Contraloría: Designó a 3 gerentes que incumplían con la experiencia mínima para ocupar el cargo.
El alcalde de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, Máximo Rimachi Morales se ve envuelto en otro caso de ilegalidad. Según el informe N° 002-2023-OCI/1627- SVC de la Contraloría General de la República, se logró verificar que 3 funcionarios designados por el propio burgomaestre, incumplían con los requisitos para el acceso y ejercicio a la función pública establecidos por la Ley Nº 31419 que fue aprobada en enero del 2022.
“La entidad designó directivos públicos de libre designación y remoción, sin acreditar el cumplimiento de requisitos mínimos que lo sustentan, situación que limita el acceso a puestos que conlleven al cumplimiento de sus fines institucionales”, señala el referido informe que incluye en las designaciones ilegales a la gerente de Desarrollo Humano y Social, Tania Cardeña; al gerente de Infraestructura, Carlos Miranda Guzmán y al Gerente de Planificación y Presupuesto, Patricia Muñoz Yañez.
En el caso de Tania Cardeña, el informe señala que, el diseño de perfil de puestos de la municipalidad para el cargo de Gerente de Desarrollo Humano y Social, debe contar con formación académica y experiencia general como especifica de 5 años y 3 años, respectivamente. Sin embargo, Cardeña, quien es de profesión Psicóloga, no acredita la experiencia exigida, pues según el legajo presentado a la municipalidad de San Jerónimo, solo acredita haber ocupado el cargo de gerente de Desarrollo Social por 10 meses y 14 días en el Gobierno Regional de Cusco el año 2016.
La funcionaria edil, también presentó una resolución del año 1996, cuando fue designada por la Comisión Reorganizadora del Instituto Nacional Penitenciario para que preste servicios en el Penal de Quencoro, “Sin embargo, no adjunta ningún documento adicional que indique una fecha de corte o fin para dicha resolución, por lo que no se puede determinar el tiempo de experiencia”, señala el informe de Contraloría.
“Además, se observa que la entidad requirió como requisito de formación académica, colegiatura y estar habilitado; sin embargo, de la revisión del legajo no se evidencia la acreditación de dichos requisitos. No obstante ello, se le designó mediante resolución de alcaldía N° 012-2023—MDSJ/C-ALC de 1 de enero del 2023, como gerente de Desarrollo Humano y Social”, concluye el informe.
Con respecto al gerente de Infraestructura Carlos Miranda Guzmán, el informe señala que el puesto requería de formación académica y experiencia general como especifica de 5 años y 4 años, respectivamente. Sin embargo, “Se evidenció que solo presentó copia del título profesional en Arquitectura y Artes Plásticas, más no cumplió con acreditar la colegiatura y habilitación profesional, requisito de formación académica establecida en el DPP (Diseño de Perfil de Puestos) de la entidad”. “Pero en los documentos presentados, solo se acredita 1 año, 6 meses y 19 día; por lo tanto no cumple con los requisitos y experiencia especifica establecida (…), pese a todo lo antes descrito, mediante resolución de alcaldía N° 010-2023-MDSJ/C-ALC del 1 de enero del 2023, le designaron gerente de Infraestructura”, indica Contraloría.
Referente a la gerente de Planificación y Presupuesto, Patricia Muñoz Yañez, “presentó una constancia de habilitación con vigencia hasta el pasado 31 de marzo del 2023, “Por lo tanto, la citada profesional no cumpliría con el requisito establecido como formación académica, toda vez que a la fecha no cuenta con habilitación vigente”, se especifica.
Sobre la experiencia profesional de Patricia Muñoz Palomino, Contraloría, observó que los cargos ocupados por esta funcionaria, no eran como Jefe de Área, por lo que no son computables para el puesto que ocupa, Tal como lo requiere el Diseño de Perfil de Puestos. Pero al igual que los otros funcionarios, fue designada como gerente de Planificación y Presupuesto por el alcalde Máximo Rimachi, desde el pasado 1 de enero del 2023.
Por todas estas designaciones ilegales, Contraloría determinó que “La entidad no crédito la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en la normativa legal aplicable para el acceso a la función pública de directivos públicos de libre designación y remoción, situación que puede afectar la continuidad del correcto proceso de designación y remoción de dichos directivos”.
Asimismo, se constató que “la entidad mantiene desactualizado el diseño de perfiles de puestos; situación que impediría contar con directivos acordes con los fines públicos que persigue su contratación en la administración pública”.
Hasta el 28 de enero de este año, nombrar funcionarios sin que cumplan con el perfil exigido por ley, era una irregularidad con alcances administrativos, pero desde esa fecha, es un delito penado con prisión para quienes designen a los funcionarios y para quien acepte el puesto. “El funcionario público que nombra, designa, contrata o encarga a persona en quien no concurren los requisitos legales para un cargo público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años y con sesenta a ciento veinte días-multa. El que acepta el cargo sin contar con los requisitos legales será reprimido con las mismas penas”, señala la Ley Nº 31676 promulgada por Dina Boluarte el 27 de enero del 2023.
ANTECEDENTES NEGATIVOS
En febrero pasado, 5 funcionarios del Gobierno Regional de Cusco fueron retirados, a un mes de haber sido designados por la gestión que encabeza Werner Salcedo Álvarez. Sin embargo, ya había transcurrido una semana desde que esta designación era tipificada como delito. Por esta razón, Salcedo fue denunciado ante el Ministerio Público que hoy investiga el caso.
En su momento, el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cusco, Wilver Caballero Condori, advirtió que el código penal peruano sanciona a quien nombra ilegalmente a una persona en un cargo público, sin que cumpla con los requisitos establecidos por ley, pero también la pena es aplicada para quienes aceptan el cargo. “La Contraloría hace regularmente operativos para verificar que los funcionarios cumplan con los requisitos para ocupar el cargo. Además, la acción penal es pública, cualquier persona puede plantear una denuncia. No hay un límite. En este tipo de casos podría haber un proceso inmediato, o un proceso de acusación directa donde los plazos son breves con una investigación preparatoria. Aquí hay elementos claros que serían el MOF o el Manuela de Perfil de Puestos para verificar si el funcionario cumple o no, los requisitos al momento de su designación”, indica el decano.
Cabe resaltar que, son varias las autoridades regionales y nacionales que habrían incurrido en esta acto ilegal de designación de funcionarios. Puede ser el Ministerio Público, de oficio, quien inicie la investigación respectiva.