SE DESTAPA PRESUNTA RED DEL 10% EN LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO

Ex funcionaria denuncia coimas, amenazas y órdenes “desde arriba” ¿Quién investiga?.

Una nueva sombra de corrupción se cierne sobre la Municipalidad Pro­vincial del Cusco. Un informe inter­no marcado como ‘urgente’ enviado a fines de setiembre, reveló que una ex trabajadora, identificada como Da­yana Carrasco, habría exigido el 10% del valor de un contrato público para “no tumbarse” la licitación del pro­grama PROCOMPITE. La denun­cia fue presentada por los directivos de APATRAC, quienes aseguran que la exfuncionaria presionó en reitera­das ocasiones a la empresa Horba In­dustrias, ganadora de la buena pro en la Licitación 05-2025-C-MPC-2. El mensaje fue directo: o pagan la coima, o el proceso se anula.

Ante la gravedad del hecho, la en­tonces subgerente de MYPE, Yulissa Portillo, en ese momento, asegura que alertó al gerente Mario Zárate y pidió intervención inmediata de Logística y del Órgano de Control. Según lo que le indicaron directivos de la aso­ciación APATRAC, la señora Daya­na Carrasco Ortiz, llamaba a nombre de Logística de la municipalidad de Cusco. Ella laboraba hasta el 28 de agosto en el área de Procompite, me sorprende bastante que después de un mes se siga tomando atribuciones, llamando a nombre de la municipali­dad” contó Portillo.

“Me comunique con el señor de Horba, le pregunté si era cierto y me dice que sí, pero tenía temor de que haya represalias en su contra. Inclu­so llegó a decir que a insistencia de la señora Dayana Carrasco había acep­tado ese menos del 10 %. No sé si se haya consumado”.

MUNICIPIO REACCIONA. Solo después de que el caso se hiciera público, la municipalidad emitió un comunicado confirmando la denun­cia… pero sin mencionar la palabra ‘coima’. Reconoció, además, que exis­ten otras dos denuncias posteriores sobre presuntos actos irregulares den­tro del programa y anunció el envío del caso a la Procuraduría y la Secre­taría Técnica. De explicaciones, res­ponsables y hechos concretos: nada.

EL ESCÁNDALO CRECE. La exsubgerente Portillo afirmó que esto no fue un hecho aislado: según su testimonio, el cobro del 10% sería una práctica “normalizada” dentro de la municipalidad. Incluso asegura que, en otro momento, un allegado directo del alcalde Luis Pantoja la habría abordado para exigirle que en­tregue ese porcentaje porque “todos los gerentes y subgerentes lo hacen”. “La orden viene de arriba”, le habrían dicho.

“Quieren confundir a la ciuda­danía, quieren lavarse las manos, con este tipo de comunicados. Que asu­man” asegura al tiempo de revelar el presunto otro ‘pedido’: “En otro mo­mento un allegado al alcalde, su brazo derecho, así se hace llamar, ha tenido la desfachatez de esperarme hasta que termine el proceso concursable, cuan­do yo salía al último, me llamo para conversar e indicarme lo siguiente: Usted ingeniera ya va ejecutar los 5 millones 700 mil soles del nuevo Pro­compite, mínimo tiene que darnos el 10 %. De frente, diciendo que era una disposición que indica, de arriba. A mí me sorprendió bastante, no pensé que se trabajaba así en la municipali­dad. Nunca se me acercó una perso­na tan allegada a la autoridad mayor para indicarme que está siendo en­viado para indicarme que está siendo enviado por el señor alcalde para pe­dirme el 10 %. La ex funcionaria dijo que respondió que nunca trabajo de esa forma y aunque no quiso revelar su identidad, dijo que es muy cercano al alcalde Luis Pantoja”.

Portillo asegura que intentó de­nunciar el hecho en la comisaría, pero le pidieron pruebas audiovisuales. Luego buscó hablar con el alcalde, pero este se negó a recibirla. Final­mente fue retirada del cargo. “Quie­ren usarme como cortina de humo para lavarse las manos, pero que asu­man su responsabilidad. Aquí ponen funcionarios por favores políticos, no por capacidad”, declaró.

Mientras tanto, la municipalidad apela al “debido proceso” y a la “verdad institucional” en un comunicado que dice mucho… sin decir nada. Lo cier­to es que el caso ya está sobre la mesa: una exfuncionaria acusada, una em­presa presionada y un programa pú­blico bajo sospecha. Ahora queda por ver si habrá sanciones, investigación real… o si este caso terminará, como tantos otros, en el archivo del olvido.