Procedimiento preventivo por 60 días busca determinar si la Municipalidad de Cusco fiscalizó las ferias y el comercio ambulatorio que ocupan vías y accesos del tradicional centro de abastos.
El tradicional mercado Central de San Pedro quedó bajo la lupa del Ministerio Público. La Primera Fiscalía de Prevención del Delito de Cusco abrió, mediante la Disposición Fiscal N.° 01-2026, un procedimiento preventivo por 60 días ante el riesgo que representaría la ocupación de calles, veredas y espacios próximos a sus accesos por ferias y comercio ambulatorio. La alerta no es menor: el propio documento fiscal plantea que estas condiciones podrían dificultar una evacuación o retrasar el ingreso de ambulancias, bomberos y vehículos policiales ante un sismo, incendio u otra emergencia.
La actuación fiscal se inició a partir de la solicitud presentada el 31 de agosto por Karin Vargas Cruz, secretaria general del mercado. En su pedido, la dirigente cuestionó la proliferación de actividades comerciales en el perímetro del centro de abastos y pidió determinar si las ferias cuentan con autorización municipal, informes técnicos, evaluación de riesgos, señalización, rutas de evacuación, zonas seguras y planes de contingencia. La Fiscalía decidió abrir procedimiento luego de considerar que existe una situación que podría generar riesgos para la vida e integridad de las personas.
El documento fiscal pone además un dato incómodo sobre la mesa: la Ordenanza Municipal N.° 023- 2015-MPC restringe, en su artículo 18, la venta ambulatoria y la circulación del comercio ambulatorio hasta una distancia de 100 metros del perímetro del mercado. También prohíbe la instalación de negocios provisionales en los pasillos o vías de circulación del interior y perímetro exterior sin autorización. Pese a ello, según la Fiscalía, la ocupación de estos espacios continuaría y no se habría acreditado que la Municipalidad haya adoptado las medidas correspondientes.
El punto más delicado aparece cuando el Ministerio Público habla de una posible “inacción” municipal. La disposición señala que el problema habría sido comunicado reiteradamente a la Municipalidad Provincial de Cusco y que se solicitaron acciones de fiscalización, control y restricción de las actividades comerciales. Sin embargo, según el análisis fiscal, no se advertiría la adopción de medidas suficientes ni la acreditación de evaluaciones técnicas de riesgo. Por ello, la Fiscalía considera pertinente verificar si podría configurarse el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, previsto en el artículo 377 del Código Penal.
Desde el mercado, la denuncia es todavía más directa. Karin Vargas sostiene que las comerciantes no se oponen a que otras personas trabajen, pero cuestiona que las mismas feriantes ocupen reiteradamente estos espacios. “Todos necesitamos trabajar”, reconoció la dirigente, antes de señalar que el problema debería ser atendido por la autoridad municipal habilitando otros espacios. Según Vargas, el reglamento contempla cuatro ferias costumbristas al año —Todos Santos, Corpus Christi, Semana Santa y Navidad—, pero no una ocupación comercial permanente del entorno.
La preocupación central, sin embargo, no es comercial sino de seguridad. Vargas asegura que los accesos del mercado pueden quedar prácticamente cercados por puestos instalados frente a las puertas y que durante un reciente movimiento sísmico los comerciantes tuvieron dificultades para evacuar. También relató que una turista brasileña que se desmayó tuvo que esperar porque los vehículos de emergencia no podían ingresar con facilidad. El mercado, según la dirigente, reúne a más de 1,600 trabajadoras y recibe alrededor de 2,000 turistas diarios, además de vecinos y comerciantes del entorno.
A ello se suma un factor que eleva el nivel de riesgo: la presencia de balones de gas en el sector de comidas. Vargas advirtió que los puestos funcionan en espacios reducidos y que los cilindros se encuentran prácticamente unos junto a otros. También afirmó que se habrían producido varios cortes del suministro eléctrico vinculados, según su versión, a las conexiones destinadas a las feriantes. Su comparación fue contundente: si ocurriera una emergencia de grandes proporciones, el mercado podría enfrentar una situación incluso peor que la registrada en otros conocidos puntos de concentración comercial. Estas afirmaciones corresponden a la dirigencia y deberán ser verificadas por las autoridades competentes.
La Fiscalía ya estableció tres primeras acciones: exigirá a la Municipalidad de Cusco que informe sobre las fiscalizaciones, controles y sanciones aplicadas al comercio ambulatorio y las ferias; convocará al subgerente de Comercio y Licencias a una reunión de coordinación; y realizará una constatación fiscal inopinada en los alrededores del mercado para verificar directamente la ocupación de calles, veredas y accesos. Es decir, esta vez no bastarán las reuniones ni los anuncios: el Ministerio Público irá al lugar para comprobar qué ocurre realmente.
El expediente deja, finalmente, una pregunta que ahora deberá responder la Municipalidad Provincial de Cusco: ¿quién garantiza una ruta de salida si mañana ocurre una emergencia en San Pedro? La discusión ya no gira únicamente alrededor de quién vende o quién tiene permiso para vender. Está en juego si las calles y accesos de uno de los principales centros de abastos de la ciudad permanecen realmente disponibles para evacuar a miles de personas. La Fiscalía ha puesto 60 días sobre el tablero; ahora corresponde determinar quién autorizó, quién fiscalizó y, sobre todo, quién asumirá la responsabilidad si el riesgo advertido termina convirtiéndose en una emergencia.