Por la venta de entradas a cargo de la empresa Joinnus.
El conflicto en torno a la adjudicación directa de la empresa Joinnus para la venta de boletos en Machupicchu ha desencadenado una crisis social que se venía gestando en las últimas semanas. La renuncia de la directora de la Dirección Desconcentrada del Cusco (DDC), Rosa Candia, alegando un presunto caso de centralismo limeño en la decisión de otorgar la adjudicación, desconocido por la entidad hasta el momento de la decisión, agudizó el problema. La tensión llegó a su punto álgido esta última semana con la realización de movilizaciones, marchas ye incluso amenazas de bloqueo al ingreso a la ciudadela.
Estos últimos días funcionarios del Ministerio de Cultura y de Joinnus fueron expulsados cuando intentaron descargar una base de datos en uno de los locales de la entidad de la DDC Cusco, provocando la indignación de la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, quien anunció la reorganización de la entidad ante posibles actos de corrupción. Esta reorganización fue rechazada por los trabajadores de la DDC, quienes amenazaron con cerrar Machupicchu indefinidamente, generando un enfrentamiento con otros sectores críticos que argumentan que las protestas solo buscan mantener beneficios personales bajo el actual sistema de reservas.
“No existe ningún tipo de privatización o tercerización ni de la plataforma de venta de boletos a Machupicchu y mucho menos de nuestro patrimonio cultural como algunos sectores están haciendo ver. (…) Han ocurrido malos manejos en las gestiones anteriores y lo que está buscando es que el Perú vuelva a tener competitividad en el turismo, porque es el único páis de la región que tiene cifras negativas”, dijo Carlos Gonzales, presidente de la Cámara de Comercio de Ollantaytambo.
La población se divide entre quienes rechazan la presencia de Joinnus y aquellos que creen que lo mejor es la intervención privada para mejorar la calidad del servicio turístico y revertir los bajos números en el sector turismo.
Esta dicotomía ha polarizado la opinión pública y ha desencadenado un conflicto social de proporciones significativas. En este contexto, es imperativo buscar soluciones que reconcilien los intereses de las partes involucradas, garantizando la transparencia en los procesos de adjudicación y preservando la sostenibilidad del turismo en Machupicchu. La mediación y el diálogo se presentan como herramientas cruciales para encontrar una salida consensuada que permita proteger el patrimonio cultural y promover un desarrollo turístico equitativo. En las últimas horas las organizaciones sociales del Cusco declararon como persona no grata en la región a la ministra Leslie Urteaga, en tanto, desde otros sectores como la FDTC-CGTP se anuncia que se analiza un posible paro.
