La Contraloría observó 25 títulos de propiedad y 64 constancias de posesión emitidos por la Municipalidad de Coya. Entre las irregularidades figuran terrenos rurales, superposición con áreas del Mercado Artesanal y depósitos por más de S/ 14 mil a cuentas personales. El caso ya está en manos de la Fiscalía.
Lo que debía ser una campaña de formalización predial terminó bajo investigación. En noviembre de 2023, la Municipalidad de Coya inició un procedimiento para entregar títulos de propiedad, pero una auditoría de la Contraloría, fechada en diciembre de 2025, observó 25 títulos y 64 constancias de posesión. La primera irregularidad es que el procedimiento ni siquiera estaba incorporado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) municipal. Se entregaron documentos de propiedad sin contar con un procedimiento administrativo habilitado.
Las observaciones fueron más allá: ocho de los 25 predios eran rurales, cuatro tenían antecedentes registrales y cinco presentaban información técnica incorrecta. Además, dos títulos habrían afectado terrenos vinculados al Mercado Artesanal Clorinda Matto de Turner, inscritos a favor del Estado. Otros ocho predios estaban próximos al río Vilcanota, con posibles afectaciones a la faja marginal. ¿Cómo se titularon terrenos sin verificar adecuadamente sus antecedentes registrales, ubicación y restricciones legales?
El capítulo más delicado está en los cobros. Según Contraloría, Sabino Huamán Estrada transfirió S/ 4.982,40 a la cuenta personal de José Carlos Cárdenas Chamorro, entonces jefe de Ordenamiento Territorial. Graciela Polido Mora depositó otros S/ 9.176,80 a esa misma cuenta. En total, S/ 14.159,20. La auditoría también cuestionó cobros en efectivo mediante recibos no autorizados y transferencias al celular de una asistente administrativa, así como ingresos que no habrían sido depositados íntegramente en las cuentas municipales. ¿Por qué los ciudadanos pagaban a cuentas personales para obtener documentos públicos?
La Contraloría también identificó intervenciones de Cárdenas Chamorro, del subgerente de Infraestructura, Max Arturo Pino Santos, y del alcalde Florencio Walter Béjar Mejía en la tramitación y otorgamiento de los documentos cuestionados. Particularmente grave es la presunta superposición de terrenos titulados a particulares con áreas del mercado artesanal. El caso ya cuenta con una carpeta fiscal en Calca y se han cursado citaciones para recoger declaraciones. La Municipalidad figura como agraviada y la investigación todavía está pendiente de formalización preparatoria. El alcalde no brindó declaraciones hasta el cierre de este informe.
CALCA: UNA SOLA EMPRESA Y OTRA ALERTA BAJO LA LUPA. Las alertas también alcanzan a la Municipalidad Provincial de Calca. La entidad evalúa una contratación para instalar fibra óptica y cámaras de videovigilancia, en la que participa una sola empresa: el Consorcio Techquk. La preocupación surge porque esta firma está comprendida en la carpeta fiscal 364- 2026, relacionada con una presunta irregularidad en un convenio de alquiler de postes de Electro Sur para un proyecto similar en San Sebastián. La regidora Mery Addael Suma Tupayachi cuestionó que exista un solo participante y señaló que solicitó los documentos del proceso para evitar posibles irregularidades.
Que una empresa esté comprendida en una investigación fiscal no demuestra culpabilidad ni significa que esté impedida de contratar. Sin embargo, la coincidencia merece explicaciones: ¿qué controles aplicó la municipalidad?, ¿cómo se garantizó la transparencia de la evaluación y por qué solo hubo un postor? La regidora ha advertido sobre estos riesgos, pero corresponde a la entidad demostrar que el procedimiento cumple las reglas y que no existen condiciones que favorezcan indebidamente a un participante.
Coya deja una pregunta incómoda para las autoridades del Valle Sagrado: ¿la formalización predial se convirtió en un mecanismo para ordenar el territorio o terminó permitiendo la entrega irregular de terrenos y cobros fuera de la tesorería municipal? En Calca, la contratación pública también exige vigilancia. Títulos cuestionados, predios vinculados al patrimonio público y pagos a cuentas personales no pueden quedar reducidos a simples errores administrativos. La seguridad jurídica y el dinero de los ciudadanos exigen procedimientos transparentes y autoridades que respondan por sus decisiones.