Desalojo sería cuestión de tiempo según Ministerio Público
Si bien no se tiene hora y menos la fecha, el desalojo de los más de 2 mil comerciantes de la feria del Sábado Baratillo en el distrito de Santiago solo sería cuestión de tiempo, debido a que en cualquier momento la policía actuaría en ese propósito. Fue el propio fiscal de prevención del delito, Eduardo Poblete, quien incluso señalo que se les ha notificado a los comerciantes para que abandonen el lugar. “Ya se les ha notificado que tienen que retirarse (del lugar) por un tema de seguridad”, declaro. El fiscal adelantó que, si bien no puede señalar la fecha por estrategia, sin embargo adelantó que la policía ya sabe de la parte operativa que debe cumplir con el desalojo con apoyo del personal de la municipalidad provincial del Cusco y la comuna distrital de Santiago. De otro lado, el representante del Ministerio Público manifestó que no se puede hablar de ninguna posibilidad de reubicación del “Sábado Baratillo” o la “Cachina” como también se le conoce, debido a que no corresponde esa labor, pues los comerciantes desde hace varios años ocupan áreas públicas y no privadas, con lo que prácticamente no habría lugar cualquier posibilidad de negociación o de diálogo. Es más, el fiscal adelantó que si se ha destinado dinero para ese fin desde la municipalidad de Santiago se estaría cometiendo el delito de malversación de fondos puesto que los presupuestos públicos no pueden ser utilizados para servicios ajenos. Como se sabe, durante la gestión del ex alcalde Franklin Sotomayor se dispuso un presupuesto para reubicar a los comerciantes aunque sin resultado alguno, lo que ya sería una malversación de fondos al destinar recursos públicos para propósitos ajenos, sin embargo de la presente gestión de Fermín García se desconoce alguna labor en ese aspecto. “El tema de la reubicación (se puede dar) cuando ocupas un bien privado, pero (si la ocupación) es un área pública no se puede hablar de reubicación. El Estado no puede invertir en favorecer a particulares”, precisó claramente el fiscal, quien además recordó que hay una ordenanza municipal del distrito de Santiago que rechaza el comercio ambulatorio.
¿MAFÍAS?
Sin embargo algo más preocupante que dejó entrever el representante del Ministerio Público es la presencia de supuestas mafias que cobrarían entre 10 a 15 soles por el re empadronamiento y otros cobros semanales a los más de 2 mil comerciantes. Refirió que estos cobros son ilegales de un área que no les pertenece y reitera que las calles son para transitar y son un bien público que en ningún momento deberían ser afectados por terceros, quien además dejó entrever que desde la municipalidad se cobraría. Poblete también refirió que este espacio se ha convertido en un lugar para la venta de objetos robados, de contrabando y de segundo uso, entre otros.
