Fiscalía y Policía Anticorrupción intervinieron la institución luego de que personal fuera sorprendido triturando documentos fuera del horario laboral.
Lo que ocurrió en la Sociedad de Beneficencia del Cusco difícilmente puede ser tomado como un simple incidente administrativo. En una institución encargada de atender a poblaciones vulnerables, la aparición de trabajadores triturando documentos fuera del horario laboral genera una pregunta inevitable: ¿qué información se estaba intentando hacer desaparecer y por qué precisamente en este momento? La situación fue considerada lo suficientemente grave como para motivar la intervención del Ministerio Público y de la Policía Anticorrupción, que terminaron incautando cinco paquetes de papel triturado para determinar su contenido.
La diligencia se produce en un contexto especialmente delicado para la Beneficencia. Horas antes, el Directorio había anunciado el retiro de confianza a siete funcionarios debido a presuntas irregularidades detectadas en procesos internos y cuestionamientos públicos sobre la gestión institucional. En medio de ese escenario, el hallazgo de documentación destruida no hace más que alimentar las sospechas sobre posibles intentos de ocultar información que podría resultar relevante para futuras investigaciones.
La revisión de los fiscales se concentró principalmente en el área de Logística, una oficina clave para la contratación de bienes y servicios. No se trata de un detalle menor. Precisamente es en este tipo de dependencias donde se generan expedientes, órdenes de compra, contratos y documentos que permiten reconstruir decisiones administrativas y el uso de recursos públicos. Por ello, la principal preocupación ahora es conocer qué documentos terminaron convertidos en papel triturado y si guardaban relación con denuncias o procesos que vienen siendo observados.
Desde la Beneficencia, el secretario encargado, Iván Figueroa, aseguró que la institución está colaborando con las autoridades y que hasta el momento no existe responsabilidad determinada contra ningún funcionario o trabajador. Sin embargo, más allá de las explicaciones oficiales, resulta difícil ignorar el impacto que genera para la ciudadanía ver que documentos institucionales eran destruidos precisamente cuando la entidad atraviesa uno de sus momentos más cuestionados. La transparencia no solo se proclama en comunicados; también se demuestra preservando la documentación pública y facilitando el trabajo de los órganos de control.
Las dudas aumentan porque hasta ahora nadie ha explicado con claridad quién ordenó la trituración de esos documentos, cuál era su contenido o si existía algún procedimiento formal que justificara esa acción. Si se trataba de material sin valor administrativo, ¿por qué realizar el trabajo fuera del horario regular? Y si los documentos sí tenían relevancia institucional, la pregunta se vuelve todavía más preocupante. Son precisamente esas interrogantes las que ahora deberá responder la investigación fiscal.
La Beneficencia sostiene que no encubrirá irregularidades y que las investigaciones permitirán conocer la verdad. Pero mientras eso ocurre, el episodio deja una sensación difícil de ignorar: cuando aparecen documentos destruidos en medio de denuncias por presuntas irregularidades, la discusión deja de ser únicamente administrativa y pasa a convertirse en un problema de confianza pública. Porque más allá de quién resulte responsable, lo que hoy se investiga no es solo papel triturado, sino la posibilidad de que alguien haya intentado borrar rastros de información que la ciudadanía tiene derecho a conocer.