Tras decisión del Poder Judicial en caso ladrilleras, Máximo Rimachi prefirió pedir aclaraciones
Por décadas una tragedia se ha estado gestando silenciosamente en el distrito de San Jerónimo, en perjuicio de todo el Cusco: la contaminación de las ladrilleras informales. Sumando a ello, la falta de decisión firme y responsabilidad de dos figuras clave, el burgomaestre provincial Luis Pantoja y el alcalde Máximo Rimachi, podría costarle con creces a la ciudadanía, pese a que ya hay una decisión judicial que ordena el cierre de estos espacios. Tras varios años de iniciarse un proceso finalmente este año la Corte Superior de Justicia del Cusco, decidió en primera y segunda instancia que las ladrilleras debían ser clausuradas, teniendo un plazo solo hasta el 16 de junio. Pero ahí es nuevamente donde la tragedia se intensifica. Cuando la sentencia del Poder Judicial llegó a las manos del alcalde de San Jerónimo, ordenando el desalojo de las ladrilleras informales que asolaban su distrito, Máximo Rimachi no encontró la voluntad ni la valentía para ejecutarla de inmediato. En lugar de tomar medidas decisivas para proteger a su comunidad de la devastación ambiental y la enfermedad, buscó excusas y dilató el proceso. El alcalde de San Jerónimo se atrevió a pedir aclaraciones sobre la sentencia, buscando refugio en la confusión y la incertidumbre. Arrojó la responsabilidad hacia la municipalidad del Cusco, argumentando que era esta última quien debía realizar el proceso de zonificación antes de que él pudiera actuar. En tanto, Pantoja Calvo, también respondió y dijo que la ley no le facultaba ello, apuntnado nuevamente hacia el alcalde de San Jerónimo.
Pero la responsabilidad de Luis Pantoja, no queda ahí, el colectivo civil Vida y Medio Ambiente alzó su voz en los últimos días para cuestionar el proceso de zonificación llevado a cabo por la municipalidad del Cusco, en un intento de trasladar a los ladrilleros de San Jerónimo. Sus palabras resonaron con una verdad incuestionable: los efectos serían los mismos, sin importar el lugar al que fueran desplazados. El colectivo cuestionó la intención de la comuna provincial del Cusco de trasladar el problema en lugar de resolverlo de raíz. Se alzaron contra la idea de que el simple cambio de ubicación podría mitigar los efectos devastadores de la contaminación y las enfermedades asociadas. Ya que, sin una regulación estricta el ciclo de destrucción continuaría sin cesar.