Buscan que se reconozca la práctica de minería tradicional.
No son mineros artesanales, pero quieren ser reconocidos así por la Ley para la Formalización de la Pequeña Escala y Minería Artesanal (Ley MAPE) que se trabaja en el Congreso. La mayoría de las personas o empresas dedicadas a buscar oro y cobre son informales e ilegales. Casi todos están organizados en la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) y la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe).
CHUMBIVILCAS. Se conoció que, en la provincia de Chumbivilcas, se acentuó esta actividad, son informales y hay algunos ilegales porque trabajan en pequeños ríos. No usan herramientas artesanales como antes, ahora los mineros utilizan compresoras, excavadoras, retroexcavadores, tractores, cargadores frontales, etc.
La presencia de este grupo de mineros en esta provincia es importante. Tanto que la Asociación de Mineros Artesanales de Chumbivilcas tiene un programa en una radio local. En ella defienden sus actividades y no reconocen que son informales, pese a que hasta agosto del año pasado ninguna actividad minera en Chumbivilcas se había formalizado en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Esta asociación se ha sumado a los pedidos de los mineros informales —e ilegales— no están satisfechos con la ampliación, por seis meses, lograda el año pasado, del plazo de formalización en el Reinfo. Buscan que la Comisión de Energía y Minas del Congreso recoja sus propuestas, en audiencias públicas, y las incluya en el dictamen del proyecto de Ley para la Formalización de la Pequeña Escala y Minería Artesanal (Ley MAPE), impulsado por el Ejecutivo y que debería reemplazar al Reinfo.
SE RESISTEN. Se resisten e impedirían el proceso de formalización. En la II Audiencia Descentralizada de la Comisión realizada en Ica a inicios de marzo, el presidente de la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe), Celso Cajachagua, dijo que si la ley no se discute con el pueblo saldrá mal. “Nosotros queremos aportar propuestas que hemos trabajado y esperamos un avance”.
El primer planteamiento es que el proceso de formalización sea permanente, como cualquier otra actividad económica. “Hasta el día de hoy, la formalización ha tenido plazos: dos años, tres años; ahora, por último, nos han dado seis meses. ¿Por qué nos ponen plazos? ¿Por qué no puede ser permanente, como cualquier otra actividad?”, cuestionó Palomino.
Refirió también que el gobierno debería permitir esa actividad como cuando alguien decide abrir una farmacia: tramita la licencia en la municipalidad y empieza a funcionar. “De igual forma debe ser la actividad minera. Ese es un planteamiento de la Confemin Perú”, señaló el dirigente minero.
Un segundo objetivo es que la Ley MAPE reconozca la práctica de la minería ancestral o tradicional y disponga medidas para su preservación. Palomino refirió que la mayoría de los mineros pertenece a esta categoría y reconoció, al mismo tiempo, que ninguno ha iniciado el proceso de formalización. “Queremos que se reconozca esa minería ancestral y tradicional”.
En concreto, quieren que la ley incluya políticas públicas para preservar y mejorar las condiciones de vida de los mineros ancestrales o tradicionales. Esto obligaría al Estado, por ejemplo, a entregar a un minero el título habilitante de minero ancestral, con derecho de exploración y explotación, sin ningún compromiso de formalización ni obligación de cumplir las normas que regulan el sector, según el abogado Natale Amprimo.
Amprimo advirtió que esto, en vez de contribuir a la formalización y sostenibilidad de la actividad minera, promovería una norma que eventualmente sería usada para encubrir actividades informales e ilegales en zonas prohibidas, como las áreas naturales protegidas.
Además, el tercer objetivo de este grupo es que la Ley MAPE considere la entrega de derechos de servidumbre. Según Palomino, si un minero no llega a un acuerdo con el concesionario donde hay reservas mineras, podrá solicitar al Gobierno Regional o al Ministerio de Energía y Minas el derecho de servidumbre de explotación sobre “esa labor que está desarrollando”.
“Actualmente hay acaparamiento de extensas hectáreas en concesiones que no se trabajan durante 20 o 30 años. Por lo tanto, eso se calificaría como concesiones inactivas en cinco años; deberían ser revertidas al Estado y concesionadas a aquellos mineros que trabajan en esas áreas”, explicó Palomino.