Resolución declaró improcedente el reclamo del burgomaestre y ahora deberá devolver los S/ 5 millones que le embargaron a la EPS SEDACUSO.
La gestión del impredecible alcalde de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, Máximo Rimachi Morales, ha vuelto a recibir un baño de realidad, cortesía de la ley y las evidencias. En un desenlace tan obvio que solo los genios de la gestión municipal no vieron venir, el Tribunal Fiscal le cerró la puerta en la cara a su desesperada “solicitud de aclaración”. Traducido al cristiano: perdió, y ahora tendrá que ver de dónde saca los más de 5 millones de soles que le quitó por la fuerza a la EPS SEDACUSCO en 2024.
A pesar de que el Tribunal Fiscal es la última e inapelable instancia, el burgomaestre y su séquito de incondicionales no dudaron en dar los clásicos manotazos de ahogado. Lamentablemente para ellos, no había salvavidas político que los rescatara y terminaron inundados en sus propias mentiras.
UNA “CRIOLLADA” DE 5 MILLONES QUE TERMINÓ MAL
Los vocales Muñoz García, Meléndez Kohatsu y el ponente Mejía Ninacondor no tuvieron piedad con la creatividad tributaria de la gestión jeronimiana y resolvieron: “Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración presentada y AMPLIAR DE OFICIO la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 03384-7-2026…”.
Con esto, el Tribunal pone fin a la maravillosa “criollada” de Rimachi y sus funcionarios, quienes tuvieron la brillante idea de cobrar arbitrios por terrenos que ni siquiera le pertenecen a SEDACUSCO, sino al Estado (Municipalidad Provincial del Cusco), usando el siempre “amigable método” del embargo de cuentas.
Ahora que las leguleyadas se terminaron, la gran pregunta que flota en el aire es: ¿En qué se gastaron Rimachi y sus muchachos el dinero ajeno?, Porque devolver esa cantidad no será tan fácil como tomarse un par de cervecitas en un vehículo municipal.
EXPLICACIÓN “CON MANZANITAS”
Para refrescar la memoria colectiva, San Jerónimo ejecutó un cobro coactivo a SEDACUSCO por la friolera suma de S/ 5,170,259. La excusa para este abuso legal fue un supuesto impuesto predial acumulado entre 1998 y 2020 por la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, dos estaciones de bombeo y el reservorio de Larapa. Sin embargo, a Rimachi y a sus “asesores estrella” se les pasó un detalle técnico insignificante: esos terrenos no son de la EPS.
Tras un largo litigio, el pasado 10 de abril el Tribunal Fiscal puso las cosas en su sitio y anuló el cobro. Pero el alcalde —famoso no solo por sus vacilaciones éticas, sino por haber sido encontrado plácidamente ebrio dentro de un vehículo oficial— advirtió con tono desafiante que exigiría una “aclaración”. El resultado de su “audaz” estrategia legal llegó este 20 de mayo: un portazo absoluto.
El Tribunal lo manda a estudiar
Para colmo de males, los magistrados le dieron una lección de derecho básico en la resolución, recordándole a la gestión distrital que el Tribunal Fiscal no está para hacer tutorías personalizadas: “…la solicitud de aclaración (…) no ha sido establecida para absolver preguntas, dudas o consultas generales de los contribuyentes y administraciones tributarias…”.
En pocas palabras, el Tribunal le dijo a Rimachi que el fallo original era tan claro que hasta un niño lo entendería, y que dejen de perder el tiempo buscando vacíos donde no los hay.
Se le acabó la estrategia de la confusión al alcalde. Ahora solo queda esperar si la devolución de los 5 millones la harán en efectivo, en cuotas, o si apelarán al clásico “perro muerto” para que la próxima gestión edil se haga cargo de su viveza.
Pero además de esta vergonzosa “escueleada” a Rimachi, el Tribunal Fiscal también lo desenmascaró, pues en parte de la resolución señaló con total claridad que, el alcalde no buscaba una aclaración, sino más bien, una resolución contraria. En síntesis: la leguleyada de Rimachi y sus incondicionales quedó al descubierto.
“… en estricto, lo que pretende es que se modifiquen las consideraciones y fallo de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 03384-7-2026 al no encontrarse de acuerdo con lo resuelto, y en tal sentido, que se emita un nuevo pronunciamiento, sin tener en cuenta que no procede en esta vía que el Tribunal Fiscal cambie el criterio adoptado ni modifique el fallo, pues la solicitud de aclaración de resoluciones del Tribunal Fiscal está reservada para la aclaración de conceptos dudosos, lo que en este caso no ocurre, por lo que corresponde declarar improcedente la solicitud de aclaración presentada”, indica el documento que deja a Rimachi sin argumentos.