Liberó a los sospechosos en el caso de trafico de bebés y ahora acusa a quienes hicieron las detenciones.
El pasado 8 de setiembre se desarrolló la audiencia de prisión preventiva contra tres personas que estaban implicadas en una red de trata de recién nacidos. Los acusados estaban detenidos y enmarrocados, frente a la jueza del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco, Zulay Sánchez. Sin embargo, la magistrada dejó libre a 2 de los acusados debido a que la defensa de estas personas, sustentaron que hubo una detención arbitraria e ilegal. Lo curioso es que 3 horas después, la misma jueza, tomó la decisión de dictar 9 meses de prisión preventiva contra los dos acusados, pero Doris Rosa Huayhua Mamani y Ruben Mora Cuyuchi, quienes habrían comprado, transportado y vendido al bebe; ya estaban a kilómetros de la Corte Superior de Justicia de Cusco.
Quién tuvo la culpa de semejante absurdo, al dejar escapar a los dos principales sospechosos del tráfico de bebes en Cusco. Actualmente, la jueza Zulay Sánchez es investigada por el Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, pues la opinión pública apunta a ella, como la principal responsable que los sospechosos estén libres, sin cumplir los 9 meses de prisión preventiva que ella misma dictó, a las horas de liberarlos. Sin embargo, Qosqo Times obtuvo la resolución N° 07 del 14 de setiembre que emitió la jueza Zulay Sánchez, donde responsabiliza a los representantes del Ministerio Público (fiscales) y a los policías que realizaron la captura de los sospechosos del tráfico de bebés.
“Comunicar a la Fiscalía de Control Interno del Ministerio Público que la fiscal provincial Andrónika Zans Rivera de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas, habría incumplido sus deberes funcionales, conforme a la Constitución y al ordenamiento jurídico”, señala la jueza con respecto a la fiscal.
“Comunicar al Inspector General de la Policía Nacional del Perú que los efectivos policiales Rocío Ccapa Conza y Pedro Sotomayor Quispe, quienes participaron en la detención de los imputados Ruben Mora Cuyuchi y Doris Rosa Huayhua Mamani, habría incumplido sus deberes funcionales conforme a la Constitución y al ordenamiento jurídico”, señala el documento con respecto a los policías que capturaron a los sospechosos.
¿QUÉ OCURRIÓ EN LA DETENCIÓN?
Según la intervención de la fiscalía y la policía, el 4 de setiembre arrestaron a los sospechosos del tráfico de bebés, luego que una enfermera del centro de salud de Manco Capac (distrito de Santiago) llamara a la comisaria de Viva el Perú para denunciar que Fanny Hurtado Altamirano tenía en su poder un bebé que no era suyo. Los efectivos, la arrestaron e incautaron su teléfono, luego de algunas contradicciones de la mujer, esta delató a las personas que le habían vendido al niño el 31 de agosto (4 días antes) y que la estaban presionando para que termine de pagar los S/ 4,500 acordados. Según las fuentes de la comisaria de Viva el Perú, toda la intervención policial fue coordinada con la fiscal Andrónika Zans bajo la figura legal de la flagrancia,
Sin embargo, todos los abogados penalistas y la propia jueza Zulay Sánchez, la flagrancia, solo se habría cumplido en el caso de Fany Hurtado, quien tenía al bebé en su poder.
Por eso es que, la detención de los otros dos acusados fue arbitraría. La figura de la flagrancia se aplica, hasta 48 horas (dos días) después de ocurridos los hechos (venta del niño), pero al momento de la intervención habían transcurrido 96 horas (4 días).
“La detención fue arbitraria, pues dos de los detenidos no se encontraban en flagrancia y la jueza estaba en la obligación de liberarlos durante la audiencia, tal como ocurrió. Un Juez de investigación preparatoria, debe cumplir con el principio de imparcialidad pues es un juez de garantías y no está para resolver las falencias de la fiscalía; si la jueza hubiera continuado con la detención arbitraria, eso sí sería prevaricato y ahí, sí debía ser sancionada”, señala con total claridad el abogado Darwin Urquizo Pereira.
Desde el Ministerio Público, se defienden señalando que el delito sí era flagrante, pues en el momento de la detención de las 3 personas, “Se iba a realizar la devolución del bebe, pues la persona que lo tenía en su poder, no había pagado el dinero completo. Si no se intervenía de manera inmediata, todas las pruebas que sirvieron para dictar la detención preventiva de 9 meses, se hubiera perdido. Había que actuar de inmediato y es lo que se hizo. Los denunciados no se le escaparon a la fiscalía, fueron liberados por la jueza”, nos advierte un representante del Ministerio Público que no está autorizado para dar declaraciones.
Por su lado, los policías que intervinieron, advierte que todo el operativo contaba con el “visto bueno” de la fiscalía de trata de personas a cargo de Andrónika Zans. “Quien dirige la intervención es el fiscal y ahora, nos pretenden culpar a los policías, el delito era flagrante, pues la propia intervenida con el bebé señalaba que se encontraría con los vendedores. Los policías están desmoralizados, pues consideran que hicieron un buen trabajo pero ahora, pueden ser sancionados. Con este antecedente, nadie querrá volver a intervenir”, señala un efectivo policial.
Para los abogados litigantes en temas penales, la fiscalía sí contaba con los recursos legales para detener a los sospechosos, quienes una vez capturados podían continuar en esa condición por 7 días más. “La policía los capturaba, tal como sucedió y luego de esto, solicitaban ante un juez la detención preliminar por 7 días y en ese tiempo preparaban el pedido de prisión preventiva de 9 meses. Lo que ocurre es que la fiscalía se equivocó y eso generó la arbitrariedad que obligo a liberarlos”, señala un abogado litigante.
EL PASADO DE ZULAY
La decisión de Zulay Sánches de ajutarse a la legalidad y dejar libre a los sospechosos de tráfico de bebés, no es la primera resolución cuestionada que emite. El año 2022, dejó en libertad a 8 acusados de pertenecer a una banda que se dedicaba a robar viviendas.
De igual manera, el 2020, Sánchez dejó en libertad a un chofer que había ocasionado un accidente de tránsito y la muerte de una enfermera. El acusado habría estado en estado de ebriedad. Los padres de la fallecida señalaron que el proceso había sido irregular.
Incluso, la semana pasada, Sánchez volvió a liberar a dos hombres detenidos por ser presuntos autores de hurto agravado. Los acusados robaron los celulares de unos estudiantes. Los detenidos también ocasionaron un accidente de tránsito. Ahora, este concierto de actos y decisiones asumidas por la policía, la fiscalía y el juzgado terminaron con la libertad de 2 personas que se habrían comercializado más de 20 bebés en la ciudad del Cusco y la ciudadanía se pregunta, “¿puede ser la justicia tan boba?”. Lo cierto es que, no fue el sistema de justicia, ni las leyes, los que terminaron fallando, si no, las personas que estaban a cargo de cumplir con su deber.
