Gerente de San Antonio de Torontoy, Daniel Quispe Baca, ganó la ruta turística con una flota que no era suya.
La madrugada del 5 de septiembre de 2025, entre las 00:31 y 01:20 a.m., la Municipalidad Provincial de Urubamba otorgó la Buena Pro a la empresa Inversiones Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy S.A. para operar el servicio de transporte turístico en la ruta Hiram Bingham, hacia Machupicchu. El contrato, valorizado en más de 19 millones de soles, fue suscrito sin una verificación física de la flota vehicular ofrecida (18).
Según la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Cusco, San Antonio de Torontoy habría simulado capacidad operativa utilizando documentos y unidades vehiculares que no le pertenecían. Los empresarios cusqueños, Francis Vargas Sánchez (Sumaq T’ika S.A.) y Danny Sejiro Oviedo Yupanqui (Qori Rumis S.A.), sostienen que sus vehículos y registros fueron usados sin su autorización por San Antonio de Torontoy.
Ambos gerentes aseguran que sus unidades —placas X5K-533 y X5K- 423— fueron incluidas en la lista de buses autorizados por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) sin haber firmado contrato alguno. “Usaron mi unidad vehicular sin mi autorización”, declaró Vargas, mientras que Oviedo afirmó que “ni una llamada, ni una firma, ni un acuerdo” hubo antes de descubrir que las placas de su vehículo, figuraba en la licitación.
El 25 de septiembre, los empresarios enviaron cartas notariales al alcalde de Urubamba, Ronald Vera Gallegos, y al SERNANP, advirtiendo posibles delitos de falsificación de documentos, falsa declaración administrativa y colusión. Ninguna autoridad respondió dentro del plazo solicitado.
DENUNCIA. La denuncia formal, presentada el 17 de octubre, acusa al alcalde de la Municipalidad de Urubamba, funcionarios municipales, al SERNANP y al gerente de Torontoy, Daniel Quispe Baca, por colusión agravada, falsedad genérica, negociación incompatible y omisión de funciones. Según el documento, el proceso de adjudicación se habría ejecutado sin validación técnica ni inspección de los vehículos ofrecidos.
TANQUE CISTERNA. Un elemento clave en la investigación es un tanque cisterna metálico que Torontoy presentó como propio para acreditar su capacidad logística. Sin embargo, documentos demostrarían que el tanque pertenece desde 2017 al Consorcio Machupicchu Pueblo, sin haber sido transferido ni alquilado a la empresa postulante.
DESCARGO. El gerente de la empresa San Antonio de Torontoy, Daniel Quispe Baca, declaró que actuó tras “un conversado” con Edgar Ríos, presidente del mencionado consorcio. Según su versión, fue Ríos quien le proporcionó las tarjetas y documentos de los vehículos que finalmente aparecieron en la lista de Torontoy. “Yo tengo las placas que me enviaron a mi WhatsApp”, señaló Quispe, quien reconoce no haber contactado directamente a los propietarios de los vehículos, ni tener un contrato que así lo corrobore.
INVESTIGACIÓN. La Fiscalía Anticorrupción evalúa la presunta participación del alcalde de la Municipalidad de Urubamba, funcionarios municipales, así como del SERNANP en la emisión de autorizaciones sin contrastar la titularidad de los vehículos. La Contraloría General de la República también habría sido impedida de realizar una inspección física, según fuentes del expediente fiscal.
A la fecha, el contrato continúa bajo revisión y los denunciantes solicitan la anulación definitiva del proceso No Competitivo N.º 01-2025- MPU/IC. En tanto, las autoridades locales mantienen silencio, mientras son más las voces en la región imperial que exigen explicaciones por la poca transparencia en la gestión de los recursos públicos y en el manejo del turismo hacia Machupicchu.
La investigación en curso podría marcar un precedente sobre el uso indebido de documentos empresariales en procesos de contratación pública, un problema recurrente que pone en duda los mecanismos de control y la probidad de las autoridades responsables.