Disponen prisión preventiva para dos efectivos policiales y una abogada en La Convención.
El Poder Judicial de Cusco determinó nueve meses de prisión preventiva para dos efectivos policiales que laboraban en la Unidad de Tránsito de la Comisaría PNP de Quillabamba, identificados como Manuel Sánchez (39)y Luis Enrique Zegarra (22), además de la abogada Flor Maritza Caballero, acusados de haber incurrido en delitos de cohecho pasivo propio, en la función policial y banda criminal, en agravio del Estado luego que se advirtiera que los imputados presuntamente integraban una red que cobraría dinero a detenidos para evitar papeletas y recuperar vehículos intervenidos.
HECHOS. De acuerdo con el sustento de la Fiscalía Anticorrupción de La Convención, la modalidad en la que operaban los imputados fue develado a raíz de la denuncia de un ciudadano que fue intervenido en estado de ebriedad la madrugada del 02 de agosto, en ese instante, uno de los efectivos acusados le habría ofrecido “solucionar el problema” con los servicios de la abogada Flor Caballero, quien aparentemente iba a ayudar en el proceso; incluso el denunciante refirió que llegó a pagar el dinero solicitado inicialmente por la letrada. Horas más tarde – según versión del ciudadano – la abogada propuso devolverle su motocicleta sin papeletas a cambio de un monto mayor.
Durante la audiencia, el fiscal presentó conversaciones que sostuvieron el denunciante y denunciado a través de aplicativos, donde se solicitaba S/ 1,500 para hacer efectiva la devolución del vehículo menor. El 06 de agosto, se pactó la entrega de S/1,400, S/ 900 debían ser entregados en efectivo y S/ 500 mediante una aplicación financiera. El ciudadano denunció el hecho y coordinó un operativo con la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Convención y Policía, logrando intervenir a Flor Caballero en su oficina con billetes previamente fotocopiados.
Según la investigación, los agentes cumplían una determinada función, la de derivar detenidos para ofrecer el “arreglo”, y la facilitar la liberación de vehículos omitiendo registros y papeletas. Además, habría más pruebas que evidenciarían que esta práctica ilícita se venía perpetrando hace bastante tiempo, por lo que el juez encargado de la decisión judicial mencionó que la medida coercitiva permitirá acopiar más elementos para una futura sentencia.
Se conoció que tras la decisión judicial, dispusieron el internamiento penitenciario contra Manuel Sánchez y Flor Caballero, al haber sido detenidos en flagrancia; en tanto que respecto al investigado Luis Zegarra se dispuso a girar los oficios de captura para que sea ubicado e internado en el establecimiento penitenciario que el INPE determine.
SE CONOCÍA. Al parecer estos hechos anómalos no habrían sido recientes, debido a que el presidente del Colegio de Abogados de La Convención, Leonid Quispe mencionó que este ente profesional alertó de presuntos ‘direccionamientos’ en los procesos de intervención e indagación de casos que seguía esta unidad policial. “Este área (policial) siempre fue cuestionado por el colegio de abogados, no solo en mi gestión sino en la que me antecedió, donde incluso hicimos un reclamo al jefe provincial de la Policía, para indicarle los actos irregulares Lo que ocurría es que un colega era contratado por la familia del intervenido, y cuando se presenta se daba con la sorpresa que el patrocinado ya tenía un abogado que no era contratado por la familia. Entonces se advertía direccionamiento y favorecimiento de los efectivos para contratar abogado ya sea varón o mujer (…) En este año nos reunimos con el coronel encargado y se asumió el compromiso de rotar a todo el personal que laboraba en esta sección. El jefe provincial, el jefe de Seincri, y el mayor PNP de la comisaría, sabían de estos hechos que estaban ocurriendo y al parecer no corregían” señaló.
Las quejas de los abogados de presuntos direccionamientos y favorecimientos era una constante, por ello el presidente del Colegio de Abogados de La Convención informará de estos hechos a la dirección de ética del ente profesional para que determine el procedimiento a seguir contra los profesionales que resulten responsables.