Falta de sustento técnico, canon incierto y decisiones polémicas rodean el proceso en Urubamba.
La licitación para concesionar el transporte en la ruta Hiram Bingham, impulsada por la Municipalidad de Urubamba bajo la gestión del alcalde Ronald Vera, se perfila como un proceso clave para el acceso a Machupicchu. Sin embargo, lejos de generar certezas, el avance del proceso ha encendido alertas por una serie de vacíos técnicos, decisiones discutibles y posibles conflictos que ponen en cuestión la transparencia de la gestión edil.
El punto de partida del proceso —la declaratoria de “vía saturada”— aparece como uno de los aspectos más frágiles. Si bien las bases citan una ordenanza municipal para justificar esta condición, no desarrollan con claridad el estudio técnico que debería sustentarla. Esta omisión no es menor: la restricción de la competencia y el propio esquema de concesión descansan sobre esa premisa, por lo que su debilidad compromete la base legal del proceso.
En términos simples, si no existe un sustento técnico sólido que demuestre la saturación de la vía, la decisión de limitar operadores y rediseñar el servicio podría resultar arbitraria. Esto abre un escenario preocupante: una licitación que avanza sobre fundamentos poco claros, en un contexto donde se manejan intereses económicos significativos vinculados al turismo.
A ello se suma un modelo operativo que, en lugar de simplificar el servicio, introduce nuevas complejidades. Las bases establecen que hasta seis empresas deberán operar de manera conjunta en la misma ruta, compartiendo horarios, frecuencias y sistemas de recaudo. Lo que en el papel se presenta como orden, en la práctica podría convertirse en una fuente constante de conflictos entre operadores.
Este esquema diluye la competencia real. En lugar de competir por el mercado, las empresas competirán dentro de un sistema limitado, obligadas a coordinar entre sí bajo reglas que no terminan de esclarecer cómo se resolverán disputas o desequilibrios. ¿Quién controlará el servicio? ¿Cómo se evitarán conflictos por ingresos o turnos? Las bases no ofrecen respuestas contundentes.
El componente económico tampoco logra disipar las dudas. Las reglas establecen que los operadores deberán pagar un canon mínimo del 20% de sus ingresos a la municipalidad. Sin embargo, no se presenta un modelo financiero que permita evaluar la viabilidad del negocio bajo estas condiciones. La ausencia de este análisis deja abierta la posibilidad de que el esquema resulte insostenible o termine trasladando costos al usuario.
Otro elemento que genera preocupación es la participación de un consultor externo con un rol determinante en todo el proceso. Dante Alí Ramírez Julca fue contratado como “experto independiente”, pero su intervención no se limita a la asesoría: forma parte del Comité Especial y participa en todas las etapas de la licitación, incluyendo decisiones clave como la evaluación de propuestas y la adjudicación.
Este nivel de participación plantea un problema evidente de imparcialidad. Más aún si se considera que el mismo consultor habría tenido vínculos previos con la formulación de normas que hoy regulan el proceso. La falta de delimitación clara de funciones entre asesoría y toma de decisiones debilita los controles y abre cuestionamientos sobre la transparencia del procedimiento.
En conjunto, la licitación evidencia un patrón preocupante: fundamentos técnicos poco desarrollados, un modelo operativo potencialmente conflictivo, incertidumbre económica y roles institucionales difusos. En un proceso que definirá el acceso a uno de los principales destinos turísticos del país, estos vacíos no deberían pasar desapercibidos. Más que un avance en la gestión, el proceso deja la impresión de una licitación que, en lugar de ordenar, podría terminar generando nuevos problemas.