Gobiernos locales mantienen importantes recursos pendientes de ejecución en el último año de gestión de las actuales autoridades.
La incapacidad para convertir los recursos públicos en obras y servicios vuelve a poner en entredicho la gestión de varios gobiernos locales. A poco más de dos meses de concluir el año fiscal y en el último año de mandato de las actuales autoridades, las cifras de ejecución presupuestal revelan un panorama preocupante: varias comunas avanzan a paso lento y mantienen millones de soles pendientes de ejecución en proyectos de inversión.
El caso más escandaloso es el de la Municipalidad Provincial de Quispicanchi. La administración del alcalde Efraín Castillo apenas registra una ejecución del 23,4 % de los S/ 30 millones 151 mil 65 destinados a inversiones. Es decir, ni siquiera ha logrado ejecutar una cuarta parte del presupuesto disponible.
URUBAMBA. La situación de Urubamba tampoco da motivos para el optimismo. Bajo la gestión del alcalde Ronald Vera, la municipalidad apenas alcanza el 47,9 % de ejecución de los S/ 30 millones 614 mil 914 asignados a proyectos de inversión. Ni siquiera la mitad del presupuesto ha sido ejecutada, pese a que la administración se encuentra en la recta final de su mandato.
En Canchis, la gestión del alcalde Edgar Juan Verástegui registra una ejecución del 54 % de los S/ 46 millones 262 mil 272 disponibles para inversiones. El porcentaje deja cerca de la mitad de los recursos pendientes de ejecución y plantea dudas sobre la capacidad de la administración para cumplir sus metas.
En Calca, el alcalde Edward Dueñas tampoco puede cantar victoria. Su gestión alcanza el 55,4 % de los S/ 47 millones 619 mil 295 destinados a proyectos de inversión. Aunque supera los resultados de Quispicanchi y Urubamba, todavía mantiene una considerable proporción del presupuesto sin ejecutar.
CUSCO. La Municipalidad Provincial del Cusco, bajo la conducción del alcalde Luis Pantoja, registra una ejecución del 58,4 % de los S/ 143 millones 750 mil 339 destinados a proyectos de inversión.
Por el tamaño de su presupuesto, el resultado merece especial atención. La comuna administra recursos considerables y, aun así, mantiene una parte importante pendiente de ejecución. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué proyectos avanzan, cuáles registran retrasos y qué medidas se están adoptando para evitar que las inversiones queden inconclusas o se posterguen.
En Paucartambo, la alcaldesa Miriam Hancco alcanza el 52,8 % de los S/ 27 millones 318 mil 304 disponibles para inversiones. Mientras tanto, la gestión del alcalde de Paruro, Ricardo Cavero, registra un avance del 59,6 % de los S/ 3 millones 556 mil 493 destinados a este rubro.
ESPINAR. La Municipalidad Provincial de Espinar, dirigida por Rosmery Laguna, registra una ejecución del 67,6 % de los S/ 162 millones 361 mil 234 consignados en su Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Aunque presenta un avance mayor que otras comunas, el volumen de recursos que administra obliga a mantener la vigilancia sobre las inversiones pendientes.
En La Convención, la gestión de Alex Curi alcanza el 69,6 % de los S/ 48 millones 922 mil 567 asignados a proyectos de inversión.
Por su parte, Anta, bajo la administración de Elías Collatupa, registra una ejecución del 62,4 % de los S/ 23 millones 808 mil 468 disponibles. Canas presenta el mismo porcentaje, con un presupuesto de S/ 12 millones 422 mil 178.
Acomayo encabeza los resultados de las provincias mencionadas, con una ejecución del 72,8 % de los S/ 5 millones 665 mil 42 destinados a inversiones. Sin embargo, incluso este porcentaje debe evaluarse junto con el avance real de las obras y el cumplimiento de las metas programadas.
CONTRA EL RELOJ. El panorama es preocupante. Quispicanchi exhibe un rezago particularmente severo; Urubamba no logra superar el 50 % y otras municipalidades mantienen porcentajes importantes de presupuesto pendientes de ejecución. Todo esto ocurre en el último año de gestión de las autoridades, cuando también deben preparar la transferencia administrativa a sus sucesores.
Una baja ejecución no demuestra por sí sola incapacidad ni significa necesariamente que todos los proyectos estén paralizados. Sin embargo, sí constituye una señal que exige explicaciones, transparencia y fiscalización, especialmente cuando se trata de recursos públicos destinados a cerrar brechas y atender las necesidades de la población.