Sernanp cierra la ruta Hiram Bingham y destapa una red de omisiones.
Una notificación oficial del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) confirma lo que se denunciaba pero que no tenía respuesta: la empresa comunal San Antonio de Torontoy no cuenta con autorización para operar en la ruta Hiram Bingham, principal vía de acceso al Santuario Histórico de Machupicchu. El Acta de Notificación emitida por la jefatura del área natural protegida establece de manera expresa que la empresa carece de resolución, contrato, permiso o autorización vigente para desarrollar actividades de transporte dentro de una zona bajo régimen especial de protección.
SIN RESPALDO LEGAL. El documento es categórico. SERNANP comunica formalmente que cualquier operación en dicha ruta constituye una infracción a la normativa que regula las áreas naturales protegidas y el patrimonio cultural asociado a Machupicchu. No se trata de un trámite pendiente ni de un vacío administrativo: la empresa simplemente no tiene respaldo legal para operar en uno de los espacios más sensibles y regulados del país.
La notificación deja constancia de que la empresa fue debidamente informada sobre la prohibición y sobre las consecuencias administrativas y legales que podrían aplicarse si persiste en operar al margen de la ley. El control del acceso, tránsito y actividades económicas en la ruta Hiram Bingham es competencia directa del Estado, orientada a garantizar la seguridad de los visitantes, la conservación del área y el orden en un circuito turístico estratégico para el país.
Este documento marca un punto de quiebre. Confirma que San Antonio de Torontoy ha venido operando sin autorización mientras diversas autoridades miraban hacia otro lado. La informalidad no fue un error aislado, sino una práctica sostenida en el tiempo, conocida y tolerada, que recién ahora queda registrada por escrito. En Machupicchu, la irregularidad dejó de ser rumor para convertirse en hecho documentado.
DENUNCIA PENAL. En paralelo, una denuncia penal presentada ante el Ministerio Público eleva el caso a otro nivel. El documento apunta directamente al jefe del Santuario Histórico de Machu Picchu, a quien se le atribuyen presuntas responsabilidades por omisión de funciones, abuso de autoridad y encubrimiento, por haber permitido —por acción u omisión— la operación de unidades de transporte en una vía ubicada dentro de un Área Natural Protegida, sin autorización expresa del propio SERNANP.
La denuncia sostiene que la jefatura del Santuario habría sido advertida reiteradamente sobre riesgos a la seguridad y al ambiente, incluyendo el uso de unidades no autorizadas y el traslado informal de combustible, sin que se adopten medidas correctivas efectivas. Pese a la existencia de actas de notificación y reportes técnicos, no se dispuso la paralización real de las actividades observadas, lo que configuraría una grave omisión del deber funcional.
SIN COMPETENCIA. A este escenario se suma el rol cuestionable de Osinergmin. Pese a que la ley le asigna la fiscalización de la seguridad y formalidad en la comercialización de combustibles, su representante en Cusco, ingeniero Ignacio Martínez, sostuvo que la entidad “no tiene competencia” sobre la compra, distribución y transporte informal de combustible hacia Machupicchu Pueblo, limitando su intervención únicamente a los grifos autorizados.
Las declaraciones dejan al descubierto un vacío institucional peligroso. Mientras SERNANP prohíbe formalmente la operación de Torontoy, Osinergmin se declara al margen del traslado de combustible, y otras entidades evitan asumir responsabilidades, la gasolina y el diésel continúan moviéndose por rutas no autorizadas, en condiciones informales y sin control, dentro del principal destino turístico del Perú.
Hoy, Machupicchu enfrenta algo más grave que un conflicto administrativo. En juego están la legalidad, la seguridad de miles de turistas y trabajadores, y la credibilidad del Estado en la gestión de su patrimonio más emblemático. Los documentos existen, las omisiones están registradas y las advertencias fueron hechas. Si no hay acciones inmediatas, la pregunta ya no será quién permitió esta operación ilegal, sino quién responderá cuando ocurra una tragedia anunciada.