La campaña congresal 2026 en Cusco ha destapado una vitrina variada: la de los candidatos que aparecen de pronto en la boleta como si hubieran salido de un casting político improvisado. Rostros poco conocidos, trayectorias breves o difusas y una fuerte apuesta por la exposición digital marcan una contienda donde la pregunta no es si pueden postular — porque la ley lo permite— sino si representan una verdadera renovación o simplemente improvisación electoral.
El caso de Edith Herrera García refleja ese contraste entre imagen y realidad. Bachiller en Ingeniería de Sistemas por la Universidad Andina del Cusco y gerente de una constructora proveedora del Estado, construyó una campaña basada en fotografías de cercanía social y presencia constante en redes. Sin embargo, el 22 de febrero de 2026 fue detenida preliminarmente tras un altercado con efectivos policiales en la comisaría de Santiago, hecho que derivó en investigación fiscal y en el retiro de su candidatura por su propio partido. La política del encuadre perfecto chocó con la crudeza de los hechos.
En la misma línea de perfiles que transitan del contrato público al intento parlamentario aparece Hilari Rubi Villalobos Casillas. Economista nacida en Livitaca, Chumbivilcas, registra consultorías para municipalidades distritales y pagos del Estado, como el efectuado por la Municipalidad de Chincheros en diciembre de 2025. Su propuesta más difundida —elevar el precio de la hoja de coca hasta S/ 400 o S/ 500— convive con una intensa actividad en TikTok. Del algoritmo al voto: esa parece ser la nueva ruta electoral.
El fenómeno del proyecto familiar convertido en proyecto político tiene como exponente a Paola Nilda Vázquez Zúñiga, candidata por Perú Primero. Consultora del Estado, registra servicios como capacitadora en el Ministerio de Agricultura con pagos que alcanzaron los S/ 14,000. Su entorno inmediato mantiene vínculos activos dentro del partido liderado a nivel nacional por Martín Vizcarra, condenado por cohecho pasivo. En provincias, la herencia política sigue pesando más que la construcción de liderazgos propios.
Otra muestra del tránsito digital al escenario electoral es Maicielo Paula Ponce de León Pacheco, postulante aprista y abogada graduada en 2025. Ha trabajado como asistente en entidades jurídicas y municipales y registra servicios para la Procuraduría General del Estado por más de S/ 9,000. Su presencia en redes sociales, con contenido juvenil y cuidadosamente producido, antecedió a su salto a la política formal. La visibilidad precede a la propuesta.
En Fuerza Popular figura Clara Estenga Rodríguez Carmona, quien no registra ingresos económicos declarados en su hoja de vida. Su caso evidencia otro rostro de esta elección: ciudadanos que llegan desde la aspiración antes que desde la estabilidad económica. La política como oportunidad de ascenso social también forma parte del debate, aunque no sustituye la exigencia de preparación y solvencia.
Desde Renovación Popular emerge Luis Alberto Soto, primer lugar de lista y con opciones reales según tendencias nacionales. Narrador de carreras de burros y animador de eventos, conocido en provincias altas como “el rey del cachuelo”, ha construido reconocimiento desde la oralidad popular. Habla quechua fluidamente y cuenta con formación en locución, aunque no registra estudios superiores formales. Representa a ese sector ciudadano que sobrevive recur¬seándose y que ahora busca legislar el país.
La herencia política vuelve a escena con José Rodrigo Guillén Vargas, bachiller en Derecho e hijo de la exvicegobernadora regional Piedad Vargas. Su campaña combina actos formales con estrategia digital orientada a votantes jóvenes, mientras coordina el Instituto Superior Antonio Lorena, fundado por su madre. Juventud, apellido y posicionamiento digital se entrelazan en su perfil.
Finalmente, en el partido Progresemos aparece Yilmar Gabancho Valenzuela, quien promueve una narrativa basada en prosperidad personal y ahorro en oro. Registra antecedentes penales con sentencias firmes ya cumplidas —entre ellas por difamación agravada, violencia contra la autoridad y conducción en estado de ebriedad— figurando actualmente como rehabilitado. También consigna procesos civiles por obligaciones de pago y medidas de protección en el ámbito familiar. Todo dentro de la legalidad, pero no exento de cuestionamientos éticos.
Así avanza la campaña cusqueña: entre influencers convertidos en candidatos, consultores que saltan del contrato público a la curul soñada, herederos políticos y figuras populares que descubrieron que el voto también es plataforma. No es ilegal postular. No es delito aspirar. La democracia lo permite. Pero otra cosa distinta es preguntarse —sin insultos ni exageraciones— si esta fauna electoral representa una renovación real o apenas una improvisación vestida de campaña. El 2026 dirá si el elector premia el discurso o la trayectoria.