El acuerdo que nadie debía conocer: pagos, silencio y una ruta turística al borde del colapso
En Machupicchu nada es casualidad. Ni el silencio de Torontoy, ni la ansiedad del alcalde de Urubamba, ni la calma con la que Consettur sigue operando como si nada hubiera cambiado. Detrás de esa escena —ordenada para el público, caótica para quienes conocen la ruta Hiram Bingham— se esconde un documento que nunca debió llegar a nadie: un convenio marco sin firmas, pero con voces que lo confirman. Y esas voces hablan demasiado.
El gerente de Torontoy, Daniel Quispe, no solo reconoce su existencia: lo admite sin rodeos. “Sí pues, hemos entrado a un acuerdo… un convenio marco”, dice. Y cuando se le pregunta por qué Consettur tendría que pagarle a Torontoy, responde con la naturalidad de quien cree que todo es parte del negocio: “Tenemos un acuerdo para que ellos también paguen, porque están bajo el techo de San Antonio Torontoy”.
Ese “techo” es el título habilitante. La llave legal de toda la operación. Torontoy no mueve un solo bus, no ingresa turistas, no factura por servicio; pero sí figura como la empresa autorizada. Y ese papel, según el propio Quispe, genera obligaciones económicas: “Tiene que pagar… en algún momento tiene que pagar”. Es decir: Torontoy estaría cobrando simplemente por existir en la ruta.
El asesor legal de la empresa, Darío Zuñiga, no despeja la sombra: la confirma. Cuando se le pregunta directamente si Consettur debe pagar por operar bajo el título habilitante, afirma: “Sí, tenemos un acuerdo para que ellos también paguen”. Y aunque asegura no saber si los abonos ya ocurrieron, reconoce que la obligación económica está plasmada en ese documento que Torontoy no quiere mostrar.
Pero donde la historia da un giro es con una tercera voz: Rodney Durán, dirigente de Machupicchu. Él asegura tener fuentes dentro de ambas empresas. Y lo que le dijeron es tan directo como alarmante: Consettur ya habría hecho pagos. “Un primer abono de 50 mil soles… y la semana pasada, 300 mil soles”, sostiene. Y lanza la hipótesis que nadie quiere confirmar públicamente: “Esto sería un chantaje a cambio del título habilitante… así no muevan ni un vehículo”.
Durán agrega un dato igual de grave: el acuerdo habría sido firmado sin el alcalde de Urubamba. “Se habrían sentado sin Ronald Vera y han firmado un convenio marco”, afirma. Esta versión choca con el propio Quispe, quien primero dice que el alcalde “sí conoce”, y luego se desdice: “La verdad, no lo tengo si sabe o no sabe”. En el mejor de los escenarios hay confusión. En el peor, hay ocultamiento.
Esa contradicción se vuelve más peligrosa cuando se observa la realidad en la ruta. Torontoy no opera. Sus buses en apariencia no cumplen aún las condiciones técnicas. Consettur sigue subiendo y bajando turistas como siempre. Lo que sostiene la operación es un pacto de papel —no público, no transparente— que asigna roles que la ciudadanía no conoce. Y eso coloca al sistema turístico al borde del abismo.
Si el acuerdo se quiebra —por pagos incumplidos, por tensiones internas o por intervención municipal— se abre un escenario crítico: Consettur no tiene título habilitante y Torontoy no tiene operación real. La ruta podría paralizarse. Miles de turistas quedarían sin traslado. Y Machupicchu entraría en un nuevo colapso que afectaría economía, imagen y reputación nacional.
Por ahora, todo se mantiene porque “nadie reclama”. Como dijo Durán: “Hay una tranquilidad absoluta en Torontoy… y la desesperación del alcalde de Urubamba”. Esa frase refleja el tamaño del problema. Porque mientras Torontoy cobra sin operar, el propio alcalde Ronald Vera reconoció —en una entrevista radial el último fin de semana— que la situación está fuera de control: “Consettur hoy trabaja de manera ilegal… y si retiramos los buses la ruta podría paralizarse uno o dos meses”. Un alcalde que admite un riesgo de colapso no habla de futuro: habla de un presente que ya está al límite.