Gobernador cambió de manera intempestiva a 5 gerentes que habrían ocupado el cargo sin cumplir con los requisitos de ley
Esta semana, ha pasado desapercibo que 5 funcionarios del gobierno regional de Cusco fueron retirados, a un mes de haber sido designados por la gestión que encabeza Werner Salcedo Álvarez. Esta determinación, es muy parecida a la que asumieron en el gobierno regional de Apurímac una semana atrás, donde una decena de gerentes y directores fueron cambiados. En otras gestiones regionales y municipales, también ha habido cambios abruptos.
Los funcionarios que no duraron ni un mes en Cusco son: Armando Yucra Soto, quien ocupaba el cargo de gerente general; Zenoviv Ordoñez Rodríguez, quien era Gerente de Gestión de Inversiones de Infraestructura; Bebao Rossano Gómez Nóblega, era subgerente de Gestión de Recursos Humanos; José Aragón Romero, estaba como gerente de Recursos naturales y Gestión Ambiental y Octavio Huanca Cayllahua, quien era gerente de Agricultura.
Todas estas movidas desesperadas en la gestión regional tienen un motivo: Varios de estos funcionarios cesados habrían incumplido con los requisitos exigidos por ley. Hasta el 28 de enero de este año, esta irregularidad tenia alcances administrativos, pero desde esa fecha es un delito penado con prisión para quienes designen a los funcionarios y para quien acepte el puesto. “El funcionario público que nombra, designa, contrata o encarga a persona en quien no concurren los requisitos legales para un cargo público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años y con sesenta a ciento veinte días-multa. El que acepta el cargo sin contar con los requisitos legales será reprimido con las mismas penas”, señala la Ley Nº 31676 promulgada por Dina Boluarte el 27 de enero del 2023.
Según algunos abogados especialistas, Werner Salcedo debió cambiar a los funcionarios que incumplían con los requisitos exigidos por ley, antes del 28 de enero, pues al día siguiente ya se configuraba el delito. Sin embargo, las resoluciones ejecutivas dando por concluidas las designaciones regionales, fueron firmadas por el 3 de febrero. Durante una semana, los gerentes habrían ocupado los cargos de manera delictiva. Cabe señalar que es el propio gobernador Werner Salcedo quien firma las resoluciones designando a los gerentes.
LEY EXIGENTE
A raíz de las tropelías cometidas durante el gobierno de Pedro Castillo, cuando se designaron funcionarios que no contaban con la experiencia mínima para desempeñarse en algunos cargos, el 21 de enero del 2022, el congreso de la república aprobó la Ley Nº 31419, donde se especifica los requisitos mínimos con que deben contar los funcionarios en los ministerios, gobiernos regionales y municipios.
“Gerente general regional, gerentes regionales o directores regionales de gobierno regional: Contar con formación superior completa, con cinco años de experiencia general y tres años de experiencia específica en puestos o cargos de directivo o de nivel jerárquico similar en el sector público o privado, pudiendo ser estos parte de los cinco años de experiencia general”, señala la ley como requisitos para los gerentes regionales.
Para el consejero regional Miguel Olivera, ya había una advertencia que no fue escuchada por el gobernador y que ahora, puede generar denuncias y otras sanciones para quienes resulten responsables. Además, señala que se está perdiendo tiempo, pues los nuevos funcionarios tendrán que volver a informarse del estado en que se encuentra la administración regional. “Lo que se aprecia claramente es que estamos perdiendo tiempo con este tipo de idas y vueltas. Nosotros lo advertimos cuando se presentó el gerente general, pues había un problema con el perfil de los funcionarios.
Algunos gerentes no cumplían con lo que prevé la ley. En su momento, el ex gerente general señaló que no había participado en la designación de los otros gerentes, seguro para salvar su responsabilidad de posibles procesos penales”, dijo sobre el cambio de gerentes y señaló que la Contraloría General de la República podría intervenir.
Por su parte, el consejero oficialista Macedo Rueda, señala que: “El gobernador está reforzando su equipo de trabajo porque hay una perspectiva de los 100 primeros días y debemos cumplir con nuestras propuestas. (Sobre el incumplimiento de los requisitos) para eso está la oficina de personal y debieron dar la opinión respectiva. Todavía no tenemos una información que (los gerentes) hayan incumplido con los requisitos. Apenas tengamos alguna información de alguna denuncia o de Contraloría, tomaremos las medidas respectivas”, indicó.
El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cusco, Wilver Caballero Condori, advierte que el código penal peruano sanciona a quien nombra ilegalmente a una persona en un cargo público, sin que cumpla con los requisitos establecidos por ley, pero también la pena es aplicada para quienes aceptan el cargo. “La contraloría hace regularmente operativos para verificar que los funcionarios cumplan con los requisitos para ocupar el cargo. Además, la acción penal es pública, cualquier persona puede plantear una denuncia. No hay un límite. En este tipo de casos podría haber un proceso inmediato, o un proceso de acusación directa donde los plazos son breves con una investigación preparatoria. Aquí hay elementos claros que serían el MOF o el Manuela de Perfil de Puestos y verificar si el funcionario cumplía o no los requisitos al momento de su designación”, indica el decano.
ANTECEDENTE
El pasado 7 de febrero, se registró la primera denuncia en contra de la alcaldesa provincial de Chiclayo, Janet Cubas Carranza, por haber designado a funcionarios que no cumplían con los requisitos que exige la ley. La acusación fue ante la Contraloría General de la República y se realizó mediante la página web.
El diario La Industria de esa localidad, constató que la denuncia fue realizada de manera anónima, pero adjuntaron una serie de archivos como resoluciones y las hojas de vida de los funcionarios municipales cuestionados por incumplir, aparentemente, con los requisitos que exige la ley para ser designados y aceptar el cargo de confianza que les encargaron.