Licitación “a medida” en acceso a Machupicchu. Comité concentra decisiones y enfrenta cuestionamientos por ignorar información determinante.
La licitación para la ruta Hiram Bingham, la vía de acceso hacia Machupicchu, ha dejado de ser un procedimiento administrativo para convertirse en un caso que expone, sin matices, las debilidades —o quizás decisiones deliberadas— dentro de la gestión municipal. Lo que está en juego no es solo la adjudicación de un servicio, sino la transparencia misma de un proceso que concentra poder, interpreta normas a conveniencia y, llegado el momento, puede incluso anularse a sí mismo.
El Comité Especial que conduce esta licitación no es una instancia técnica aislada: es un núcleo de poder con capacidad total de decisión. Preside el gerente municipal, CPC. Wilfredo Condeña Díaz, acompañado por el jefe de Secretaría General, Roger Hugo Condena Pacca, y un conjunto de funcionarios que forman parte de la propia estructura municipal. La presencia de un único miembro externo —el ingeniero Dante Alí Ramírez Julca— no equilibra la balanza; por el contrario, refuerza la percepción de un comité cerrado, donde las decisiones se toman desde adentro.
Ese comité dejó de ser abstracto cuando las Bases de la licitación (marzo 2026) revelaron quiénes lo integran:
- CPC. Wilfredo Condeña Díaz, gerente municipal — Presidente
- Abog. Roger Hugo Conza Pacca, jefe de Secretaría General — Secretario
- Ing. Vladimir Zúñiga Amar, gerente de Infraestructura — Integrante
- Econ. Sandro Ruiz Cuba, gerente de Administración — Integrante
- CPC. Jacqueline Moreno Torres — Integrante
- Arq. Yovani Gómez Apaza, gerente de Desarrollo Urbano — Integrante
El problema deja de ser formal cuando se revisa el momento clave del proceso: la absolución de observaciones. Es allí donde una de las empresas participantes, Transporte Internacional Trans Perú S.A.C., introduce un elemento que altera el escenario: la vigencia de una autorización en la misma ruta objeto de licitación. No se trata de una simple discrepancia técnica, sino de un punto que podría afectar la legalidad del proceso en su conjunto.
Los documentos administrativos son claros en un aspecto crucial: existen dos resoluciones vinculadas a la empresa. Una de ellas —la Resolución N.° 195-2022— fue anulada. La otra —la Resolución N.° 788-2022, que habilita unidades vehiculares— no lo fue. Esta diferencia no es menor. Define si la empresa mantiene o no un título habilitante vigente en la ruta. Y, por extensión, define si la licitación se desarrolla sobre un terreno legalmente sólido o sobre una omisión deliberada.
Sin embargo, la respuesta del comité introduce una versión distinta: presenta el escenario como si ambas resoluciones hubieran sido anuladas. Esa afirmación no se sostiene en los documentos. Y ahí aparece el punto más crítico: no se trata de una interpretación discutible, sino de una posible distorsión de la información. En un proceso donde la transparencia es requisito básico, esa omisión no es un detalle técnico, es una alerta mayor.
La gravedad del asunto se amplifica si se considera el poder que tienen los integrantes del comité. No solo evalúan propuestas: pueden modificar reglas, reinterpretar condiciones y hasta cancelar el proceso antes de la adjudicación. Es decir, si detectan inconsistencias, tienen la obligación —no solo la facultad— de detener el procedimiento. Pero hasta ahora, pese a la contradicción evidente, el proceso sigue su curso.
Este tipo de decisiones no ocurre en el vacío. La ruta Hiram Bingham no es cualquier corredor: es un acceso estratégico al principal destino turístico del país. Lo que se defina en esta licitación impacta directamente en la economía local, en la competencia empresarial y en la percepción de legalidad de las instituciones. Por eso, cualquier sombra de irregularidad adquiere una dimensión mayor.
Lo que está en cuestión no es únicamente si una empresa tiene o no autorización vigente. Lo que está en juego es si el comité está evaluando toda la información disponible o si está seleccionando qué información considerar. En otras palabras, si el proceso responde a criterios técnicos o a decisiones previamente orientadas.
La pregunta final no admite rodeos: ¿estamos ante una licitación transparente o frente a un procedimiento que podría escalar a un problema mayor? Porque cuando la información oficial y la interpretación del comité no coinciden, lo que se erosiona no es solo un proceso administrativo. Se erosiona la confianza pública. Y en un contexto como este, eso es lo más difícil de recuperar.