero nada. La congresista Ruth Luque ha dicho te vamos a apoyar, vamos a hacer actividad pero eso es mentira por gusto hemos juntado cuatro madres, maiz y papa para que hagamos actividad pero eso es mentira, hasta nos dijeron abogado te vamos a poner” señaló entre lágrimas.
¿INTERESES? Pese a que la sentencia ya fue apelada y ratificada aún quedan algunos puntos que son cuestionables; por ejemplo si es que se pudo evitar que los manifestantes sean condenados a estas penas de seis y siete años de cárcel.
Por ejemplo para el abogado Raúl Campana señala que este proceso pudo haberse terminado en el 2023, es decir hasta antes de someterse a la terminación anticipada. “Ellos se pudieron someter a la colaboración eficaz; identificando a los autores intelectuales y financistas de los actos de violencia en Cusco” señaló.
En ese punto surge la interrogante sobre el porqué, los abogados que iniciaron con la defensa de los comuneros no analizaron esa posibilidad, incluso esta alternativa pudo plantearse cuando cuatro abogados apelaron la prisión preventiva que plantearon en marzo del 2023.
Cabe precisar que, los abogados que se encargaron de apelar la determinación de prisión preventiva fueron; Jose Llatas, Cris Espinoza, Denis Llamoca y Abel Hallasi.
POSIBLE SOLUCIÓN. Mucho se ha hablado del intento de lograr la libertad para los cuatro manifestantes de Cuyo Grande, en ese sentido el abogado Raúl Campana hizo un análisis sobre la situación legal de los cuatro sentenciados, para quienes el Poder Judicial ratificó la pena de seis y siete años de cárcel. Los imputados fueron juzgados en febrero de este año, (etapa de control) sin embargo, dijo que la sentencia fue erróneamente apelada debido a que pretendió cuestionar la actuación probatoria sin tomar en cuenta que las sentencias de conformidad o cuando hay aceptación del delito ya no existe la prueba debido a que es irrelevante. Señaló que lo que se debió apelar fue el monto de la reparación civil y el plazo de la pena impuesta y la forma de la aplicación de la pena.
Aunque dijo que esta a favor de la ratificación de la sentencia; señala que quienes debieron recibir la sentencia fueron los ‘azuzadores’, ‘promotores’ o los que los transportaron desde sus comunidades a los manifestantes.
“He oido que algun abogado defensor (de los manifestantes) esta postulando, esta creyendo que podría tener éxito un recurso de casación. Yo creo que no, debido a que no logrará revertir la sentencia de primera y segunda instancia, es más un recurso de casación retrasaría dos años el acceso a algun beneficio penitenciario. Es el tiempo que la Corte Suprema utiliza a resolver asuntos que se elevan a su instancia” explicó.
De otro lado dio a conocer que, en el país existen dos Decretos Legislativos: 1300 y 1585, los mismos que estan destinados a conceder beneficios penitenciarios como la suspensión de la pena y/o la conversión de la pena; los manifestantes de Cuyo Grande podrían acceder a este beneficio previa acreditación de haber cancelado el íntegro de la reparación civil. Este trámite demoraría 30 días.
“Recordemos que estos jóvenes ya estan privados de su libertad por más de 18 meses, eso quiere decir que ya pueden acceder a tres certificados de conducta de comportamiento en el establecimiento penitenciario. El encargado es el Juzgado de Ejecución de Sentencia. Luego de pagar la reparación civil, un abogado especialista en materia de derecho procesal penal, si podría lograr la libertad” mencionó.
Al ser consultado si podría emprender el acceso a este beneficio; el abogado reiteró que primero se tendría que pagar la reparación al Estado y agraviados.
Por otro lado, se pidió que no se tergiverse la información; debido a que los jóvenes no fueron sentenciados por protestar; sino que la sentencia es por los disturbios que se registraron durante el trayecto de los manifestantes que atacaron buses y negocios.