Analistas concuerdan que hay chantaje e intereses detrás de solicitudes.
El fantasma de la revocatoria llegó a la región. El inicio de las solicitudes para adquirir los kits para revocar a las autoridades políticas ha dejado un ambiente de incertidumbre y división en la comunidad.
Si bien es importante tener mecanismos de fiscalización política, pareciera que estas solicitudes están siendo impulsadas por intereses económicos y políticos que por genuinas preocupaciones ciudadanas, en esta edición conozca que hay detrás de los famosos revocadores y cuan viable son estos procesos. El lunes 03 de junio inició la solicitud de compra de los kits de revocatoria para las autoridades del país. En Cusco, ante la Onpe, solo en el plazo de 48 horas, ya se habían recibido 10 solicitudes. Los revocadores al estilo de una carrera maratónica no perdieron el tiempo, y el primer día salieron a mostrar victoriosos sus solicitudes.
Este grupo denominado ‘Comité Central Regional de Revocatoria de Cusco’, es encabezado por el ciudadano Alfredo Cornejo, quien ha solicitado la revocatoria de Werner Salcedo, Noely Loaiza y los 22 integrantes del Consejo Regional del Cusco.
Cornejo Paredes se encuentra en el ojo público desde los últimos meses. La figura del representante de la Asociación de Operadores de Turismo Ecológico del Cusco (Aotec), y del Frente Regional de Defensa del Patrimonio Cultural y Turismo Sostenible (Fredertur) se ha asociado a la de un dirigente gremial con un rol protagónico en las protestas. En el 2022, luego del paro del 18 y 19 de abril, Cornejo fue apreciado en la reunión que convocó de emergencia el ex premier Anibal Torres en Cusco. En el 2023, con la destitución de Pedro Castillo del poder, y la asunción de Dina Boluarte, Cornejo tomaría el rol de un activo protestante en las marchas, donde se haría más conocido. Sin embargo, esta participación en las protestas le generaría una rotundo rechazo de otros gremios relacionados al sector turismo. Desde Apemtur, Asociación de Agencias de Turismo de Cusco (AATC), Asociación de Operadores de la Red de Caminos Inca Cusco (Asoorcic) y la Asociación Peruana de Turismo de Aventura, Ecoturismo y Turismo Especializado (Aptae) se emitieron diversos pronunciamientos desautorizando a Cornejo como representante del sector y poniendo en tela de juicio los gremios que lo respaldaban.
Su participación en las protestas del año en curso en contra de la empresa Joinnus, que generó la restricción de las visitas a la ciudad inca de Machupicchu, también lo harían figurar. Pero Cornejo no ha empezado a destacar en el plano político de pura casualidad, según consulta en la base de datos del Jurado Nacional de Elecciones, el dirigente es actualmente afiliado a la organización política Frente de la Esperanza, ello desde el año 2022. Cabe resaltar que esta tienda política tuvo activa participación en el último proceso de elecciones, por la participación de Carlos Cuaresma como candidato al gobierno regional, y del actual alcalde de Wanchaq, Wilian Peña. Otro de los casos que llama la atención es la del ciudadano Lenin Quirita,promotor de la revocatoria contra la alcaldesa de Espinar, Cludy Laguna. Quirita Saavedra, estuvo afiliado a Autogobierno Ayllu hasta el 16 de febrero del 2023, partido del cual es la actual alcaldesa. Otro de los promotores de las revocatorias es Francisco Chutas, dirigente del autodenominado Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de San Sebastián, personaje que constantemente suele estar asociado a la presentación de denuncias y cuestionamientos contra las autoridades de su jurisdicción. Sin embargo, el pedido de Chutas Huamantica, resulta extraño pues su presentación de revocatoria es contra seis regidores de la Municipalidad Provincial del Cusco, quienes aparentemente serían del grupo de la oposición, ya que los mismos, salvo una excepción votó a favor de la primera solicitud de vacancia contra el alcalde Luis Pantoja, que se debatió el año pasado. Chutas ostenta este cargo desde el año 2016, y se ha hecho conocido por las denuncias que inició contra un grupo de consejeros regionales de la actual gestión por presunto peculado y tráfico de influencias, la denuncia contra la alcaldesa Jackeline Jiménez por designación irregular de funcionarios, entre otros. Otros revocadores identificados son: Francisco Suma que presentó solicitud de kit de revocatoria para la alcaldesa de Paucartambo, Mirian Hanco. La ciudadana Maria Redondo, para el alcalde Máximo Rimachi de San Jerónimo y Florentino Ilberto para el distrito de Pitumarca en Canchis. También se solicitó un kit contra el alcalde de Kumpirushiato, Martin Huaman. Aunque las solicitudes de revocatoria ya han sido presentadas, todavía ninguna ha sido aprobada, Onpe tiene el plazo de 09 días para determinar si va o no los kits de revocatoria. De prosperar la compra del kit de revocatoria en la región Cusco, se necesitará el acopio de 263 mil 037 firmas, y en el caso de San Jerónimo, 8 847 firmas. Y de presentarse y admitirse una solicitud de vacancia contra el alcalde del Cusco, Luis Pantoja, se necesitará 88 mil 764 firmas, para que Onpe convoque a un proceso eleccionario recién en junio del año 2025, donde la población tendría que ir a las urnas electorales para definir si va o no la revocatoria. Aunque este proceso es democrático, algunos analistas como el abogado Raul Campana critican que este pedido esté siendo impulsado por sectores que buscarían chantajear o presionar a sus autoridades para determinados fines. Ello en referencia al anuncio que hicieron los productores de Arpac que anunciaron un apoyo masivo a la revocatoria pero exclusivamente por la pretensión del Gore Cusco de recuperar los terrenos que ocupan en la feria sabatina de Huancaro. “Esta institución de la revocatoria no puede ser utilizado como un mecanismo de presión, chantaje o revancha contra una autoridad”, dijo.
Pero los precedentes de la compra de kits de revocatoria en Cusco no son los más favorables, los últimos procesos impulsados contra los ex alcaldes Carlos Moscoso y Marina Sequeiros, se quedaron en la recolección de rubricas. Tal vez uno de los casos más controvertidos sea el de Dante Quispe Ramos, presidente del Comité Central de Revocatorias del Cusco, que impulsó el proceso contra Marina Sequeiros, y quien anunció que juntarían 59 mil firmas. El revocador también anunció que buscaría la remoción del presidente regional, Hugo Gonzales Sayán y sus 13 consejeros. Para ello, aseguró que ya contaban con 70 mil firmas que avalaban dicha solicitud. Pero, el ciudadano desapareció de la noche a la mañana con las firmas que argumentaba tener en su poder, años después reaparecería pero en medio de un escándalo, por una aparente agresión contra el ex gerente de La Convención, Oscar Moreano. El camino de la revocatoria es complicado, todavía nada está dicho, pero más de uno de estos promotores empieza a desinflarse por sus aparentes intereses de por medio. Los plazos fijados por Onpe para la recolección de firmas, y la incertidumbre sobre el vacío de poder que se podría generar en algunas instancias como el gobierno regional de prosperar una vacancia integral, genera más incertidumbre. La iniciación de las revocatorias en Cusco contra diversas autoridades regionales revela una combinación de descontento popular, control político y probablemente intereses políticos detrás. Si bien la insatisfacción ciudadana puede ser el motor inicial, la presencia de agendas políticas más amplias sugiere un panorama complejo, que se esconderían solapadamente detrás de estos procesos.
