Fueron comprados para perseguir delincuentes, pero siguen atrapados entre papeles, oficinas y trámites.
Cuando un ciudadano marca el número de emergencias espera escuchar una sirena, no una excusa. Espera que un patrullero llegue para enfrentar un asalto, atender un accidente o responder a un hecho de violencia. Pero en Cusco esa expectativa choca cada vez más con una realidad preocupante: la delincuencia avanza mientras decenas de vehículos policiales permanecen inmóviles, convertidos en una imagen de la burocracia que paraliza incluso la seguridad ciudadana.
Sobre el papel, la Región Policial Cusco dispone de 641 vehículos entre camionetas y motocicletas. Sin embargo, las cifras esconden una verdad incómoda. Gran parte de la flota ya cumplió su vida útil, numerosas unidades permanecen inoperativas por fallas mecánicas y, como si ello no fuera suficiente, cerca de medio centenar de patrulleros nuevos entregados por el Gobierno Regional en diciembre del año pasado continúan estacionados en el complejo policial de Patapata, sin cumplir la misión para la que fueron adquiridos.
No se trata de vehículos averiados ni de unidades retiradas por desperfectos. Permanecen detenidos por trámites administrativos. La falta de placas, registros y documentación impidió durante meses que estos patrulleros salieran a recorrer las calles. Mientras los expedientes transitaban entre oficinas y escritorios, los delincuentes no esperaron permisos para seguir actuando.
La consecuencia de esa inacción quedó brutalmente expuesta en Quiquijana. Un asalto terminó con seis personas fallecidas, entre ellas dos bebés, luego de que delincuentes provocaran que un vehículo cayera a un abismo. Días después de la tragedia, los dirigentes del distrito llegaron hasta la ciudad del Cusco para pedir algo tan elemental como un patrullero. No solicitaban una comisaría nueva ni un millonario proyecto de inversión. Pedían una herramienta básica para proteger a su población.
La respuesta dejó más preguntas que soluciones. Los patrulleros ya existían, pero seguían inmovilizados por procedimientos administrativos inconclusos. Incluso cuando comenzaron a emitirse las primeras placas, no había una fecha clara para que toda la flota ingresara finalmente al servicio. En una región donde la inseguridad exige respuestas inmediatas, la burocracia terminó imponiendo su propio ritmo.
Cada día que un vehículo permanece estacionado también representa un deterioro silencioso. El polvo, la humedad y la falta de funcionamiento afectan componentes mecánicos y eléctricos. Es decir, patrulleros comprados con recursos públicos para combatir la delincuencia empiezan a envejecer antes siquiera de iniciar su primera ronda de vigilancia.
La paradoja alcanza niveles difíciles de explicar. Mientras decenas de unidades nuevas siguen sin patrullar, el Gobierno Regional del Cusco ya firmó un nuevo convenio bajo la modalidad de Obras por Impuestos para adquirir más patrulleros, con una inversión superior a los 9,2 millones de soles. El nuevo proyecto incluso establece que las futuras unidades deberán ser entregadas con placas, tarjetas de identificación y seguros antes de concluir el proceso. La pregunta es inevitable: ¿por qué ese criterio no pudo garantizarse con la flota que permanece inmovilizada?
La Policía reconoce que necesita más vehículos y más efectivos para responder a la creciente demanda de seguridad en toda la región. Distritos, provincias y comunidades reclaman mayor presencia policial, pero ese discurso pierde fuerza cuando parte importante del parque automotor permanece detenida detrás de un portón. La sensación de inseguridad no solo se alimenta del aumento de la delincuencia, sino también de la incapacidad del Estado para poner en funcionamiento los recursos que ya tiene.
El problema de Cusco no parece ser únicamente cuántos patrulleros posee, sino cuántos están realmente recorriendo las calles. Porque un vehículo estacionado no disuade a un delincuente, no atiende una emergencia, no llega a un accidente ni evita otra tragedia como la ocurrida en Quiquijana. Mientras los patrulleros sigan formando un verdadero cementerio de camionetas nuevas esperando autorización para salir, la burocracia continuará siendo uno de los mayores aliados de la inseguridad.