Órdenes de servicio por miles de soles benefician a profesionales traídos de Lima en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco.
Un informe interno ha puesto en evidencia serios cuestionamientos sobre la forma en que se viene conduciendo la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Trabajadores advierten que el despacho de la Dirección Ejecutiva se ha vuelto cada vez más cerrado, limitando incluso la participación de profesionales de la propia institución en decisiones clave.
El documento N.° 000002-2026-UGI-EMN/MC, dirigido al director Diego Pajares Andonayre, alerta sobre la instalación de barreras internas que estarían aislando la gestión. En otras palabras, mientras se supone que se protege el patrimonio del Cusco, dentro de la entidad se estarían levantando muros administrativos.
Pero el problema no es solo de formas. También es de dinero. Según el portal Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, Cultura Cusco manejó en 2025 un presupuesto de más de S/137 millones, de los cuales ejecutó S/102 millones. Y es en ese presupuesto donde aparecen contratos que hoy generan dudas.
El 5 de febrero de 2026, por ejemplo, se emitió una orden de servicio para contratar a la abogada limeña Mónica Lucía Ugarte Quijandría. Su labor no era un informe puntual ni una consultoría específica, sino acompañar directamente al director durante 100 días en reuniones, comisiones de trabajo y decisiones administrativas.
Por ese servicio se pagaron S/44,000. Es decir, aproximadamente S/440 diarios por asesoría legal. Un monto que supera el ingreso mensual de muchos trabajadores del propio sector cultural.
Meses antes, en diciembre de 2025, la institución ya había seguido el mismo camino. Esta vez se contrató a otra abogada proveniente de Lima, Betty Alejandrina Calderón Domínguez, para realizar el seguimiento de acciones en materia de integridad institucional.
El contrato fue por S/8,000 durante 25 días calendario, lo que equivale a cerca de S/320 diarios. ¿El trabajo? Revisar documentos, proyectar respuestas administrativas y derivar expedientes internos.
No se trató de una investigación anticorrupción ni de un diagnóstico profundo de la entidad. Fue un informe consolidado que permitió autorizar el pago total del servicio.
Fuentes internas aseguran que estos no serían los únicos casos. Incluso se habría habilitado una sala destinada exclusivamente para asesores externos, muchos de ellos provenientes de Lima o de otras regiones del país.
Nada de esto es ilegal. La normativa permite contratar servicios especializados mediante órdenes de servicio. Pero la pregunta es inevitable: ¿se está fortaleciendo la gestión cultural en Cusco o reemplazando progresivamente al personal técnico local?
Hoy, mientras el talento cusqueño observa desde la periferia administrativa, la institución encargada de proteger el patrimonio regional parece rodearse cada vez más de confianza externa. Una gestión que, sin moverse del edificio, podría estar mudándose simbólicamente… hacia Lima.