LOS CHARLYS DEL ANTICRESIS EN LIBERTAD TRAS MILLONARIA ESTAFA

Venció la prisión preventiva, pero los más de 100 afectados no fueron resarcidos.

Era abril del 2024 y en un ope­rativo simultaneo, la policía logró la captura de casi 10 personas acusadas de una estafa millonaria y bien pla­nificada. Se presume que la banda a la que denominaron “Los Charlys del anticresis” tenían más de 5 años en el modus operandis de ofrecer departa­mentos en anticresis en Cusco, Apu­rímac y hasta Lima para sorprender a incautos y eventuales inquilinos, sien­do María Cristina Cáceres Romero la cabecilla de la organización que inte­graban, según la tesis fiscal, su hijo, un abogado y personal de su confianza.

Han pasado dos años y por increí­ble que parezca, la prisión preventiva bajo la cual estaban la líder y sus cóm­plices, ha vencido sin que el despacho del Ministerio Público a cargo de la investigación haya logrado ampliarla o en el mejor de los casos, lograr una sentencia. Es así que ninguno de los responsables no solo no ha purgado una condena y gozan a de libertad, sino que los daños y la reparación a los más de 120 afectados tampoco existe.

ESTRATEGIA. Cáceres Ro­mero efectuaba la búsqueda de de­partamentos en alquiler en diferentes puntos de la ciudad del Cusco, luego los arrendaba por diferentes sumas que iban desde los 750 hasta los 1000 soles mensuales, para ello celebraba un contrato de arrendamiento con los propietarios de los inmuebles. Una vez en posesión de los inmuebles los anunciaba a través de redes sociales y en colaboración con su sobrino para anticresis, solicitando sumas que iban desde los 30 mil hasta más de 50 mil soles.

Rol determinante jugó aquí el aporte legal con los abogados que hábilmente redactaron los contratos para que las victimas confíen los aho­rros de su vida y paguen por la ocupa­ción de los departamentos de los que al cabo de un par de meses o máximo tres eran desalojados por los verda­deros dueños. “El Abogado Ericson Sequeiros Sila, ha redactado el Con­trato Privado de Mutuo (…) en el cual María Cristina Cáceres Romero figura como propietaria del inmueble ubicado en la Av. Infancia N° 442, del distrito de Wanchaq, provincia y departamento del Cusco, el mismo que se da en calidad de anticresis a la persona de Vilma Quispe como ga­rantía real objeto del contrato priva­do, sin embargo las partes aclaran que por convenirles la posesión real del inmueble está en el inmueble ubica­do en la Avenida Costanera P-2, del distrito de Wanchaq-Cusco, por la suma de S/25,000.00”, cita los funda­mentos de hecho en la carpeta fiscal, situación que se expone con más de 10 agraviados.

No pasó mucho tiempo para que los afectados comiencen a darse cuenta de la gran estafa. “Cuando los afectados empezaron a constituirse en el hotel “Monte Carlo”, sus hijos Erickson Esquivel Cáceres y Patricia Esquivel Cáceres quienes conocían y eran parte de la conducta delictual de su progenitora, empezaron a atender a los afectados, indicándoles que se calmen que se les devolvería su di­nero, pero condicionándoles a recibir una menor cantidad y suscribir un documento denominado Compromi­so de Pago”, agregan los argumentos de la fiscalía especializada en Crimen Organizado.

IMPUNE. Pese a todo lo ex­puesto, el tiempo que ha transcurrido y considerando otras situaciones más donde los contratos, títulos y pose­sión de inmuebles se movían cual ficha de ajedrez, aun no se ha for­malizado siquiera la etapa de juicio oral. Sin embargo, aún había una es­peranza al saber que la cabecilla y los principales investigados estaban bajo prisión preventiva por 18 meses, me­dida que debía vencer en noviembre del año pasado, pero fue ampliada por 5 meses más por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria, siendo que la medida restrictiva de libertad debía concluir el pasado 16 de abril.

En esa misma fecha, el Primer Juzgado de Investigación Preparato­ria resolvió declarar improcedente el recurso de Habeas Corpus que la de­fensa de Cáceres Romero había pre­sentado para exigir su libertad, esto porque al momento de emitir la reso­lución aún quedaban horas de plazo para que la fiscalía solicite la amplia­ción de la restricción de libertad, pero esto no se habría dado, logrando así la ansiada, pero injusta libertad.