Promotores ya estaban prestos a adquirir los kits para la revocatoria
La declaratoria del Estado de Emergencia Nacional a causa del COVID-19 ha sido un verdadero “salvavidas” para muchas autoridades que estaban desarrollando una pobre gestión, y encima ha evitado que muchos promotores de la revocatoria posterguen su propósito de someter a consulta popular a algunas de ellos, debido a que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) decidió postergar la venta de kits que estaba previsto desde 1 de junio.
Si bien la medida es de carácter temporal mientras dure el Estado de Emergencia Nacional, lo promotores no podrán adquirir los planillones, pues esto implicaría hacer firmar con la población y se generaría la aglomeración de personas.
Este medio realizó la consulta a diversos dirigentes distritales y provinciales para recoger su opinión en relación a este proceso.
SANTIAGO.
En el caso del distrito de Santiago, el ex presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de Santiago, Juan Carlos Paucar, manifestó que varios dirigentes de dicho distrito estaban listos para adquirir el kit de revocatoria contra el alcalde Fermín García Fuentes, sin embargo, señala que ante la actual coyuntura tendrán que esperar hasta que la ONPE señale las fechas.
El dirigente santiaguino manifestó que existen suficientes razones para someter a consulta popular a la autoridad, pues incluso esta pandemia del coronavirus no solo ha mostrado a un alcalde con falta de liderazgo y empatía, sino que siempre está presente los presuntos actos de corrupción como en el caso de la entrega de las canastas básicas, las misma que ha merecido la intervención del Ministerio Público.
Paucar advierte también que García Fuentes expone a los trabajadores de limpieza y serenazgo al contagio del COVID-19, tal como ha señalado la Contraloría General de la República. “Hay muchas quejas de los trabajadores, pero no salen a denunciar por temor a ser despedidos”, manifestó el dirigente en comunicación con este semanario.
Finalmente, el dirigente recordó que la actual autoridad tiene hasta dos pedidos de cárcel por parte de Ministerio Público por actos de corrupción cometidos en su anterior gestión, sin embargo, por la declaratoria de emergencia los procesos fueron suspendidos y sobre las obras, manifestó que el único anuncio que ha hecho es el inicio de la obra del Colegio Túpac Amaru, pero reitera que es una obra por impuestos que fue aprobado en la gestión pasada.
SAN SEBASTIÁN.
Otra de las autoridades que también tiene serios cuestionamientos es el alcalde de San Sebastián, Mario Loayza. Al respecto el presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de San Sebastián, Francisco Chutas, adelantó que un sector de la población no está de acuerdo con la actual gestión, por lo que había predisposición para la compra del kit de revocatoria.
Chutas señaló que Loayza no solo no ha cumplido con muchos de sus compromisos electorales, sino lo más preocupante es que no sabido llevar una gestión clara.
Por ejemplo, el dirigente recordó que la actual autoridad no ha rendido cuentas a la población de diversas actividades que se ha desarrollado en pro de la reconstrucción del Templo de San Sebastián.
Asimismo, mencionó que se ha detectado una serie de presuntas irregularidades en el manejo de los recursos durante la actual pandemia del coronavirus, las mismas que incluso han sido advertidos por la Contraloría General de la República. En su opinión se habría favorecido políticamente a muchas personas, mas no la población vulnerable con las canastas.
En el caso de Cusco, San Jerónimo, Wanchaq y otros los distritos, los dirigentes no se han pronunciado.
CANCHIS.
En provincias, una de las autoridades más cuestionadas es el alcalde de Canchis, Jorge Quispe Ccallo. Incluso una de las trabajadoras lo acusó de presunta violación y se salvó de una prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público por falta de pruebas, sin embargo, el caso aún no se ha esclarecido, entre otros.
En comunicación con este medio, el presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Canchis, Benito Quispe, informó que antes de la declaratoria de emergencia por el coronavirus ellos ya se habían conformado un comité de revocatoria, pues considera que existen suficientes motivos para someterlo a la consulta popular. Menciona por ejemplo los presuntos audios de la corrupción, la que ha valido incluso para que la fiscalía intervenga dicha comuna, además por la incapacidad de Quispe Ccallo, quien no habría ejecutado una obra importante para la provincia.
El dirigente refirió sin embargo que buscarán otras medidas para sancionar a la autoridad, como la vacancia o también una suspensión.
URUBAMBA.
En la provincia de Urubamba la labor que desarrolla el actual alcalde Luis Valcárcel tampoco es del agrado de la población debido a que estaría permitiendo muchos actos irregulares en la municipalidad.
En comunicación con este medio, Alfredo Arroyo, dirigente del Frente Único de Defensa de los Intereses de la provincia de Urubamba, manifestó que incluso ellos ya habían hecho el pago correspondiente para la revocatoria de la autoridad, sin embargo, ante la postergación de este proceso todo ha quedado en stand by, aunque refirió que apelaran a otras medidas como la suspensión o la vacancia que la ley actualmente permite.
Sobre los argumentos, mencionó que hay mucha incapacidad de la autoridad y compromisos que no ha cumplido, y lo peor muchos actos de presunta corrupción que Valcarcel permite pasar dentro de su gestión. Mencionó, por ejemplo, que una prueba es la intervención que hizo el Ministerio Público el último fin de semana a las oficinas de la municipalidad debido a que se habría advertido algunas irregularidades en el tema de las canastas básicas.
ESPINAR.
Este medio también se comunicó con el presidente del Frente Único de los Intereses de Espinar, Carlos Ricardo, quien manifestó que entre los diferentes gremios aún no han evaluado la gestión del burgomaestre Lolo Arenas para tomar una determinación.
