ALCALDE RIMACHI COMETIÓ DELITO

Contraloría: Designó a 3 gerentes que incumplían con la experiencia mínima para ocupar el cargo.

El alcalde de la Municipalidad Dis­trital de San Jerónimo, Máximo Rimachi Morales se ve envuelto en otro caso de ilegalidad. Según el informe N° 002-2023-OCI/1627- SVC de la Contraloría General de la República, se logró verificar que 3 funcionarios designados por el pro­pio burgomaestre, incumplían con los requisitos para el acceso y ejerci­cio a la función pública establecidos por la Ley Nº 31419 que fue apro­bada en enero del 2022.

“La entidad designó directivos pú­blicos de libre designación y remo­ción, sin acreditar el cumplimien­to de requisitos mínimos que lo sustentan, situación que limita el acceso a puestos que conlleven al cumplimiento de sus fines institu­cionales”, señala el referido informe que incluye en las designaciones ilegales a la gerente de Desarrollo Humano y Social, Tania Cardeña; al gerente de Infraestructura, Carlos Miranda Guzmán y al Gerente de Planificación y Presupuesto, Patricia Muñoz Yañez.

En el caso de Tania Cardeña, el in­forme señala que, el diseño de perfil de puestos de la municipalidad para el cargo de Gerente de Desarro­llo Humano y Social, debe contar con formación académica y expe­riencia general como especifica de 5 años y 3 años, respectivamente. Sin embargo, Cardeña, quien es de profesión Psicóloga, no acredita la experiencia exigida, pues según el legajo presentado a la municipali­dad de San Jerónimo, solo acredita haber ocupado el cargo de gerente de Desarrollo Social por 10 meses y 14 días en el Gobierno Regional de Cusco el año 2016.

La funcionaria edil, también pre­sentó una resolución del año 1996, cuando fue designada por la Co­misión Reorganizadora del Insti­tuto Nacional Penitenciario para que preste servicios en el Penal de Quencoro, “Sin embargo, no ad­junta ningún documento adicional que indique una fecha de corte o fin para dicha resolución, por lo que no se puede determinar el tiempo de experiencia”, señala el informe de Contraloría.

“Además, se observa que la entidad requirió como requisito de forma­ción académica, colegiatura y es­tar habilitado; sin embargo, de la revisión del legajo no se evidencia la acreditación de dichos requisi­tos. No obstante ello, se le designó mediante resolución de alcaldía N° 012-2023—MDSJ/C-ALC de 1 de enero del 2023, como gerente de Desarrollo Humano y Social”, con­cluye el informe.

Con respecto al gerente de Infraes­tructura Carlos Miranda Guzmán, el informe señala que el puesto re­quería de formación académica y experiencia general como especifica de 5 años y 4 años, respectivamente. Sin embargo, “Se evidenció que solo presentó copia del título profesional en Arquitectura y Artes Plásticas, más no cumplió con acreditar la co­legiatura y habilitación profesional, requisito de formación académica establecida en el DPP (Diseño de Perfil de Puestos) de la entidad”. “Pero en los documentos presenta­dos, solo se acredita 1 año, 6 meses y 19 día; por lo tanto no cumple con los requisitos y experiencia especi­fica establecida (…), pese a todo lo antes descrito, mediante resolución de alcaldía N° 010-2023-MDSJ/C-ALC del 1 de enero del 2023, le designaron gerente de Infraestruc­tura”, indica Contraloría.

Referente a la gerente de Planifica­ción y Presupuesto, Patricia Muñoz Yañez, “presentó una constancia de habilitación con vigencia hasta el pasado 31 de marzo del 2023, “Por lo tanto, la citada profesional no cumpliría con el requisito estableci­do como formación académica, toda vez que a la fecha no cuenta con ha­bilitación vigente”, se especifica.

Sobre la experiencia profesional de Patricia Muñoz Palomino, Con­traloría, observó que los cargos ocupados por esta funcionaria, no eran como Jefe de Área, por lo que no son computables para el puesto que ocupa, Tal como lo requiere el Diseño de Perfil de Puestos. Pero al igual que los otros funcionarios, fue designada como gerente de Planifi­cación y Presupuesto por el alcalde Máximo Rimachi, desde el pasado 1 de enero del 2023.

Por todas estas designaciones ilega­les, Contraloría determinó que “La entidad no crédito la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en la normativa legal aplicable para el acceso a la función pública de directivos pú­blicos de libre designación y remo­ción, situación que puede afectar la continuidad del correcto proceso de designación y remoción de dichos directivos”.

Asimismo, se constató que “la en­tidad mantiene desactualizado el diseño de perfiles de puestos; si­tuación que impediría contar con directivos acordes con los fines pú­blicos que persigue su contratación en la administración pública”.

Hasta el 28 de enero de este año, nombrar funcionarios sin que cum­plan con el perfil exigido por ley, era una irregularidad con alcances ad­ministrativos, pero desde esa fecha, es un delito penado con prisión para quienes designen a los funcionarios y para quien acepte el puesto. “El funcionario público que nombra, designa, contrata o encarga a perso­na en quien no concurren los requi­sitos legales para un cargo público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años y con sesenta a ciento veinte días-multa. El que acepta el cargo sin contar con los requisitos legales será reprimido con las mis­mas penas”, señala la Ley Nº 31676 promulgada por Dina Boluarte el 27 de enero del 2023.

ANTECEDENTES NEGATIVOS

En febrero pasado, 5 funcionarios del Gobierno Regional de Cusco fueron retirados, a un mes de haber sido designados por la gestión que encabeza Werner Salcedo Álvarez. Sin embargo, ya había transcurrido una semana desde que esta designa­ción era tipificada como delito. Por esta razón, Salcedo fue denunciado ante el Ministerio Público que hoy investiga el caso.

En su momento, el decano del Ilus­tre Colegio de Abogados de Cusco, Wilver Caballero Condori, advirtió que el código penal peruano san­ciona a quien nombra ilegalmente a una persona en un cargo público, sin que cumpla con los requisitos establecidos por ley, pero también la pena es aplicada para quienes aceptan el cargo. “La Contraloría hace regularmente operativos para verificar que los funcionarios cum­plan con los requisitos para ocupar el cargo. Además, la acción penal es pública, cualquier persona puede plantear una denuncia. No hay un límite. En este tipo de casos podría haber un proceso inmediato, o un proceso de acusación directa donde los plazos son breves con una inves­tigación preparatoria. Aquí hay ele­mentos claros que serían el MOF o el Manuela de Perfil de Puestos para verificar si el funcionario cumple o no, los requisitos al momento de su designación”, indica el decano.

Cabe resaltar que, son varias las autoridades regionales y nacionales que habrían incurrido en esta acto ilegal de designación de funciona­rios. Puede ser el Ministerio Públi­co, de oficio, quien inicie la investi­gación respectiva.

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