El caso se encuentra en el Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional. Sin embargo, también se ha abierto la posibilidad de un proceso de conciliación.
La Gran Unidad Escolar Inca Garcilaso de la Vega no puede utilizar su auditorio (teatrín) para el desarrollo de actividades académicas, culturales y deportivas, debido a un proceso judicial iniciado a raíz de una controversia con la empresa JMJ Reyes S.A.C., que reclama el pago de una importante suma de dinero por supuestas mejoras realizadas en el inmueble.
El conflicto se remonta al contrato de alquiler suscrito para el uso del teatrín y que, según explicó el director de la institución educativa, Erminio Rojas Zavaleta, se habría venido renovando desde el año 2023. Actualmente, el caso se encuentra judicializado y uno de los procesos incluso ha llegado hasta el Tribunal Constitucional.
El director señaló que existen varios procesos relacionados con el inmueble. Uno de ellos es seguido por la Procuraduría Pública del Gobierno Regional del Cusco, mientras que otro se encuentra en una etapa de conciliación luego de que una de las salas de la Corte Superior de Justicia del Cusco convocara a las partes.
Rojas Zavaleta indicó que, con la finalidad de acudir a este proceso con todos los argumentos necesarios, ha solicitado a la junta directiva y a la dirección que estuvieron a cargo en su momento toda la documentación relacionada con el contrato de alquiler.
RECLAMAN S/ 200 MIL
La empresa arrendataria estaría exigiendo alrededor de S/ 200 mil por las mejoras que habría ejecutado en la infraestructura del teatrín.
Sin embargo, uno de los principales cuestionamientos de la institución educativa es que dichas modificaciones no habrían contado con la autorización correspondiente.
El director sostuvo que el contrato finalmente venció en abril de este año y que, pese a ello, la controversia continúa debido al argumento de la empresa privada respecto a las mejoras efectuadas durante el periodo de arrendamiento.
El caso se encuentra en el Tercer Juzgado Civil de Cusco, situación que mantiene restringido el uso del ambiente y deja a cientos de estudiantes sin un espacio destinado a actividades académicas, culturales y deportivas.
PROCURADURÍA
Por su parte, el procurador del Gobierno Regional del Cusco, Jimmy Rodrigo Villavicencio, recordó que el año pasado se realizó una diligencia mediante la cual se consiguió recuperar la piscina de la institución educativa. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con el teatrín.
Explicó que, en aquella oportunidad, la defensa del arrendatario presentó diversos argumentos que impidieron concretar la recuperación del ambiente. Además, señaló que no existían las garantías necesarias para ejecutar la diligencia, por lo que finalmente esta quedó frustrada.
Villavicencio precisó que actualmente existen dos procesos judiciales en trámite. Uno corresponde a un hábeas corpus presentado por la defensa del arrendatario, bajo el argumento de que se estaría vulnerando el derecho al domicilio.
El procurador cuestionó dicho argumento, al considerar que el ambiente en controversia forma parte de una institución educativa estatal.
El segundo proceso está relacionado con un interdicto de retención del bien, planteado en el contexto de la existencia del contrato de alquiler y de las supuestas mejoras realizadas en el inmueble.
EL CONTRATO
Uno de los argumentos centrales de la defensa del Gobierno Regional del Cusco es que el propio contrato establecía que cualquier mejora o modificación debía contar previamente con la autorización de la institución educativa.
Según el procurador regional, dicha condición no habría sido cumplida por el arrendatario.
No obstante, debido a que el caso se encuentra judicializado, la recuperación del teatrín no puede materializarse mientras los procesos continúen en trámite y no exista una decisión que permita ejecutar dicha medida.
Villavicencio informó además que, en el proceso de hábeas corpus, existen dos sentencias favorables a la posición del Estado, por lo que ahora se espera el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
Respecto al segundo proceso, señaló que las partes han sido convocadas a una etapa de conciliación, mecanismo que podría permitir poner fin a la controversia si ambas partes alcanzan un acuerdo.