El candidato asegura que tiene más de s/7 millones en propiedades, que está pagando sus obligaciones y que el proceso del BBVA es “irregular”. pero el expediente judicial revela que una de sus propiedades ya fue tasada en casi s/800 mil y quedó encaminada a un eventual remate. un especialista advierte sobre riesgo crediticio y problemas de liquidez.
Millones en patrimonio, pero una deuda que terminó en los tribunales. Esa es la contradicción que rodea la situación financiera de Edy Cuéllar, candidato que asegura contar con propiedades valorizadas en más de siete millones de soles y capacidad para cumplir sus obligaciones, pero que enfrenta un proceso civil iniciado por el Banco BBVA Perú que ya llegó a una etapa delicada: la tasación judicial de uno de sus inmuebles y el pedido para continuar hacia un eventual remate. No se trata de un proceso penal ni existe, en este expediente, una imputación por delito. Es una controversia civil por una obligación de pago.
El caso se encuentra en el Quinto Juzgado Civil – Sede Central del Cusco, dentro del Expediente N.° 00880-2023-0-1001-JR-CI-05. El demandante es BBVA Perú y entre los demandados aparecen South America Investment S.A.C., representada por Edy Edward Cuéllar Margholt, y el propio Edy Cuéllar. De acuerdo con la Resolución N.° 09, del 29 de diciembre de 2023, el banco reclamó el pago de S/156,300, provenientes de un pagaré, además de intereses y otros conceptos. La parte demandada cuestionó el cobro mediante una contradicción, pero esta fue declarada improcedente y la demanda bancaria fue declarada fundada.
¿Y por qué aparece Cuéllar personalmente en una deuda de su empresa? El doctor Clemente Flores Carvajal, especialista en derecho empresarial y corporativo, revisó el expediente y explicó que la empresa figura como deudora principal, mientras que Cuéllar participa como fiador solidario, es decir, como garante de la obligación. “La empresa es la deudora”, explicó el especialista, mientras que Cuéllar “tiene calidad de fiador solidario”. En términos sencillos: si la empresa no cumple con la obligación garantizada, el fiador solidario puede responder frente al acreedor en los términos establecidos en el contrato y la legislación aplicable.
El proceso no quedó en una simple carta de cobranza. Tres años después de iniciado, el expediente avanzó hasta la ejecución forzada. Mediante Resolución N.° 28, del 30 de junio de 2026, el juzgado dejó constancia de la solicitud del abogado del BBVA para aprobar la pericia y continuar con la ejecución, con miras a una posterior convocatoria a remate judicial electrónico. El inmueble involucrado es un departamento ubicado en un edificio de la avenida Los Incas, en Wanchaq. La pericia determinó un valor de S/798,794.85, equivalente a US$228,227.20 según la propia resolución, valorización que fue aprobada judicialmente.
Aquí aparece una precisión fundamental: la casa no ha sido rematada. El expediente no acredita que Cuéllar haya perdido el inmueble. Lo que sí demuestra es que la propiedad fue tasada judicialmente y que el proceso quedó encaminado hacia un eventual remate si la obligación no es solucionada. El doctor Flores Carvajal fue directo al explicar esta etapa: “Si bien no está en remate, pero está ya a punto de ser convocado”, porque la tasación constituye un paso para encaminar el bien hacia esa eventual ejecución. También señaló que todavía existe una “ventana legal” para que el obligado pueda llegar a un acuerdo con el banco y evitar ese desenlace.
Frente a los documentos, Cuéllar tiene su propia versión. El candidato cuestiona la actuación judicial y califica el proceso como “irregular”. “Yo estoy haciendo respetar mis derechos”, sostuvo, y cuestionó que mientras otros tendrían varios años para pagar, a él se le haya emitido una resolución en un periodo que considera demasiado corto. El análisis del especialista recoge que la defensa de Cuéllar estaría relacionada con las condiciones de pago generadas durante la pandemia y con programas de apoyo a empresas. Sin embargo, los documentos revisados para este reportaje no permiten establecer por sí solos que el proceso judicial sea irregular, como sostiene el candidato.
La otra parte de la historia está en el patrimonio. Cuéllar asegura que sus propiedades superan los S/7 millones y que una deuda de aproximadamente S/150 mil resulta pequeña frente a sus activos. “Yo tengo propiedades por más de 7 millones de soles”, afirmó al referirse específicamente a la obligación con el BBVA. También rechazó que exista una posibilidad real de perder su vivienda y aseguró que la deuda será solucionada antes de llegar a ese extremo. “Yo voy a pagar antes”, sostuvo, insistiendo en que tiene cómo sostener sus créditos y que parte de sus propiedades son inversiones que generan ingresos mediante alquileres.
Pero tener patrimonio no necesariamente significa tener liquidez inmediata. Esa es precisamente una de las principales conclusiones planteadas por el doctor Flores Carvajal al analizar la información financiera que le fue mostrada. El especialista considera que la situación no debe calificarse automáticamente como “quiebra”. Su lectura apunta más bien a un posible problema de liquidez e insolvencia financiera, es decir, dificultades para disponer oportunamente de dinero efectivo para cumplir determinadas obligaciones, aun cuando existan bienes de considerable valor.
El reporte financiero actualizado al 20 de agosto de 2026, mostrado al especialista durante la investigación, incorpora además una evaluación de riesgo crediticio que Flores interpretó como desfavorable, incluyendo categorías como “Dudoso” y “Pérdida”. A partir de esa información, sostuvo que el candidato presentaría un nivel de riesgo elevado y que podría enfrentar dificultades para acceder a nuevo financiamiento. Sin embargo, esta valoración corresponde a la interpretación del especialista sobre el reporte revisado y no equivale, por sí sola, a una declaración de quiebra ni permite afirmar que todas las entidades financieras rechazarían necesariamente una futura solicitud de créditoY allí está el punto que vuelve políticamente relevante el caso. Cuéllar sostiene que tiene millones en patrimonio; el expediente demuestra que una obligación con el BBVA llegó a una ejecución judicial y que un inmueble cercano a S/800 mil ya fue tasado; el especialista advierte que patrimonio y liquidez son conceptos distintos. El candidato insiste en que está pagando, que la deuda viene arrastrándose desde la pandemia y que solucionará el problema. El expediente, mientras tanto, sigue su curso y contempla la posibilidad de un remate si la obligación no es atendida.
No corresponde hablar de “quiebra” porque los documentos revisados no acreditan esa situación. Tampoco corresponde afirmar que Cuéllar ya perdió su vivienda: no existe remate ejecutado. Lo que sí existe es una obligación civil reclamada judicialmente, una resolución que declaró fundada la demanda del banco, una propiedad tasada judicialmente en S/798,794.85 y un procedimiento encaminado hacia un eventual remate. Para un candidato que sostiene públicamente que posee un patrimonio millonario y capacidad financiera suficiente, la pregunta queda inevitablemente planteada: ¿cómo se explica que una deuda que él mismo califica como relativamente pequeña haya llegado hasta la tasación judicial de una propiedad? La respuesta definitiva tendrá que salir de los documentos, del proceso judicial y de la propia capacidad de Cuéllar para demostrar que puede convertir su patrimonio en liquidez y resolver la obligación antes de que el martillo judicial termine hablando por él.