Mientras su director regional habló de traslados permitidos, el ente supervisor negó respaldo al combustible al menudeo.
Las revelaciones difundidas por el dominical Tendencia Semanal sobre el traslado informal de combustible en la ruta turística hacia el Santuario Histórico de Machupicchu no solo pusieron en evidencia un riesgo operativo en una de las zonas más sensibles del país, sino que terminaron dejando al descubierto una seria contradicción dentro del propio Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN): una cosa dijo su director regional en Cusco; otra, muy distinta, dijo la institución.
En un primer momento, el director de OSINERGMIN en Cusco, Ignacio Martínez, declaró públicamente que la normativa permite la adquisición de combustible para uso final en cantidades limitadas, señalando incluso que “un cilindro puede transportarse sin registro”. Añadió que la intervención del organismo supervisor se activa cuando se superan los volúmenes permitidos o cuando existe almacenamiento sin autorización, dejando entrever que el traslado al menudeo escapaba a la fiscalización directa del ente regulador.
Sin embargo, el 2 de febrero de 2026, OSINERGMIN emitió un comunicado oficial que no solo precisó, sino que corrigió el alcance de esas declaraciones. En el documento se señala de manera expresa que “el traslado del combustible al menudeo no está contemplado en la normativa sectorial” y que, por esa razón, OSINERGMIN no tiene competencia para fiscalizar esta modalidad. Más aún, el organismo dejó en claro que no respalda este tipo de traslado informal.
El comunicado añade un elemento clave que no estuvo presente en las declaraciones del director regional: el riesgo. OSINERGMIN advierte que el traslado informal de combustible “representa un riesgo para la seguridad de la población y el entorno natural y turístico de Machupicchu”, una afirmación que eleva el tema del plano administrativo al de la seguridad pública y ambiental, especialmente en una ruta altamente transitada por turistas y trabajadores.
En ese marco, la institución informó que alertó formalmente a la Municipalidad Provincial de Urubamba, la Municipalidad Distrital de Machupicchu, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, trasladando la atención del problema a las entidades con competencia directa para intervenir, sancionar o investigar eventuales responsabilidades. Con ello, OSINERGMIN se deslinda de cualquier aval y coloca el foco en un abordaje interinstitucional.
El pronunciamiento institucional se produce después de que Tendencia Semanal difundiera imágenes y testimonios sobre el traslado de combustible mediante bidones y cilindros en la ruta turística. Estas revelaciones abrieron un debate público sobre cómo se abastecen las operaciones en la vía Hiram Bingham, una zona donde el tránsito de materiales peligrosos debería estar sujeto a controles estrictos.
En ese contexto, el jefe de operaciones de Torontoy, Richard García, reconoció ante cámaras que el abastecimiento se realizaba “en cilindros” y que el combustible era aportado por pobladores y asociados. Sin embargo, también admitió que no contaban con autorización formal para dicho traslado, precisando: “tenemos consulta, mas no trámite”, una frase que confirma la ausencia de un procedimiento regularizado.
Hoy, el problema va más allá del combustible. La contradicción entre lo dicho por un funcionario regional y lo establecido por un comunicado institucional deja una pregunta incómoda en el aire: ¿quién asume la responsabilidad cuando una práctica riesgosa no está permitida por la norma, pero se tolera en los hechos? En Machupicchu, donde cualquier error puede tener consecuencias irreversibles, el silencio o la ambigüedad del Estado también se convierten en un riesgo.