Contraloría recomienda iniciar acciones legales contra los ex funcionarios que ocasionaron las multas
Sanciones administrativas impuestas por infracciones graves y muy graves a la Municipalidad Provincial del Cusco, durante los períodos 2014 a 2019, durante la gestión de los alcaldes provinciales Luis Flores García, Carlos Moscoso Perea y Víctor Boluarte Medina, dieron lugar a una multa de s/.122 717.78 soles, generando un grave perjuicio económico a la entidad.
La Contraloría General de la República, mediante el informe Nro.018-2021-2-0385 detalla que la comuna provincial fue pasible de sanciones administrativas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE), Autoridad Nacional del Agua (ANA) y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
SUNAFIL
El enero del año 2019, Rodolfo Guerra Morón, ex trabajador de la municipalidad denunció el incumplimiento del pago de beneficios sociales (pago de vacaciones truncas y gratificaciones-2018), al haber cesado en la institución.
Ante la denuncia, SUNAFIL notifica a la entidad la verificación de los documentos correspondientes, citando a la directora de la Oficina de Recursos Humanos, hasta en dos oportunidades.
Tras la inasistencia de la funcionaria en su segunda citación, y al constatarse que la entidad no pagó de manera íntegra los derechos del trabajador, y no cumplió la medida inspectiva de requerimiento SUNAFIL empieza con un procedimiento administrativo sancionador resolviendo una multa de s/.28 350.00 soles.
La multa se pagó el mes de abril del 2021, por un total de s/.31 058.85 por los intereses moratorios.
En septiembre del 2019, Leandro Delgado Taco, otro ex trabajador, solicitó la verificación por los pagos de la CTS. Detectándose, que la entidad realizó un cálculo incorrecto de la remuneración del trabajador.
Nuevamente, se determinó que la Municipalidad Provincial del Cusco, había incurrido en infracciones, por no considerar el pago íntegro de la compensación por tiempo de servicios, desde el 2015, no haber acreditado las hojas de liquidación del CTS del trabajador y no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento.
La resolución de la sub intendencia de Sunafil, de setiembre del 2020, determinó la multa de S/.15 120.00, siendo cancelada en mayo del 2021 por s/16 411.86, por los intereses moratorios.
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
En marzo del 2014, el trabajador de la municipalidad del Cusco, Andres Quispe Puma, solicitó la inspección de la DRTPE ante presuntos actos de hostilización por la reducción inmotivada de las remuneraciones de cuatro trabajadores.
La omisión a las citas por parte de la directora de la Oficina de Recursos Humanos de ese año y al determinarse que la municipalidad incurrió en un acto de hostilidad hacia los trabajadores denunciantes terminó en una sanción de s/38 mil soles, aunque luego fue actualizada en el 2016 a s/15 300.00
La multa impuesta por la DRTPE, fue fraccionada, incrementándose los intereses aplicados, pagándose finalmente s/19 326.50.
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
En el año 2016, el ANA al realizar la verificación al botadero de Jaquira advierte la descarga de aguas residuales a la quebrada del mismo nombre, sin autorización correspondiente, lo cual había producido la perdida de flora, fauna y afectación los cuerpos de agua de la quebrada.
La Autoridad Nacional del Agua, determinó que la Municipalidad Provincial del Cusco , que administra el botadero de Jaquira debía pagar la suma de s/ 43 043.00 soles. La multa sigue pagándose hasta el momento, siendo la última cuota en diciembre del 2021.
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, también impuso una sanción a la comuna provincial del Cusco, por la construcción de reductores de velocidad en la vía Circunvalación Qenko-Noreste, red de vía Nacional, sin autorización de PROVIAS Nacional en el año 2016.
La multa por la infracción ascendió a s/ 12 877.62 y fue cancelada en el 2019.
La Contraloría concluye que todos estos hechos han generado un perjuicio económico a la Municipalidad de s/122 717.18 por la inacción de los funcionarios y servidores municipales, quienes contraviniendo a lo establecido en la normativa, omitieron el pago de los beneficios laborales de sus trabajadores, dejaron de tramitar autorizaciones por el vertimiento de aguas residuales y construcción de obras en vías de competencia nacional.
Y se recomienda, al Procurador Público dar inicio a las acciones legales civiles contra los funcionarios y servidores comprometidos en los hechos con evidencia de irregularidad.
