Nueve muertos y más de 13.350 hectáreas fueron arrasadas por incendios forestales en Cusco.
Mientras las emergencias exponen la magnitud del desastre, los bomberos enfrentan equipos deteriorados, dificultades para movilizarse y una cobertura de apenas 14 compañías para 116 distritos.
Los incendios forestales en Cusco ya dejaron nueve fallecidos y 13.350 hectáreas afectadas, según el reporte oficial de la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad. La última víctima fue Estefanía Villacorta, de 72 años, quien murió durante un incendio registrado el viernes 23 de octubre en el sector de Miscabamba, distrito de Paccaritambo, provincia de Paruro. El fuego afectó aproximadamente media hectárea y fue controlado por pobladores, obreros municipales y autoridades locales. La tragedia vuelve a poner sobre la mesa el costo humano de los incendios y las condiciones en que se enfrenta este tipo de emergencias.
INSUFICIENTE. En lo que va del año se han registrado 375 incendios forestales en la región. Detrás de esa cifra hay pastizales consumidos, ecosistemas dañados, pérdidas materiales y vidas truncadas. En ese escenario, los bomberos cumplen una labor decisiva: ingresan a zonas de riesgo, combaten las llamas y rescatan a personas y animales. Pero el compromiso de sus integrantes contrasta con las condiciones que describen para realizar su trabajo. Guantes deteriorados, botas desgastadas y herramientas sometidas a un uso constante forman parte de una realidad que no desaparece cuando las llamas se extinguen. La pregunta no es si los bomberos están dispuestos a arriesgarse, sino por qué deben hacerlo con una protección que puede resultar insuficiente.
La dimensión territorial agrava el desafío. Cusco cuenta con apenas 14 compañías de bomberos para atender emergencias en 116 distritos. Cuando un incendio ocurre lejos de una estación, el desplazamiento de las unidades puede consumir un tiempo valioso, mientras el fuego continúa avanzando. Espinar figura entre las provincias golpeadas por los recientes siniestros, pero el problema no se limita a una localidad: la extensión de la región exige capacidad de respuesta, vehículos operativos y una distribución que permita llegar oportunamente a las zonas afectadas.
Las interrogantes también alcanzan a las autoridades locales. Según la información recogida para este informe, la Municipalidad de Espinar habría rechazado un convenio de cooperación con la compañía de bomberos. La decisión requiere una explicación oficial: es necesario conocer las condiciones del acuerdo, los motivos del rechazo y sus consecuencias para la atención de emergencias. En una región expuesta a incendios forestales, los mecanismos de cooperación no deberían quedar reducidos a trámites sin resultados visibles. Si una propuesta destinada a fortalecer la respuesta fue descartada, la población tiene derecho a saber por qué y qué medidas se adoptaron para cubrir las necesidades que pretendía atender.
La precariedad también se expresa en el funcionamiento cotidiano de las compañías. Según indicaron, los bomberos deben afrontar gastos de servicios básicos, como agua y electricidad, además del mantenimiento de sus instalaciones y unidades. Sus integrantes son voluntarios y no reciben un sueldo por acudir a incendios, pero esa condición no justifica que la institución dependa de esfuerzos personales para sostener operaciones esenciales. La Ley N.º 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, establece responsabilidades en materia de prevención, preparación y respuesta para las entidades competentes. Por eso, las autoridades regionales y locales deben explicar qué recursos destinan a estas tareas, qué necesidades han identificado y qué compromisos concretos asumirán para fortalecer la atención de emergencias.
La labor de los bomberos tampoco termina cuando consiguen contener las llamas. Durante los siniestros rescatan animales atrapados, buscan cómo llegar hasta ellos e improvisan soluciones cuando las herramientas disponibles no bastan. Esa entrega evidencia una vocación que merece reconocimiento, pero también expone una contradicción: se espera que respondan con rapidez ante situaciones complejas sin que siempre estén garantizadas las condiciones para protegerlos. Las donaciones y los homenajes pueden ayudar, pero no reemplazan una planificación sostenida, equipos adecuados ni vehículos operativos.
Con 375 incendios forestales, más de 13.350 hectáreas afectadas y nueve personas fallecidas, el balance regional no puede reducirse a contabilizar daños cuando la emergencia ya ocurrió. También exige revisar qué tan preparada está Cusco para responder y qué responsabilidad asumen las instituciones encargadas de la prevención y la atención. Las autoridades deben responder por las observaciones sobre los vehículos y transparentar los recursos destinados a las compañías de bomberos. Porque cada alarma puede anunciar una nueva tragedia y cada salida coloca a voluntarios frente a un peligro real. El valor no reemplaza los guantes, la vocación no sustituye la protección y llamar héroes a los bomberos no libera a las autoridades de su responsabilidad. Quienes entran al fuego para salvar vidas también tienen derecho a contar con las condiciones necesarias para regresar a casa.