Hace un año les prometieron un colegio nuevo, pero hoy los más pequeños estudian en un local comunal y otros alumnos deben trasladarse hasta Saylla. Los S/ 17 millones de inversión no se traducen todavía en aulas dignas, mientras los plazos
y compromisos siguen quedándose en el papel.
En Choquepata, Tipón, los niños siguen esperando que los adultos cumplan su palabra. Hace un año les prometieron un colegio nuevo, aulas seguras y espacios dignos para aprender, pero el tiempo pasó y los plazos vencieron. La obra que debía cambiar la vida de decenas de escolares continúa inconclusa, mientras los estudiantes pagan las consecuencias de los retrasos. Las promesas de dejar atrás las filtraciones y el deterioro siguen atrapadas entre documentos, cronogramas y compromisos incumplidos.
LENTITUD. El proyecto supera los S/ 17 millones y contempla un plazo de ejecución de 330 días calendario. Sin embargo, la entrega prevista para octubre de 2026 tampoco se concretó y las familias observan con preocupación el lento avance de los trabajos. El incumplimiento alcanza incluso a los módulos de contingencia: el 6 de julio de este año, representantes del Consorcio Nicolás, la APAFA y la junta directiva de padres firmaron un acta que fijaba el 27 de julio como fecha límite para entregar los ambientes temporales. Pese al compromiso escrito, los módulos no estuvieron listos a tiempo.
La empresa dejó constancia de que contaba con los materiales, equipos y recursos necesarios, mientras se acordó que una comisión verificaría el avance cada dos días calendario. Pero los compromisos no se tradujeron en resultados. ¿Qué ocurrió con las verificaciones y por qué no se entregaron los ambientes dentro del plazo establecido? Las familias no necesitan más actas que archivar, sino aulas seguras para sus hijos. Aunque los módulos siguen inconclusos, el cerco provisional de calaminas también presenta deficiencias que generan preocupación por la seguridad de los menores.
GRANDES AFECTADOS. Los niños de inicial, de tres, cuatro y cinco años, fueron trasladados a un local comunal ubicado en la parte alta de Choquepata, un espacio que no fue diseñado para funcionar como institución educativa. Allí enfrentan limitaciones de espacio, ruido y problemas relacionados con la basura y la seguridad. La situación de primaria y secundaria tampoco es mejor: sus estudiantes fueron trasladados a un colegio en Saylla, lo que implica desplazamientos diarios, preocupación por la cercanía de una vía interprovincial y mayores gastos para sus familias. Mientras se habla de inversión pública, los padres hacen esfuerzos para que sus hijos continúen estudiando.
TRASLADADOS. Durante varias semanas, algunos escolares tuvieron que recibir clases en una cancha deportiva, expuestos al sol, al frío y a las lluvias. Los materiales escolares debían retirarse cuando el espacio se utilizaba para otras actividades y volver a colocarse para continuar las clases. Aunque ya no permanecen completamente a la intemperie, las condiciones provisionales persisten y la comunidad educativa sigue sin una fecha confiable para recuperar sus instalaciones. La educación no puede depender de soluciones improvisadas ni de la paciencia ilimitada de los padres: cada día de retraso prolonga una situación que afecta el aprendizaje y la tranquilidad de decenas de familias.
INFORMACIÓN. El Gobierno Regional del Cusco rechazó las solicitudes de ampliación de plazo presentadas por la empresa ejecutora, al considerar que no estaban debidamente sustentadas y que los retrasos serían atribuibles al contratista. Sin embargo, corresponde preguntar qué medidas concretas se han adoptado para exigir el cumplimiento del contrato, supervisar los trabajos y garantizar la seguridad de los estudiantes. No basta con rechazar ampliaciones cuando los plazos ya vencieron: la población merece conocer el estado real de la obra, las medidas contractuales aplicadas y una fecha sustentada de culminación. Las responsabilidades que correspondan deben esclarecerse con documentación y sin adelantar conclusiones no acreditadas.
En Choquepata no se reclama una obra de lujo, sino un colegio digno para niños que llevan meses esperando recuperar sus espacios educativos. Detrás de los más de S/ 17 millones hay estudiantes que merecen aprender en condiciones adecuadas, padres que asumen gastos adicionales y docentes obligados a trabajar en ambientes improvisados. El Consorcio Nicolás tiene compromisos que explicar y cumplir, mientras el Gobierno Regional debe demostrar que su supervisión produce resultados concretos. Una obra inconclusa no es solamente cemento que falta: es tiempo de aprendizaje que no vuelve y una infancia obligada a adaptarse a problemas que no provocó. Los niños de Choquepata ya esperaron demasiado. ¿Cuánto más tendrán que esperar para tener, por fin, su colegio?