Defensoría del pueblo identificó dos nuevos casos
Las demandas sociales se han incrementado durante el año 2022, identificandose a lo largo del territorio patrio, 203 conflictos, de los cuales 154 están en estado activo (75.9%) y 49 en estado latente (24.1%). En enero del 2021, se registraron 196 casos.
Según el Reporte Mensual de Conflictos Sociales Nro.215 de la Defensoría del Pueblo a enero del 2022, a nivel nacional, surgieron cinco nuevos conflictos, dos se reactivaron, un conflicto paso de estado activo a latente, ningun conflicto se resolvió, y otros cuatros fueron retirados.
Estos casos presentaron 138 hechos de violencia, y 60 conflictos pasaron a etapa de diálogo después de un hecho de violencia. Tambien implicaron 245 acciones de protesta durante el mes de enero.
Los nuevos conflictos sociales identificados se desarrollan en las regiones de Amazonas, Cajamarca, Cusco y Lima-Callao.
Cabe destacar que la región imperial es la única donde se ha iniciado dos nuevos casos.
CUSCO
Ambos casos son de tipo socio ambiental, el primero en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, donde la comunidad nativa de Camaná señala que la empresa Transportadora de Gas del Perú S.A. ha incumplido parte de los compromisos asumidos el 2019, por lo que exige a la empresa el pago de una indemnización económica por presuntos impactos ambientales y sociales, debido al derrame de líquidos de gas natural en el 2016.
Según los comuneros nativos de Camaná, los daños ambientales afectaron su salud y sus recursos naturales. Dicen estar ubicados a 40 kilómetros del lote 88. Su jefe José Cruz Pacaya señaló que tras el derrame diferentes especies de peces como bocachico, carachama, doncella, aparecieron muertos a orillas del río Urubamba. Por lo que amenazaron cerrar las válvulas de gas.
En un comunicado, TGP aclaró que no generó ningún daño ambiental en la comunidad nativa de Camaná y realizó sus descargos sobre este caso.
La segunda demanda social ocurre en el distrito de Quiñota, provincia de Chumbivilcas. Ahí la comunidad campesina de Pumallaqta, cuestiona a la empresa Anabi S.A.C. debido a que según lo que indican no se habría cumplido con un adecuado cierre de la unidad minera y exigen su cierre definitivo, realizar un monitoreo ambiental participativo y la indemnización por el presunto daño que alegan los pobladores.
En julio del 2021, la comunidad de Pumallacta inició un paro indefinido contra la empresa para exigir su retiro de la zona, y el pago de 60 millones de dólares como concepto de resarcimiento.
En diciembre, un grupo de “desconocidos” atacó e incendió el campamento Usamarca de la empresa Anabi.
La Defensoría del Pueblo también identificó un caso en observación que podría devenir en un conflicto, el que se desarrolla en el distrito de Coporaque, provincia de Espinar, contra la minera Las Bambas.
Uno de los puntos planteados por parte de las comunidades de Coporaque a la minera, es la entrega de 20 tractores agrícolas para el distrito como aporte de desarrollo. Las reuniones seguirán el 03 de marzo.
Estos conflictos continúan ubicando a la región en el segundo lugar con más conflictos sociales a enero del 2022, con 20 casos, 13 en estado activo y 07 en estado latente.
Sobre las competencias para la resolución de las demandas de la población del país, un gran número corresponde al Gobierno Nacional registrando 127 casos, Gobierno Regionales 54, Gobiernos Locales 17, Poder Judicial 3, Poder Legislativo 1, Órgano Constitucional Autónomo 1.
Mientras que según el tipo la mayoría de casos son socio ambientales, con 132 casos, comunales 20, asuntos de gobiernos regionales 13.
