Gerente tiene condena por trafico de estupefacientes en el extranjero y otros dos vinculados están investigados.
El pasado 18 de junio, el consorcio Conservador Los Rosales se hizo de la buena pro de la obra “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la Avenida Los Rosales de la APV Villa Rinconada del distrito de San Jerónimo. Pero qué de raro tendría una adjudicación más en la comuna distrital, sino fuera por una seria observación al gerente de una de las empresas que conforma el consorcio, un antecedente que los vincula con la delicada comisión de un delito evidenciando así que los filtros de la comisión de selección fueron ineficientes.
ANTECEDENTE. El consorcio que iba a estar a cargo de la obra por un valor de 8 millones 402 mil 778 soles, está formado por dos empresas: Corporación Sudameris S.A. con 41% de participación y Hastara Bank S.A. con 59% de participación. Sin embargo, el gerente de la primera empresa citada, Tulio Pérez Arizavaleta tiene un serio y delicado antecedente que lo vincula con el presunto tráfico de drogas. Fue condenado en Estados Unidos por un caso relacionado con el Cártel del Norte del Valle con 20 años de pena privativa de libertad y afronta un proceso de extinción de dominio en Colombia, un proceso legal mediante el cual el Estado pasa a ser dueño de bienes que se compraron con dinero ilegal o que sirvieron para cometer delitos.
La sanción impuesta fue cambiada por una sanción que comparada con la legislación de nuestro país sería parecida a una comparecencia restringida, en virtud a que el imputado se acogió a colaborar con las autoridades. A ello se suma la presencia de dos integrantes más de la misma empresa, Juan Montoya y Eugenio Montoya a quienes también les alcanza una investigación por presuntos vínculos con el mismo cartel.
ANULADO. La advertencia de este cuestionable antecedente coincidió con la anulación de la adjudicación. La comisión de selección presidida por José Palomino entregó la buena pro, pero dentro del plazo para la firma del contrato no se habrían regularizado los documentos administrativos requeridos, al menos ese es el argumento que presentaron ya que el proceso finalmente se cayó. A ello se suma que, en la dirección consignada como domicilio fiscal de la empresa de los investigados en Lima, no habría ninguna oficina.
¿Cómo es posible que una empresa supuestamente dedicada al rubro pierda un millonario contrato por no adjuntar documentos administrativos? La pregunta cae de madura ¿Existen filtros eficientes en el municipio jeronimiano? Una persona con sentencia firme por delito doloso no puede contratar con el Estado. Si el sentenciado es el representante legal de una empresa también tendría impedimento y esta situación debió ser advertida antes de la adjudicación. Cabe recordar que la sentencia no necesariamente en Perú, también se consideran las del extranjero.
DESCARGO. Este medio de comunicación acudió en busca de una explicación de algún responsable de la municipalidad. El último jueves a las 10:00 horas aproximadamente en Relaciones Publicas nos informaron que el alcalde Máximo Rimachi se encontraba fuera de la sede municipal, sin embargo, ese día y a la misma hora estaba en una sesión de concejo.
Así mismo de manera extraoficial, un trabajador edil a quien consultamos por este caso señaló a manera de defensa que el proceso cayó y que no se había llegado a contratar, sobre la información consignada que no sería verídica, señaló que “no es obligación del municipio ir casa por casa a verificar información que los postores dan”.
Dato
Esta no sería la primera vez que la empresa participa de un proceso de selección y de hecho resultó ganadora de la buena pro, pero no lograron ejecutar trabajos bajo el mismo argumento de que les faltaba regularizar documentos. Este escenario confirmaría la ineficiencia de los que integran las comisiones organizadoras que no advierten los antecedentes no solo de los representantes legales sino de la empresa en si.