Por David Ugarte Vega Centeno
-A PROPÓSITO DE LAS MODIFICACIONES DE LA LEY GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DEL LLAMADO “AFORO DINÁMICO” A LA LLAQTA DE MACHUPICCHU-
La crisis en el Sector Cultura evidentemente sigue un curso altamente preocupante, de desapego total a las funciones y roles rectores para la conservación del patrimonio cultural de la Nación que determinará muy pronto graves consecuencias y atentados contra su integridad y preservación para las futuras generaciones.
En las últimas semanas hemos apreciado la publicación de sendos pronunciamientos de diversas instituciones, gremios y colegios profesionales, universidades, ex ministros de Cultura y ex viceministros de Patrimonio Cultural, como también ex directores del Instituto Nacional de Cultura -antecedente del Ministerio de Cultura-, grupos organizados de la sociedad civil y ciudadanos, manifestando total rechazo a la Ley 31770, promulgada por este gobierno en junio del año en curso, la misma que de manera sorpresiva, abruptamente y entre sombras, modificó sustancialmente la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Ley 28296.
Nos preguntamos, ¿a qué intereses obedecen estos cambios?, ¿cuáles son los motivos detrás? porque desde luego a los intereses legítimos de la protección del patrimonio cultural le son absoluta y totalmente adversos. El impacto negativo que tendrá su aplicación concluirá en la pérdida de bienes del patrimonio cultural vía lotización posiblemente, por eso la exigencia de que sea derogada y se suspenda la tramitación de aprobación de las modificatorias al reglamento de la ley que viene promoviendo juiciosa y aceleradamente el Ministerio de Cultura.
Lo extraño y sospechoso en todo este proceso de cambios en la Ley General del Patrimonio Cultural, es que no se siguieron los mecanismos de consulta que hubiesen permitido contar con aportes de especialistas, a partir de un diagnóstico real, sincero y objetivo respecto a los temas y procesos que se han modificado.
Consideramos muy grave, sobre todo, que se hayan incumplido principios básicos que aseguren una amplia convocatoria, un diálogo abierto, el análisis suficiente de los cambios que inexplicablemente se han operado. La introducción en la disposición normativa modificada de la lotización de los bienes del patrimonio cultural es verdaderamente una barbaridad, sino acaso un desliz de la autoridad máxima de Cultura que no tiene una justificación lógica elemental, tratándose de bienes del patrimonio cultural que están protegidos en su integridad y esencia desde hace 200 años, desde que se instaló la República en el Perú.
Es imposible no indignarse ante tamaña irresponsabilidad, ante la carencia de ética, ante la falta de respeto por los valores y principios que rigen la función pública y, particularmente, por la incapacidad manifiesta e incorrecta gestión del Ministerio de Cultura que ha permitido se consolide, en una ley, el mayor atentado registrado en la historia contra la conservación y preservación de los bienes que integran el patrimonio cultural de la Nación.
En este escenario estamos hoy, con el mandato de una ley, permitida y avalada por la autoridad tutelar responsable de conservar el patrimonio cultural de los peruanos, que establece la posibilidad de lotizar un bien integrante del patrimonio cultural de la Nación. Nos preguntamos, ¿por dónde se empezará? ¿Será tal vez Machupicchu o Saqsayhuaman o quizás las extensas huacas y sitios arqueológicos del norte de nuestro país?
Esta descabellada regulación, nos referimos a la Ley 31770, que ahora mismo está vigente, es verdaderamente de extremo riesgo para la conservación de nuestro legado cultural. Luego de publicada esa ley, en junio de este año, desde el interior del propio ente rector de nuestro patrimonio cultural, se pretendió en dos oportunidades un atentado mortal contra los bienes culturales que lo integran, intentando entre sombras una modificación inconstitucional del reglamento de la Ley 28296 – Ley General del Patrimonio Cultural; que, entre otros muchos despropósitos incluye, y solo para hacer referencia a dos: i) la derogación del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA, facilitando el huaqueo y la desaparición de sitios arqueológicos, sobre todo de aquellos que aún no están descubiertos pero que están protegidos por la Constitución Política del Estado; ii) la autorización automática de intervenciones en bienes culturales inmuebles no prehispánicos sin proceso de evaluación del proyecto, además de establecer como nueva causal para el retiro de la condición cultural de un bien inmueble no prehispánico su estado de conservación, lo que importa un atentado evidente a la integridad y conservación de los Centros Históricos.
Esto es lo que ha ocurrido hasta ahora en muy pocos meses, tenemos un genuflexo Ministerio de Cultura, servil a obscuros intereses particulares, que pretendió reformas muy agresivas, mismas que motivaron la inmediata reacción de contundente rechazo en todo el país, deplorando y advirtiendo sobre las pretensiones inconstitucionales y exigiendo la derogatoria de la Ley 31770, reclamo que va quedando en el vacío del olvido y en la negligencia e incapacidad de las autoridades del Sector Cultura, que hasta ahora nada han hecho para corregir tamaños y graves errores.
Para agravar aun más la crisis del Sector Cultura, considero necesario hacer referencia -desde la serenidad posible- a la sesión del Comité Directivo de la Unidad de Gestión de Machupicchu – UGM, realizada en Lima hace dos días, en donde se “acordó” el incremento del aforo a la Llaqta de Machupicchu, a través de un curioso y novedoso término “aforo dinámico”.
En principio, el incremento del aforo a Machupicchu, no se decide por acuerdo o voto de representantes de entidades no competentes; la decisión le corresponde a la autoridad competente que es el Ministerio de Cultura y debe ser en base a un sustento técnico firme y justificado. Es más, quien anuncia el incremento del aforo, a través de redes sociales, casi inmediatamente de concluida la reunión de UGM, como un logro personal, soslayando la información veraz y completa, es el representante de una entidad que si bien es pública, no tiene competencia ni atribución en las decisiones formales que se deben adoptar respecto a la capacidad de carga permitida en la Llaqta de Machupicchu, y para reafirmar nuestra opinión nos remitimos a las disposiciones de la Ley de creación del Ministerio de Cultura, a la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, donde están claramente establecidas las competencias y atribuciones de las entidades públicas a las que nos referimos.
El Ministerio de Cultura, una vez más, guarda silencio, no precisa ninguna aclaración, asume una posición de debilidad y notoria falta de autoridad, insiste en permitir injerencias en su Sector, aceptando “acuerdos” que atentan contra la conservación de Machupicchu, obedeciendo a intereses subalternos, alejados de las funciones competenciales que la ley le ha encargado, incumpliendo los compromisos que el Estado mantiene frente a organismos internacionales vigilantes de la conservación de los Sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial. Es harto conocido cómo operan los intereses vinculados a las distintas actividades productivas no culturales, en donde desde luego no prevalece precisamente la conservación de los bienes del patrimonio cultural.
El patrimonio cultural de la Nación pertenece a toda la comunidad nacional y los sitios peruanos que ya están inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, como es Machupicchu, les pertenecen no solo a nosotros los peruanos sino a la humanidad, desde este principio de valor todos los ciudadanos tenemos derecho a exigir compromiso y dedicación de las autoridades encargadas de su conservación para que cumplan cabalmente sus funciones; además, tenemos derecho a reclamar respeto por el elevado significado que nuestro patrimonio cultural tiene para mantener nuestra identidad y garantizar nuestra trascendencia.
No es posible mantener por más tiempo conductas abiertamente desafiantes, irreverentes, irrespetuosas y agresivas, que atentan contra la integridad de los bienes del patrimonio cultural; es momento de acelerar los procesos que correspondan llevarse para detener la deficiente y caótica gestión del Ministerio de Cultura, así como los reincidentes desatinos y contradicciones de la gestión actual, y exigir que la conducción del Sector, esté a la altura de un amplio conocimiento de su problemática, respetando el significado, relevancia, valores y propósitos del patrimonio cultural como signo de identidad cultural del Perú y su trascendencia a las generaciones futuras.
Una vez más, el llamado está hecho, unámonos para detener todo acto o propósito, venga de donde venga, para desproteger y disminuir el legado cultural de los peruanos.
