Tampoco se aplicaron multas a otros hechos de vandalismo a casonas del centro de la ciudad.
La decisión de que dos personas afronten en libertad una investigación por atentar contra el patrimonio cultural al pintar un muro inca de la calle Loreto situada en el Centro Histórico de Cusco, desató cuestionamientos de las autoridades y población, quienes desde hace mucho observan como las sanciones benevolentes por este delito propician a que más sujetos vandalicen estos espacios.
Joaquín Pacheco y Sebastían Villaroel; ambos de 23 años, fueron grabados por cámaras de videovigilancia realizando las pintas, por lo que fueron intervenidos en flagrancia y conducidos a la Comisaría de Cusco. Sin embargo, a las horas fueron puestos en libertad porque desde el Ministerio Público no plantearon un requerimiento de prisión preventiva asegurando que no se cumplía los presupuestos para la medida coercitiva por lo que el Poder Judicial dispuso que ambos afronten la indagación en libertad, a pesar de que podrían ser sentenciados a cinco años de cárcel efectiva o suspendida.
CUESTIONAN. El ataque reabrió el debate sobre la protección de los vestigios históricos y las sanciones que enfrentan quienes los dañan. “Nosotros somos respetuosos de la decisiones que toman las instancias judiciales, pero tampoco podemos minimizar lo ocurrido y más cuando se trata del legado que nos dejaron nuestros antepasados, el mensaje que estamos dando es que cualquier persona o cusqueño puede pintar los muros y ser investigado en libertad” señaló el alcalde Luis Pantoja.
Además, la integrante de la Comisión de Juristas de Cusco, Tika Luizar indicó que se podría quejar a la fiscal, debido a que el daño que se cometió contra el patrimonio es irreversible. “Presentaremos un documento donde evidenciaremos nuestra extrañeza al presidente de la Junta de Fiscales a efecto de que se investigue, hubo otros casos con detención de los responsables (…) hay demasiada tolerancia, la justificación de que se encuentran en estado de ebriedad no es argumento para que incumplan la pena. La reincidencia de que cometan el mismo delito es latente, no se sabe si estos son los sujetos que han estado haciendo las pintas en otros lugares” indicó la abogada.
Por otro lado, criticó la labor que desempeñan tanto la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco y la Municipalidad Provincial de Cusco, para custodiar el patrimonio que, si bien se encuentra expuesto libremente, deberían destinar personal que se encargue de la vigilancia y que las cámaras de seguridad no solo deben ser usadas para ver quien cometió el delito, sino que aquellos que monitorean deben actuar y prevenir los atentados.
ATENTADOS. Los muros incas de Cusco, considerados parte del legado arquitectónico; sin embargo, fueron afectados en los últimos años por grafitis, golpes y acciones irresponsables atribuidas tanto a visitantes extranjeros como a ciudadanos nacionales. En varios casos, la rápida intervención permitió identificar a los responsables y abrir investigaciones. No obstante, el daño es irreversible.
En lo que va del año, se han registrado dos casos del delito contra el Patrimonio Cultural. El primer caso se reportó en marzo desconocidos realizaron pintas con aerosol amarillo en la Huaca Cheqtaqaqa, ubicada al borde de la vía Circunvalación de camino a Sacsayhuamán. Además de los grafitis, en el lugar se advirtió elementos que habrían sido utilizados para ritos y ceremonias ancestrales. La dirección de Cultura se comprometió en borrar estas pintas y proteger este espacio. Las pintas hechas en la calle Loreto, es el segundo caso.
Cabe precisar que, el vandalismo también se traslada a calles céntricas de Cusco, donde inmuebles – que no son históricos – y establecimientos comerciales son pintados por sujetos que provistos de aerosol y pintura dejan grafitis, hecho que es cuestionado por la ciudadanía. La gerente de Centro Histórico de la municipalidad de Cusco, Eliluz Palomino refirió que la semana pasada estudiantes y jóvenes borraron cerca de medio centenar de grafitis. “Los grafitis en muros que no son considerados incas, tienen una sanción administrativa, que después de un procedimiento sancionador concluye en una multa de 0.5 % hasta 5 % de una UIT. Hasta el momento no se pudo aplicar las multas porque en muchos casos no se logró identificar a los responsables” dijo.