La gestión de Máximo Rimachi embargó más de 5 millones de soles a SEDACUSCO por una deuda que el Tribunal Fiscal terminó anulando. El problema es que el dinero ya desapareció de las cuentas municipales.
La gestión del alcalde Máximo Rimachi Morales quedó nuevamente bajo cuestionamiento tras confirmarse que la Municipalidad Distrital de San Jerónimo ejecutó una cobranza coactiva de más de 5 millones de soles contra la empresa SEDACUSCO por concepto de impuesto predial, pese a que los terrenos observados no pertenecían a la EPS, sino a la Municipalidad Provincial del Cusco.
El cobro incluía supuestas deudas acumuladas entre 1998 y 2020 relacionadas con la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, dos estaciones de bombeo y el reservorio de Larapa. Sin embargo, tras varios años de litigio, el Tribunal Fiscal anuló definitivamente la medida el pasado 10 de abril, concluyendo que los predios eran bienes estatales exonerados legalmente del pago de impuesto predial.
El problema no terminó con la resolución. Cuando el Tribunal Fiscal dejó sin efecto la cobranza, el dinero ya había sido retirado de las cuentas de SEDACUSCO y gastado por la municipalidad. Es decir, la comuna ejecutó el embargo, utilizó los recursos y ahora enfrenta cuestionamientos sobre cómo devolverá más de cinco millones de soles que, según el fallo, nunca debieron ser cobrados.
Aunque el expediente venía arrastrándose desde gestiones anteriores, fue durante la administración de Máximo Rimachi cuando se ejecutó finalmente el embargo. La municipalidad congeló cuentas bancarias de la empresa de saneamiento y dispuso de los fondos pese a que existían advertencias sobre la irregularidad del procedimiento.
La situación se agrava porque, según trascendió, en 2025 el entonces ministro de Vivienda, Durich Whittembury Talledo, recomendó expresamente a la gestión edil abstenerse de utilizar el dinero retenido hasta que el Tribunal Fiscal emitiera un pronunciamiento definitivo. La advertencia, sin embargo, no fue atendida y los recursos terminaron ingresando a las arcas municipales como Recursos Directamente Recaudados.
Especialistas consultados advierten que el caso podría derivar en investigaciones penales contra funcionarios y autoridades involucradas en la ejecución de la cobranza. Entre los posibles delitos que se analizan figuran abuso de autoridad, omisión de funciones y presunta apropiación irregular de recursos públicos.
A ello se suma otro cuestionamiento delicado: hasta ahora la Municipalidad de San Jerónimo no explica públicamente en qué se gastaron los más de cinco millones embargados a SEDACUSCO. Debido a que los recursos ingresaron a la bolsa de RDR, estos pudieron ser utilizados incluso para gasto corriente, contratación de personal o servicios municipales.
Lejos de aclarar el panorama, versiones preliminares señalan que la gestión de Rimachi buscaría dilatar el cumplimiento del fallo mediante pedidos de aclaración o nuevas impugnaciones legales, mientras SEDACUSCO continúa esperando la devolución del dinero retenido irregularmente.
El caso también deja una señal preocupante sobre el manejo de la cobranza coactiva en San Jerónimo. Abogados y especialistas advierten que el precedente podría generar temor entre vecinos y empresas del distrito, ante la posibilidad de embargos ejecutados pese a existir controversias legales sobre la propiedad o validez de las deudas.
La paradoja final resulta todavía más incómoda para la comuna: mientras la municipalidad se resiste a devolver más de 5 millones de soles a SEDACUSCO, la propia entidad edil mantiene una deuda superior a los 20 millones de soles con la empresa de saneamiento por el tratamiento de aguas residuales del distrito. Un conflicto que, lejos de cerrarse, amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos administrativos de la actual gestión municipal.