Las deficiencias advertidas podrían limitar la capacidad de respuesta municipal ante una eventual escasez de agua para las familias y el sector agrícola.
Mientras las advertencias sobre el déficit hídrico en Cusco obligan a las autoridades a tomar medidas urgentes, en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo parecen seguir pendientes tareas fundamentales: planificar, prevenir y preparar una respuesta frente a la posible escasez de agua. Así lo advierte la Contraloría General de la República, que ha identificado serias deficiencias en las acciones de la gestión del alcalde Máximo Ricmachi para afrontar la emergencia.
El Informe de Orientación de Oficio N.° 014-2026-OCI/1627- SOO revela que la municipalidad no cuenta con un plan de contingencia, prevención y reducción del riesgo ante el déficit hídrico previsto para el periodo 2026-2027. Una omisión que genera preocupación, pues, ante una eventual crisis de abastecimiento, la capacidad de respuesta de la comuna podría verse seriamente limitada.
La situación adquiere mayor relevancia porque, mediante el Decreto Supremo N.° 116-2026-PCM, se declaró en estado de emergencia al departamento de Cusco y a sus distritos, incluido San Jerónimo, por peligro inminente de déficit hídrico durante el periodo de lluvias 2026-2027.
La declaratoria exige que las autoridades adopten previsiones y programen acciones con cargo a sus presupuestos institucionales. Sin embargo, las verificaciones realizadas por el Órgano de Control Institucional (OCI) los días 22 y 30 de septiembre de 2026 evidenciaron que San Jerónimo no dispone de los planes necesarios para afrontar este escenario.
Tampoco se identificaron proyectos de inversión orientados a la construcción o mantenimiento de represas, reservorios y canales de riego, ni intervenciones para mejorar o tecnificar los sistemas de irrigación. A ello se suma que, según el informe, la municipalidad no había contratado bienes ni servicios destinados a enfrentar el déficit hídrico.
EL INFORME. Las observaciones de la Contraloría van más allá. El documento de control señala que solo se encontró un informe fechado el 5 de setiembre de 2026, sin firmas y que, por sus características, aparentaría ser un borrador. Es decir, un asunto que demanda previsión y sustento técnico no contaría siquiera con un documento formalmente aprobado.
Además, la revisión detectó que parte de la información descrita no coincide con lo consignado en los cuadros del propio documento.
La Contraloría también cuestionó que las medidas presentadas como estructurales se concentren en la entrega de herramientas e insumos agrícolas, sin desarrollar adecuadamente intervenciones físicas como la construcción y ampliación de represas y reservorios, la tecnificación del riego o el mejoramiento de la infraestructura hídrica existente.
INCOMPLETO. El informe señala además que, si bien la municipalidad de San Jerónimo cuenta con represas, reservorios, galerías filtrantes, manantes y otras fuentes de agua subterránea. También indicó que dispone de una cisterna para atender eventuales necesidades de distribución, sin embargo, la entidad no tiene identificadas la cantidad ni la ubicación de esos reservorios, represas y otras infraestructuras.
SIN RESPUESTA. Asimismo, la Contraloría refiere que la gestión de Máximo Rimachi tampoco cuenta con un Plan de Gestión Reactiva debidamente formulado y aprobado, a pesar que es un instrumento que permite organizar las acciones de preparación, respuesta y rehabilitación frente a emergencias y desastres.
La Contraloría recuerda que el marco normativo del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) establece obligaciones para los gobiernos locales en la formulación y aprobación de planes específicos.
Por tanto, la ausencia de este instrumento no es un asunto menor ni un simple trámite administrativo: limita la capacidad de la municipalidad para organizar una respuesta ante una eventual emergencia.